Buenas intenciones y cinismo electoral

Hay regímenes que han conseguido la igualdad de los seres humanos vistiéndolos con el mismo uniforme o haciéndoles igual de pobres. Me ahorro citar los ejemplos remotos y más recientes. Y es así porque la igualdad, para quien es diverso por naturaleza, solo puede imponerse en las dictaduras.

Ese tic de raíces cristianas también anda ahora navegando por los citoplasmas de las izquierdas europeas para quien todo se arregla interviniendo la sociedad hasta sus mismas raíces con el sano propósito de proteger a los más débiles. Una muestra de ello es la nueva ley de la vivienda que se debate hoy en el Congreso de los Diputados. El infierno está empedrado de buenas intenciones: el efecto de la nueva norma, que se inclina por la protección de los inquilinos en dificultades económicas, provocará que haya aún menos viviendas en alquiler.

El hecho objetivo es que a partir de ahora será más difícil echar a alguien que no pague sus alquileres. Y si eso al menos tiene un pase –por las dificultades económicas de una familia– no tiene explicación que expulsar un okupa de una vivienda sea mucho más difícil de lo que ya es. Que ya es decir en un país que sale en las noticias escandalosas de la Unión Europea con testimonios de familias alemanas o nórdicas que encuentran su propiedad invadida y comprueban, asombrados, que la Justicia española no le devuelve inmediatamente el dominio de su propiedad.

La nueva ley pretende resolver el gravísimo problema de la vivienda. Somos el país de Europa que tiene un menor parque de vivienda pública disponible: una vergüenza. El Gobierno, urgido por esta anomalía, quiere arreglar ahora el problema sobre el lomo de las familias que han invertido sus ahorros en el ladrillo. Se declararán «zonas tensionadas» (casi todas las grandes ciudades y capitales), se limitará el precio del alquiler a un valor de referencia, se impedirá subir la renta más de un 2% este año y un 5% el año que viene y se «multará» –vía IBI– a quienes tengan la vivienda vacía, dos de cada tres viviendas en Canarias. Lo que no han hecho las administraciones públicas –poner viviendas a precios asequibles en el mercado del alquiler– lo van a hacer con las propiedades ajenas. Un apaño.

Con todo, lo más penoso es escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiendo viviendas mañana, tarde y noche. Más de ciento ochenta mil lleva ya anunciadas. Una especie de burla cruel, en el ambiente tóxico de la campaña electoral, con esas miles de familias que llevan años y años en listas eternas y esperando a que le pongan a tiro una vivienda digna que puedan pagar. Con las cosas de comer no se juega.

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