Un pacto infumable

Me siento triste y dejaré el silencio para los corderos.

Como español, como ciudadano y como jurista de a pie, a título estrictamente personal, quiero comentar que asisto patidifuso a lo que se presenta como un pacto entre dos partidos políticos (PSOE-Junts) que sacuden los cimientos de un Estado por un puñado de votos para obtener una investidura de gobierno.

Siempre he considerado que la política es el arte de la negociación, de la búsqueda de acuerdos, de avanzar en la cristalización práctica de las ideas, como he pensado que el pluralismo político es sanísimo, pero todo dentro de la Constitución. Además siempre he pensado que el PSOE era un partido de Estado, con grandes cabezas, buena tradición y sentido común, pero ahora asisto asombrado a una escenificación de un pacto concertado con quienes aprendieron el consejo de Nicolás Maquiavelo: «No intentes ganar por la fuerza lo que puedes ganar con la mentira».

Me permitiré un análisis de urgencia de este Pacto.

Veo que se habla literalmente de:

1 «...Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica) representa legítimamente al pueblo de Catalunya».

Pero… ¿y las demandas mayoritarias del Estado español, incluida Cataluña, que se han expresado en un código penal (que tiene carácter de ley orgánica) y que ha provocado condenas penales por delitos, pues representa la voluntad legítima del pueblo español sobre lo que es delito y lo que merece ser castigado?

2 «…dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue».

Cuando una organización contumaz en sus fines ilícitos, con sus dirigentes condenados pretende negociar con un Estado con solvencia internacional, ¿quién tiene razones para desconfiar de quién?, ¿tiene sentido que una parte del Estado negocie con el todo?, ¿debe el Estado renunciar a su capacidad de negociar y decidir como persona jurídica internacional para acudir a un mediador internacional?

3 «…Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña».

¿Cómo?… «de entrada» (o sea, como medida perentoria y para abrir boca), modificar la LOFCA (que es tan ley orgánica como el Estatuto de Cataluña), y que reconozca la singularidad (¿por qué lo llaman «singularidad» cuando quieren decir «privilegio»?) y que facilite la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña (¿dónde queda la solidaridad financiera impuesta por la Constitución y los factores de compensación de las enormes inversiones del Estado en todas estas décadas en Cataluña?).

Alguien debe haber olvidado que ese pacto abre la caja de Pandora de los males, que hay una parte insaciable en sus peticiones y que todo paso o concesión que se haga, primero, perjudicará al resto de España y será irreversible. Un camino hacia el caos.

4 «…La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato».

¿Requisito… para gobernar?, ¿imprescindible… para destruir la seguridad jurídica? No veo que la supuesta «anormalidad política institucional y social» reclamase tamañas concesiones antes del último resultado electoral. El borrón y cuenta nueva se hace con quien se arrepiente, pero no con quien afirma y lo deja por escrito (al menos quien avisa no es traidor) como Junts que «considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017».

5 «…se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

¿Judicialización de la política o más bien el Pacto pretende la politización de lo justo? Acaso puede el Estado aceptar que sus leyes, su aplicación por el poder judicial, con sentencias que han sido sometidas a procesos con todas las garantías, son sentencias lastradas por «politización». ¿Puede el partido político que sostiene a un poder del Estado (Ejecutivo) cuestionar el poder judicial y el modelo constitucional de la división de poderes, con la irrenunciable independencia del poder judicial?

¿Acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas? Acaso se quiere que la Administración con su presupuesto que pagamos todos, o el parlamento que nos representa a todos, se ponga de rodillas ante un puñado de agitadores que perdieron toda legitimidad cuando se pusieron «fuera de la Ley».

6 «La ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio».

¿Pero no es el Estado el único sujeto internacional relevante?, ¿y por qué ningunear a las demás comunidades autónomas en su presencia en la Unión Europea, o ya puestos, a los municipios de gran población?

Por si fuera poco, el Pacto sigue la vieja técnica contrabandista de «digamos poco, genérico y bien salpimentado de buena voluntad» que ya una comisión ulterior pondrá por escrito lo que ahora no se puede decir. Se trata de meter el pie en la puerta…

Lo más curioso es que es la mesa de negociación la que «pone deberes al parlamento de la nación», o sea, no nacen las leyes del parlamento (de arriba hacia abajo), que para eso elegimos diputados y senadores, sino que incurrimos en lo denunciado por John Locke en su «Tratado de Gobierno»: «El legislativo no puede transferir el poder de hacer leyes a otras manos: como no es más que un poder delegado del pueblo, quienes lo tienen no pueden traspasarlo a otros».

La gran paradoja de ese «Pacto» es que ni hay forma jurídica para cumplirlo en sus pretenciosos e ilegítimos términos, pero tampoco hay forma de sancionar a las partes que lo incumplan.

Seguramente cuando los negociadores afinaban el acuerdo no tenían en cuenta la regla de oro del veterano jugador: « Si estás jugando al póquer y miras alrededor de la mesa y no sabes quién es el tonto, eres tú».

Un disparate. Me temo que la próxima edición de cualquier manual de Derecho Constitucional español comenzará diciendo: «Érase una vez...». Quizá es cuestión de Sociología Política y debemos recordar lo que decía Max Weber («Ensayos»): «En una democracia el pueblo elige un líder en quien confía. Entonces el líder elegido dice: Ahora cállate y obedéceme. Entonces el pueblo y el partido ya no serán libres de interferir en sus asuntos».

Dicho esto, vaticino que este pacto «contra natura» y contra razón no conseguirá paz alguna, y a corto plazo, estallará por los aires el supuesto acuerdo, pues la paloma y el zorro tienen distintas metas y medios.

El problema será la tremenda herida en el Estado de Derecho Español, donde la división de poderes se ve desequilibrada por el peso de un gobierno lastrado con pactos indigeribles, donde la seguridad jurídica deja de existir, donde las sentencias firmes no tienen firmeza, y donde las leyes no son fruto de razones sino de intereses.

En fin, a ver si me despierto de esta pesadilla…, aunque me temo que «cuando despierte… el Pacto seguirá ahí».

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