Unidades

Cuando en la modalidad canaria del politiqués se habla de unidad frente a cualquier crisis, catástrofe o situación adversa es necesario aclarar que se refiere a la unidad de los partidos. Por ejemplo, ante la crisis migratoria, inmediatamente acudimos a la confluencia unitaria como a una deidad que nos librará de males peores porque juntos somos más fuertes o algún otro consuelo energético o culinario por el estilo. Pero nuestro problema central para enfrentarnos a las múltiples dificultades externas e internas que se acumulan en la agenda colectiva no es la unidad política. Como pudo verse en la crisis pandémica del covid los cuatro principales partidos de canarias (PSOE, CC, PP y NC) estuvieron dispuestos a consensuar y firmar pactos y acuerdos de distinta naturaleza, como el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Reactiva Canarias); otra cosa distinta es que lo firmado se respetara, particularmente por el Gobierno del momento. Por lo general el Ejecutivo progresista ni siquiera se preocupó de practicar un seguimiento cabal de lo firmado y, por supuesto, negó cualquier participación real y visible de la oposición: hasta ahí podríamos llegar. Pero, contra lo que ocurre en la Península, y en particular en Madrid, aquí la unidad entre partidos es casi una forma de respirar en la política canaria. Unidad en la defensa del REF, unidad en solicitar más recursos para gestionar la migración ilegal, unidad para aprobar, no sé, la ley trans, unidad para recurrir al Tribunal Constitucional. Tenemos unidad por un tubo, una unidad múltiple, insistente, asumida como un ritual insuperable y muy decorativo. En cambio la negociación para las grandes reformas que urgen a Canarias –la reforma de las administraciones públicas, la reforma educativa, la reforma del modelo de gestión sanitaria– es sistemáticamente boicoteada por los grandes bloques de centro izquierda y centro derecha, esa farsa polarizadora que pretende ofrecernos el choque de dos cosmovisiones excluyentes, de dos ideas civilizatorias irreconciliables, Torres el griego y Clavijo el persa. La unidad de los grandes partidos canarios termina siendo siempre un mal chiste, un postureo estéril, un bluf y –como demuestran los resultados– un ejercicio ineficaz e ineficiente que conduce a la melancolía. Y a la autorreproducción legitimadora del sistema político.

La unidad que requiere Canarias es otra, la de su sociedad civil, y ese es el problema estructural precisamente. Aunque mucho más articulada que hace cuarenta años, la sociedad civil canaria sigue siendo particularmente débil, insuficientemente cohesionada y carente de autonomía creativa. Es una sociedad civil en la que el peso del Gobierno autónomo y en general de los poderes públicos ha devenido enorme, laberíntico e irresistible. La mayoría de los grandes empresarios trabajan para las administraciones públicas y/o no pueden desarrollar su actividad sin la ayuda económica, fiscal o logística de las corporaciones públicas. No es que les guste o les disguste: es un hecho obvio, elemental. Esa es una de las razones tanto de la inexistencia de un mercado regional como de nuestra miserable productividad, por cierto. Toda la constelación de fenómenos y epifenómeno asociativos, culturales e ideológicos que acompañan a una burguesía creativa y pujante –sociedades culturales, clubes, centros de investigación, elemento potenciadores de la identidad, hasta los sindicatos, que aquí y ahora también trabajan en y para la administración pública– no existe aquí. No puede existir en este contexto. Por otro lado el Gobierno autónomo depende de Madrid y de Bruselas (transferencias, subvenciones, exenciones, fondos extraordinarios) para que la salud económica del país no entre en agonía, es decir, para que nos aprieten, pero no nos ahoguen hasta el final. ¿Cómo va a existir aquí un empresariado nacionalista, unos intelectuales críticos, una opinión pública sólidamente informada? ¿Cómo se va a producir una unidad que se respete a sí misma y que se haga respetar si empresarios, sindicatos, profesionales o jóvenes demuestran siempre una debilidad complaciente con la vocación colonizadora de las administraciones públicas? ¿Cómo va a prosperar un país –democrática y socialmente– que se resigna a ser un obediente espejo de su clase política, cuando debiera ser exactamente lo contrario?

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