Corrupción política

Durante algún tiempo, a lo largo de los últimos cinco años, el presidente Pedro Sánchez pareció capaz de ser más rápido que la realidad. Es como si hubiera descubierto algún atajo para vencer a Einstein y serpentear a una velocidad superior a la de la luz. La realidad desfallecía, incapaz de pillarlo. Después, ya más recientemente, aprendió a viajar en el tiempo para callar al Sánchez del pasado con el fin de que el Sánchez del futuro pudiera decir lo contrario, eliminando la entropía gracias a una desvergüenza infinita. Pero estas maravillas –tal y como enseña la lectura de los grandes clásicos de la ciencia ficción– acaban catastróficamente. Desde un punto de vista puramente jurídico e imposible satisfacer íntegramente las expectativas de Carles Puigdemont y JxC en el asunto de la amnistía. Imposible. Uno puede aplicar la mejor y más sutil ingeniería jurídica y el resultado no puede estar completamente garantizado. Para salirse con la suya mejor es reformar o abolir tipos delictivos, como ya se hizo con ocasión de los indultos, pero también esa tecniquería tiene un límite. Después de ser rechazada por los juntistas, y antes de que regrese al pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez propone ahora modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de una investigación judicial y que la decisión vuelva manos de los fiscales. Lo contrario de lo que hizo un tal Pedro Sánchez en 2019. Los jueces y los fiscales se han quedado estupefactos. Limitar los plazos de la investigación judicial «conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos», como terrorismo, salud pública o corrupción, según la Asociación de Fiscales . ERC ha rechazado la propuesta de Sánchez, JxC la ha distinguido con su más despectivo silencio. Es maravilloso contemplar a un presidente del Gobierno capaz de facilitar las cosas a los defraudadores de Hacienda, los que blanquean capitales de origen delictivo o al terrorismo yihadista con tal de obtener de nuevo el asentimiento de Puigdemont y salvar así sus augustas nalgas. Pero es que propagandísticamente ha sido un desastres, porque la oferta ruin y estúpida del presidente español ha quedado difuminada por la Fiscalía del Tribunal Supremo que, al mediodía de ayer, pidió investigar a Puigdemont por terrorismo, contra el criterio del Fiscal General del Estado.

Sánchez ha había declarado campanudamente que el independentismo catalán no era terrorista, como todos sabemos según el presidente, pero yo no consigo recordar quien dijo que lo fuera. El independentismo catalán es una expresión política que cuenta con varios partidos representados a través de elecciones democráticas en numerosas instituciones, empezando por la Generalitat y las Cortes. En todo caso serían algunos –pocos o muchos– independentistas catalanes los que hayan podido incurrir en un delito de terrorismo. ¿Era una organización terrorista el Tsunami Democratic? ¿O simplemente practicó desórdenes públicos particularmente virulentos en algunos espacios y algunos días? Uno, que es un ignorante, cree mucho más lo segundo que lo primero, lo que no quiere decir que algunos hechos vandálicos fueran muy graves y que, de probarse conexiones informativas –no se diga jerárquicas– entre el gobierno catalán y TD serían penal y civilmente muy relevantes. No es insignificante que las autoridades de un gobierno colaboren con una organización cuyos objetivos eran alterar el orden público, agredir a la policía y destrozar ferozmente mobiliario urbano. De la misma manera hay que insistir, insistir sin desmayo, que se está intentando sacar adelante una ley de amnistía debatiéndola, negociándola, suplicándosela incluso a los futuros beneficiarios de la misma. Porque esa bajeza democrática, ese sacrificio del Estado de Derecho a cambio de conservar el poder, es una forma extremadamente canalla y destructiva de corrupción política.

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