Opinión | Retiro lo escrito

La sequía

Zona afectada por el estado de emergencia por sequía hidrológica en Girona.

Zona afectada por el estado de emergencia por sequía hidrológica en Girona. / Glòria Sánchez - Europa Press

Entre los asuntos de la agenda informativa puedes encontrar la crisis migratoria, los bajos salarios, ocasionales sandeces de diputados o viceconsejeros, la productividad, una preocupación del presidente Clavijo que no parece contagiar demasiado a la sociedad isleña o los ganadores de los concursos de murgas. Curiosamente apenas existen referencias sobre la sequía. Entre sus reivindicaciones los agricultores y ganaderos de Canarias han solicitado, por cierto, que se organizase y convoque una Mesa de la Sequía donde estén presentes el sector, las administraciones públicas y las universidades. No solamente es una propuesta pertinente, sino absolutamente necesaria. Todos los indicios meteorológicos indican que este pésimo buen tiempo y sus efectos (polvo en suspensión, temperaturas superiores a la media, bajísima pluviometría) no es algo transitorio que se corregirá mágicamente en los próximos años. Para hablar de lo inmediato: si sigue sin llover en los próximos dos meses de manera apreciable el estrés hídrico se transformará en sequía. Desde 2015 llueve cada vez menos, aunque el año pasado dos tormentas descargaron el suficiente líquido como para salvar el expediente en presas y embalses. En los últimos diez años ha llovido solo un 70% de lo que lo hacían cono media los treinta años anteriores.

La producción de agua desalada y la regeneración del agua ya utilizada ha convencido a mucha gente de que ya se acabó el problema del suministro público. Es un error. Primero por los costes económicos de la desalación y su consumo (elevado) de energía eléctrica. Las estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM) son imprescindibles, pero también son contaminantes. Segundo, la desalación tiene un coste medioambiental. El principal subproducto del proceso de desalación por ósmosis inversa es la salmuera. La salmuera se arroja al mar, con lo que se devuelven en una concentración muy superior los iones que se extrajeron anteriormente. La salmuera mata (por decirlo brevemente) la vida marina al aumentar la salinidad de los ecosistemas. Existen sistemas para reducir este impacto pero un servidor desconoce si las administraciones públicas tienen garantías de que se estén utilizando en las EDAM operativas en Canarias. También es posible tecnológicamente reutilizar algunos elementos de las salmuera. ¿Lo saben o lo ignoran –igualmente– las administraciones públicas? Como otros enigmas nigrománticos de las burocracias (autonómicas, insulares, municipales) resulta imposible averiguarlo. Por supuesto, perturban otros problemas en la gestión del ciclo del agua en las islas. Por ejemplo, la obsolescencia de las redes de distribución, por la que pueden perderse hasta un 30% de las aguas, y que en territorios como Fuerteventura y Lanzarote alcanza un nivel que exige poco menos que responsabilidades penales a políticos y técnicos.

Con todo, lo que se me antoja más pasmoso es el derroche de agua que, como nuevos ricos rigurosamente descerebrados, practicamos con entusiasmo. Nos hemos acostumbrado al prodigio de que siempre salga agua del grifo sin limitaciones y sin un coste vertiginoso. Las desaladoras han acabado de convencernos de que nuestro suministro es ilimitado. Desperdicio individual en nuestra vida cotidiana y despilfarro en nuestra industria turística. Ya no recuerdo la última campaña para un uso racional y responsable del agua que se puso en marcha desde el sector público o el privado. El Gobierno de Canarias haría muy bien en aceptar la propuesta de los agricultores y ganaderos de una Mesa de la Sequía, sumando a la convocatoria, obviamente, a los consejeros insulares de agua. Como haría bien en poner en marcha con la máxima diligencia el Observatorio del Agua, contemplado en la ley de cambio climático y transición energética aprobaba el pasado año como instrumento que ayude, por fin, a diseñar y planificar una política integral del agua en Canarias que, sorprendentemente (o no), jamás se ha puesto en marcha.

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