Opinión | EL RECORTE

Friendo puñetas

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. / EFE

Para aquellos ilusos que habían creído eso de que la amnistía supondría el regreso a la concordia y la pacificación del proceso independentista, el despertar ha llegado velozmente. Mientras celebramos el aniversario de la agrietada Constitución del 78, los secesionistas, ostensiblemente ausentes de los actos –como Vox– despliegan una dura ofensiva contra uno de los poderes del Estado: el judicial. El que se interpone entre ellos y sus sueños.

El Parlamento autonómico catalán ha amenazado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con incurrir en responsabilidades penales si no comparece ante una comisión de investigación para desvelar información secreta del caso Pegasus: las famosas escuchas telefónicas del procés realizadas por los espías españoles, cuyo caso terminó archivando el citado juez en el pasado mes de julio. Los pájaros contra las escopetas: un juez no puede revelar secretos oficiales a diputados autonómicos.

Pero agárrense los machos: el próximo martes se presentarán en el Congreso las comisiones de investigación pactadas por Junts, Esquerra Republicana y el PSOE, para pasar por la quilla a los jueces españoles. Los catalanes, que van a por todas, han denunciado la utilización de la justicia con fines políticos. Ahora toca la escenificación pública de esas denuncias en las que, desgraciadamente, no les falta algo de razón. La justicia española está envenenada por la política desde hace muchos años, como muestra muy claramente el denso tráfico de idas y venidas de las togas a los cargos y los cargos a las togas.

Los secesionistas quieren llevar al Parlamento a los magistrados que, a su juicio, han instruido «causas políticas» contra el movimiento independentista catalán. No importa que esas comparecencias estén prohibidas expresamente por la ley y que el Congreso fuera el primer gran prevaricador aprobando la aplicación del artículo 155 de la Constitución e interviniendo la autonomía catalana. La coherencia y la política tienen ya poco que ver.

El poder judicial está reaccionando agriamente al ataque directo de los partidos políticos y el PSOE, que firmó lo que firmó, se enfrenta a las primeras consecuencias prácticas de esas comisiones inquisitoriales que pretenden juzgar a los que juzgan, convirtiendo el Congreso en un nuevo Comité de Salud Pública y a los medios de comunicación en una guillotina.

La renovación del Consejo del Poder Judicial, una charca pestilente donde chapotean infelices el PSOE y el PP, ya no puede oler peor. Ahora, el bombardeo a las puñetas está consiguiendo unir a las distintas familias de la magistratura, conservadores, progresistas y mediopensionistas, al constatar que quieren achicharrarlos. Son el primer plato, con butifarra, de la nueva gastronomía política. Un paso más en ese curioso camino hacia la concordia que consiste, por lo visto, en subir la crispación hasta que España, convertida en una olla a presión, termine reventando. El guiso va muy bien.