Democracia y coronavirus

Como ya es público y notorio, durante la fase más aguda de la pandemia de coronavirus, en la primavera, verano y otoño del 2020, funcionaron nada menos que tres (3) comités dependientes del Gobierno de Canarias que, por lo que parece, asesoraban al presidente y su gabinete en todas las materias técnico-sanitarias que pudieran ser necesarias. Quizás ese anonimato fuera una medida prudente mientras se desataban los contagios y los hospitales bordeaban el colapso. Pero cuatro años después seguimos sin saber nada. Ni cómo funcionaban esos comités, ni quiénes los constituyeron, ni bajo qué principios organizativos operaban, ni quién designó a sus miembros. Asombrosamente, en una reciente entrevista radiofónica Nira Fierro, consejera de Organización del PSOE canario, rechazó la pregunta sobre la identidad de los señores y señoras –supuestamente especialistas en algo– que integraban los comités. «Usted comprenderá que no se lo voy a decir», fue su estupefaciente respuesta. Yo creo, sinceramente, que esto ha ido demasiado lejos, y que la contestación de Fierro no es una simple malcriadez, sino un síntoma de nula educación democrática.

Deberían andarse con más cuidado. En julio de 2021 el Tribunal Constitucional anuló las medidas más duras del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los jueces entendían que para acordar el confinamiento que se decretó en marzo de 2020 era necesario declarar el Estado de excepción –una medida que debe votar y tomar el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno– porque no basta el estado de alarma. El estado de alarma no permite suspender derechos como la libre circulación por el territorio, cambiar de domicilio o celebrar reuniones públicas o privadas. No se trata de bizantinismos jurídicos, sino de respetar los derechos fundamentales y los procedimientos constitucionales. Pocos meses más tarde el Tribunal declaró inconstitucional el segundo estado de alarma, considerando que el plazo de seis meses de prórroga tuvo un carácter no razonable o insuficientemente infundado. Durante la pandemia –especialmente en el año 2020– la democracia liberal y parlamentaria también entró en un confinamiento. Algún jurista lo ha llamado «la excepción inmunológica de la democracia representativa». La praxis democrática fue dañada y no solo en España, sino en todo el mundo y siempre, por supuesto, por nuestro bien.

De la misma manera por nuestro bien impidieron que nos pudiéramos despedir de familiares y amigos moribundos e incluso que se celebraran ceremonias religiosas en su memoria. Como casi todo el mundo, viví ese horror de sufrir por quien no puede dejar de sufrir en la atroz soledad de un hospital abarrotado. No padecía el covid pero tampoco podía ser visitado. Falleció después de una semana hundido entre brumas en su cama hospitalaria; le permitían una llamada telefónica al día. Era una de las mejores personas que he conocido: bondadosa, generosa, de agudo ingenio criollo, alegre en las horas más jodidas, un amigo indestructible incapaz siquiera de detestar a nadie, amaba la vida a través del amor por su mujer y su hija. Nos enteramos al día siguiente. Ni siquiera se produjo una última llamada. Nunca se encontró el móvil. Ese móvil de mierda.

De manera que sí, que creo que conviene aclarar las cosas. Personalmente temía que no habíamos aprendi do nada de la pandemia. La repugnante corrupción que se investiga por orden judicial ha cambiado las cosas. Ahora empiezan a formularse las preguntas correctas. Para que quede constancia que Isabel Díaz Ayuso dejó bárbaramente desatendidos a cientos de ancianos en sus residencias. O para que sepamos cuando un montón de golfos, gracias a complicidades, connivencias y negligencias políticas, nos estafaron decenas de millones de euros mientras se moría nuestra gente. Va a tener usted que facilitar esos nombres y quizás otros detalles, señora Fierro. A un periodista, a una comisión de investigación o a un juez.

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