La estafa de la vivienda vacía

Ha tenido que ser un informe del Diputado del Común el que desvele la realidad de la oferta de vivienda pública en Canarias. Es –que yo recuerde– la primera vez que se presenta un informe independiente sobre la situación de la vivienda en las islas, y lo que dice es realmente demoledor: cada año el número de viviendas vacías que hay en las islas no deja de aumentar. En estos momentos, cerca de una de cada cinco viviendas está desocupada, según un reciente informe de Tinsa Research que abarca datos de hasta 2021. Tinsa es una de las principales empresas de valoración inmobiliaria de España, y su departamento de investigación duplica los datos que ofrece el INE.

Es uno de los porcentajes más elevados del país, en una región donde la demanda de vivienda no para de crecer de forma incontrolada. Quizá por eso, el Gobierno floral de Ángel Víctor Torres estableció un programa –el Programa de Viviendas Vacías– que pretendía incentivar la cesión de inmuebles al Gobierno regional, para poner en marcha un sistema de alquileres sociales, garantizado por el Ejecutivo, que abona a los propietarios que ceden sus viviendas, una renta mensual de entre el sesenta y el setenta por ciento de la media de mercado, y muy atractivo para los inquilinos, que en ningún caso pagan un alquiler superior al 30 por ciento de su renta. El Gobierno dispuso recursos para dotar el plan -cuatro millones de euros el primer año- y lo presentó en el Parlamento de Canarias a principios de 2020, con el compromiso de facilitar ese año el acceso a 400 pisos vacíos.

Dos años después, sin haber colocado un solo piso, el Gobierno volvió a comprometerse en el Parlamento a colocar 700 viviendas vacías en alquiler, e informó que había ya hasta mil interesados apuntado al programa, en sus dos meses de funcionamiento. Porque el programa –que ya tenía cuatro millones de euros en el Presupuesto 2020- arrancó en realidad en 2022. Durante todo ese año, no se entregó ni una sola vivienda, hasta llegar a marzo de 2003, dos meses antes de las elecciones, que fue cuando se entregó la primera.

Todo un éxito, «un milagro», según dijo el matrimonio que recibió el piso, en declaraciones recogidas en todos los medios del archipiélago. La imagen de la feliz pareja, llave en mano, no impidió que algún medio se interesara por el escaso impacto de un programa puesto en marcha a principios de la legislatura. Esta vez no fue el Gobierno quien contestó sacando pecho en el Parlamento: lo hizo el gerente de Visocan, Víctor González, que explicó que si no se habían entregado más viviendas, fue porque Visocan estaba analizando las muchas ofertas recibidas, haciendo los preceptivos informes y valoraciones, precisos para llegar a acuerdos con los propietarios sobre la renta a abonar. En realidad, sólo 85 propietarios acudieron hasta julio de este año a atender la oferta del Gobierno, y de esos sólo una vivienda fue finalmente ofertada para alquiler. Las otras 84 quedaron fuera, porque los dueños desistieron, o porque no reunían condiciones para hospedar a nadie.

Lo sorprendente de esta historia no es que el Gobierno haya sido incapaz de cumplir sus promesas: a eso deberíamos estar acostumbrados. Lo sorprendente es lo que ha costado la broma. La inversión inicial prevista –cuatro millones al año en cuatro años son 16 millones–, se redujo ante el retraso en poner en marcha el programa y su escasa capacidad de convicción. El Gobierno destinó poco menos de un millón hasta 2023, y al final se gastaron 187.000 euros. ¿En qué? No tengo la más remota idea: quizás en contratar un par de laborales para gestionar el programa, en publicidad, en mantener en la web de Visocan las páginas dedicadas al asunto, en acondicionarle la casa al propietario, en pagar abogados y notarios… en lo que sea. Y la única vivienda en alquiler se entregó después de ese gasto a unos inquilinos que pagan mensualmente entre el sesenta y el setenta por ciento de un alquiler normal. ¿No habría sido mejor destinar esos casi 190.000 euros a dar a los inquilinos un bono para que alquilaran ellos?

Los Gobiernos no asumen ninguna responsabilidad por el fiasco de sus políticas: toda una administración ofreciendo ruedas de prensa sobre los 700 canarios que lograrían por fin el alquiler de sus sueños, quedó reducido a una única familia favorecida. Si una cooperativa privada desarrollara un programa como este, y se volatilizaran casi 190.000 euros de parné público, lo ocurrido se consideraría una estafa.

Esta historia es antológica, no sólo demuestra la ineficacia del anterior Gobierno, es algo que se viene repitiendo, de distintas formas y con todos los gobiernos, desde que empezó este siglo. Hoy son más de 25.000 las personas que reclaman una vivienda pública, pero desde el 2000 hasta hoy, sólo 112 familias han conseguido que se les entregue. Toca a poco más de cinco viviendas por año…

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