El discurso de Torres

Todos los ministros psocialistas del Gobierno de Pedro Sánchez llevan semanas de gira, emulando a Paco Calavera, Leo Harlem o el Comandante Lara. Pero no son bolos independientes. Todos cuentan los mismos chistes, escritos por los mil y un asesores con despacho en La Moncloa. Antes de morir prematuramente Miguel Barroso revisaba los chistes y a veces los reescribía; ahora, sin el maestro, todo es un poco más gris, menos creativo. Pero esa grisura conviene a la mayoría de los ministros y ministras. Más vale ser plúmbeo y normalito que brillar como un mingitorio como Óscar Puente. Por supuesto nuestro ministro –así lo llamamos los lectores canarios de Horacio Quiroga– también participa en estos festejos. Por dos razones: porque Ángel Víctor Torres es titular de Política Territorial y porque fue presidente del Gobierno autónomo mientras, según las investigaciones judiciales en curso, existen indicios de irregularidades. Canarias es junto a Baleares donde se concentra la peste de una mala gestión en contratar a empresas para la adquisición de material sanitario AC y DC (antes y después de Koldo). Solo en el caso Mascarillas, como se le llamó originariamente, la Fiscalía Europea investiga una presunta malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en la adjudicación por el Servicio Canario de Salud de 24 contratos para el suministro y transportes del material sanitario. La intervención de la Fiscalía Europea se explica porque la gran mayoría de los casi 32 millones de euros gastados con este propósito por el Gobierno autónomo hasta finales de 2020 eran fondos transferidos por la UE.

Torres ha aparecido, entre otros medios, en la televisión autonómica, para explicar por enésima vez la complejísima y peligrosa situación que se vivió durante los primeros meses de pandemia por la multiplicación incesante de contagios, unos hospitales al borde del colapso técnico-asistencial y la aguda carencia de material sanitario (mascarillas y trajes de protección para médicos y enfermeros, pero también respiradores). Esa es la estricta verdad de unos meses aterradores. Creo que Torres hace bien en no proclamar su inocencia, porque nadie ha cuestionado su honradez. Personalmente estoy convencido de que el expresidente actuó como mejor supo desde un escrupuloso respeto personal a la legalidad vigente. Aparte de una iniquidad, es una estupidez acusar directa o indirectamente a Torres de montar una operación de latrocinio en esas circunstancias. Por lo demás la carrera política de Ángel Víctor Torres –un cuarto de siglo ya en la brega institucional– está libre de escándalos y sospechas.

Y, en embargo, el actual ministro de Política Territorial se empecina, en sus intervenciones públicas, en ignorar dos circunstancias fundamentales para comprender lo ocurrido y establecer ordenadamente la participación de todos los actores. Primero está su asombrosa insistencia en que «todo se hizo bien». Para decir lo mismo y no parecer tan chocante, ahora Torres y sus compañeros se han inventado eso de que «Canarias gestionó bien la pandemia», como si Canarias y el Gobierno fueran lo mismo. Es una suerte de sinécdoque en el que la acción del Ejecutivo en esos días cruciales se disuelve en la hermosa abstracción Canarias; además, se le hace un poco la pelota así a la sociedad civil. No, las cosas no se hicieron bien, aunque es justo decir que era muy difícil hacerlas irreprochablemente. Y la mayor evidencia de que no se hicieron bien está en las investigaciones abiertas por la administración de justicia española y la justicia europea sobre los contratos adjudicados en condiciones en las que abundan muy evidentes indicios de irregularidades. Y en segundo lugar: si las cosas se hicieron mal, y algunos se llenaron los bolsillos de dinero, fue porque nadie se responsabilizó por controlar a los que gestionaban los contratos. Fue al contrario: el que, según los informes policiales, intervino como interlocutor de los golfos apandadores, se le nombró (de nuevo) director del Servicio Canario de Salud. Lo que hace Torres es obviar cualquier responsabilidad política. Es comprensible. Pero inadmisible.

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