La mediación de Gilberto Leandro fue decisiva semanas atrás en el desalojo de las tres familias del Camino La Ermita, marcado por el entente cordial con los propios afectados.
Gilberto Leandro Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1955) es hijo de emigrantes. Con dos años se trasladó con sus padres hasta Venezuela para regresar con quince a su domicilio familiar en el barrio de Duggi, para más tarde cursar estudios de Derecho y prepararse oposiciones para entrar en la Función Pública, obteniendo su primer destino en la Dirección General de Vivienda en 2003.
La capital tinerfeña había afrontado el año anterior la riada del 31 de marzo y desde la Consejería se había puesto en marcha la oficina de coordinación de los damnificados, por lo que al año siguiente se puso en marcha un servicio dedicado a la Vivienda Joven para impulsar las políticas en esta material, donde estuvo un año. A partir de ahí, Gilberto Leandro prepara nuevas oposiciones que le permiten afrontar su segundo destino como funcionario en el Ayuntamiento de Adeje, donde estuvo desde 2004 a 2011, en calidad de técnico de Presidencia con tareas en Recursos Humanos, Policía Local y Servicios Sociales.
Aunque durante su etapa con José Miguel Rodríguez Fraga recibió la oferta del IMAS de Santa Cruz para trasladarse a la capital –lo que le habría ahorrado buena parte de los kilómetros que recorrió a diario– declinó la propuesta porque se había comprometido en Adeje con la finalización del plan de modernización del área de Policía Local. En enero de 2012 retoma la invitación del IMAS y asume la gerencia de los servicios sociales con el orgullo de que asumió un instituto que gestionaba cinco mil expedientes al año con un presupuesto de 1,5 millones de euros, para cerrar su etapa a final de 2020 con 60.000 expedientes y 8,5 millones gestionados; entre 2015 y 2017 hizo un paréntesis en la gestión municipal para trabajar con Soledad Monzón en la Consejería de Educación.
Estuvo dos años en la Secretaría General Técnica de Empleo y Políticas Sociales, en la etapa de Patricia Hernández, para en julio pasado, tras dejar la gerencia del IMAS, asumir la dirección general de Seguridad. «No es bueno que los directivos públicos profesionales se cronifiquen», de ahí que defienda que tras 8 años asuman otros retos; como predica con el ejemplo, ahora en la Policía de Santa Cruz.
