Médicos y enfermeras, ¿quién tiene razón…?

Recientemente, hemos asistido en las páginas de este diario a una controversia entre los médicos y las enfermeras, pues según el representante del colectivo médico de Tenerife las enfermeras ejercen una funciones que «van más allá de las competencias legales que le otorga su titulación», ya que al parecer el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha considerado la posibilidad de que estas profesionales atiendan a personas que acudan directamente con patologías agudas o leves a los centros de atención primaria. De entrada, tiene totalmente la razón el estamento médico, pero consideremos.

De otra parte, el sindicato de las enfermeras rechaza que «se ponga en duda la capacidad del colectivo para resolver patología o realizar el triaje o la valoración de los pacientes…», alegando que se tiene formación y conocimientos para ello, así como que se trata de «una profesión autónoma, con un cuerpo de conocimientos propio…», que también es verdad pero, hasta donde yo sé, son funciones propias sobre cuidados de enfermería, no de valoraciones médicas.

El triaje, término francés que se emplea para clasificar a los enfermos/heridos en los servicios de urgencias, organizándose según las necesidades de éstos y los recursos disponibles, resultando que en España lo pone en práctica el insigne cirujano Mariano Gómez Ulla durante las guerras africanas, inspirado en el ejército galo, y ejercido por médicos al ser un acto profesional para el cual hay que establecer un diagnóstico médico y tal función, a día de hoy, sólo la puede realizar dicho facultativo señalando la gravedad o levedad del caso.

Por tanto, está claro que -a mi modo de ver- lo que está faltando y deben reclamar las enfermeras es la regulación normativa de la totalidad de sus funciones profesionales, tantas veces demandadas ante las instancias ministeriales, pues el reiterado triaje no es una función de enfermería, sino del profesional médico. Y digo eso porque diferentes expertos así lo atestiguan: «Hay sistemas que defienden que debe ser un médico experimentado de urgencias el encargado de realizarlo>», si bien hay modelos que hablan del «triaje avanzado», en el que la enfermera «ejecuta un procedimiento o administra una medicación en base a directrices médicas con protocolos, circuitos y órdenes médicas preestablecidos» (W. Soler, M. Gómez Muñoz, E. Bragulat, A. Álvarez).

Dichos protocolos se deberán consensuar entre las partes, pero antes de ponerse en práctica, la mayoría de los profesionales de enfermería deberían recibir una formación adecuada y verificarse su capacitación, según reiteran los autores citados. También deben ser aprobados por la estructura sanitaria competente. Con la omisión de todo lo anterior, en mi opinión, se podría estar incurriendo en intrusismo profesional al ser una función que corresponde a otro colectivo sanitario y no estar comprendida en su marco jurídico de funciones. Es más, la propia administración sanitaria en el supuesto de que esté obligando a estos profesionales a realizar dichas prácticas, no hace falta ser experto en leyes para suponer que se está adentrando en algo previsto y penado en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero volviendo al asunto legislativo, pues de eso se trata, deben de resolverlo mediante la norma que corresponda (ley, real decreto…), aprobando el marco jurídico de la totalidad de funciones de la Enfermería, por eso el actual gobierno de Canarias -responsable último de toda esta controversia- lo tiene fácil, ya que en Madrid tiene un gobierno de su mismo color, y como durante la presente legislatura no se han tenido remilgos para legislar sobre aspectos más escabrosos, para el actual litigio es de suponer que no haya obstáculo alguno, pues se dotaría a ese cuerpo profesional de las competencias que le amparan para desarrollar las actividades que hasta ahora –por la controversia existente– son de dudosa legalidad y podrían meter en un problema a las enfermeras del SCS.

Ya bastante sobrecarga de trabajo llevan todos los profesionales del sector de la atención primaria y del sanitario en general, por la mala gestión de los dirigentes de esa Consejería sanitaria, para ahora tener que verse inmersos en semejante asunto escabroso de competencias profesionales.

Desgraciadamente, el amigo lector… ya supone quiénes son los sufridores del asunto: nosotros los usuarios, por lo que se me ocurre la siguiente reflexión en voz alta: aquí tenemos un elemento más de juicio para el 28M.

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