Vecinos de la barriada La Candelaria creen que los someten a una expropiación forzosa

Los casos son de Sylvia Calderón y Maca Pineda. Ambas compraron sus viviendas en el mismo bloque de la barriada; la primera hace veinte años y la segunda, hace doce. Sylvia incluso asegura que la adquirió al segundo titular del piso, por lo que asegura que "el piso está libre de cargas" y no tiene consideración de vivienda social.

Desde entonces y hasta la fecha, las dos propietarias de sus respectivas viviendas aseguran que pagan sus respectivas hipotecas y advierten de que el ayuntamiento les quiere dar otro inmueble, en las torres nuevas que se han construido para el realojo que se ha anunciado ahora para el primer trimestre del próximo año. "De esta forma, tendríamos que pagar la hipoteca más la aportación vecinal que tendrá que abonar cada propietario para recibir los nuevos pisos", un desembolso que podría oscilar entre 14.000 y 16.000 euros, si bien falta adaptarlo a cada caso.

Sylvia Calderón asegura que "el ayuntamiento no ha explicado a los vecinos que se trata de una expropiación forzosa; tienen a la gente engañada y entusiasmada con que le van a dar una casita nueva, con materiales nuevos... Pero yo no he pedido una casa nueva y en 20 años me he encargado de mantenerla en buen estado", explica. En la operación de remodelación, esta vecina asegura que "va a dejar de tener su piso para tener una vivienda municipal", a la vez que advierte que su casa sirve de garantía hipotecaria en la operación financiera que tiene contraída, por lo que desconoce qué pasaría si deja de pagar la casa al banco cuando la demuela el ayuntamiento. "Creo que las entidades financieras no saben nada de esto".

Esta vecina asegura que en su bloque "ni tenemos okupas ni problemas de seguridad o estructurales", aunque la mayoría de los residentes en La Candelaria aseguran que sus casas se están cayendo. Otra consecuencia de la rehabilitación bajo la figura de expropiación forzosa es que "se establecerá un justiprecio a juicio de la administración". Sylvia rechaza que el ayuntamiento "maneje el dinero de cada uno".

Y saca a relucir cuando en 2008, en la época de la entonces concejala de Viviendas Municipales Ángel Mena, se encargó un proyecto que luego se desestimó porque, según las explicaciones que cuenta que se dieron en ese momento, no cumplía las ordenanzas municipales. "¿De dónde se sacó el dinero para ese proyecto que luego se desestimó?". También se pregunta por otra aportación que vino de Europa, recuerda, o los problemas que tuvo que sortear el ayuntamiento hasta que consiguió una constructora que aceptó ejecutar la edificación según el pliego de la convocatoria.

Para Sylvia Calderón, "esta operación de entregar nuevos pisos vulnera los derechos que me asisten como propiedad", además de advertir que obligará a muchos vecinos de la vieja barriada a hacer un desembolso de unos 15.000 euros que, en los tiempo que corre, igual no tienen. "Es inasumible esta operación, máxime cuando yo no pedí un piso nuevo".

Cuando se le pregunta si ella ha aceptado el realojo, asegura que no ha asistido a la mayoría de las reuniones y que, hace dos años, se quedó en el paro y, después de acudir a varios abogados, se vio asfixiada económicamente y firmó la aceptación del realojo con el asesoramiento de un letrado. Reitera que no entiende cómo va a tener que pagar por su vivienda actual y la aportación de la nueva y qué ocurrirá si se demuele y desaparece como garantía para el banco que se la financió.

Su vecina Maca Pineda asegura que ella no ha firmado nunca la aceptación del cambio de vivienda desde que adquirió el piso hace doce años. "En aquella época vivía de alquiler en la zona y me enteré que vendía el piso que luego adquirió porque me gustaba la zona", añade. Admite que incluso antes de que comprara ya sabía que "aquellas viviendas algún día las iban a tirar", pero sostiene que como la compró a un propietario, no es una casa social y está libre de cargas. Tanto Sylvia como Maca cuestionan la superficie de las viviendas. "La nevera no me cabe en la cocina, me dicen que la ponga en la despensa", asegura Maca, que incide en que "los bancos no saben nada de esto" y lamenta que "los abogados a los que hemos acudido no han resuelto nada". La otra opción, en caso de no aceptar la vivienda, sería que el ayuntamiento le entregue el dinero en el que valora el piso. "Nadie me puede obligar al realojo", insiste.