Extiende la mano y espera

«¿A quién vas a creer?», le preguntó Groucho a Margaret Dumont cuando le encuentra con una pibita, «¿a mí o a tus ojos?». Ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tuvo un ataque marxista –le ocurren de vez en cuando– cuando después de reconocer que el Ministerio de Transición Ecológica ha tramitado declarar la caducidad del permiso de ocupación del dominio público marítimo terrestre concedido a la cadena RIU para el hotel Tres Islas en 2007 explicó que no había ningún motivo de preocupación. En realidad el procedimiento administrativo ya está finalizado. Dictaminar la caducidad significa, inequívocamente, «ordena el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones existentes», por lo que desde la Dirección de Costas –en Madrid– se ordena a la Demarcación canaria restituir la superficie afectada al Estado, o lo que es lo mismo, destruir cientos de puestos de trabajo directos o indirectos en ese centro hotelero en Corralejo.

El presidente Torres sostiene que basta un conjuro para eludir una decisión ya tomada y debidamente comunicada por el Gobierno español. El conjuro es repetir una y otra vez que las competencias en materia de costas fueron transferidas a la Comunidad canaria desde el pasado mes de enero. Claro que la pregunta es inmediata. Si es así, ¿por qué la Dirección General de la Costa y el Mar, adscrita a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, continuó tramitando el expediente de sanción con toda la pachorra del mundo desde el pasado año, es más, por qué lo aceleró a mediados del mes de febrero, sin prestarle la mínima atención a las llamadas gimoteantes –como mínimo dos– que hizo al respecto el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera? Este no es el único caso que invita a pensar que las transferencias en costas se han transferido a Canarias muy simbólicamente. Torres y su equipo son soberanos en la gestión de las costas canarias como Carlos III es soberano en Canadá o en Australia. Es hastiante recordar ahora los triunfales discursos de figuras socialistas insistiendo en el rigor y la rapidez de la negociación para las transferencias de las competencias en costas, y muy en particular, esa estúpida y falsaria insistencia en que las cosas se consiguen si uno de porta bien, pide las cosas con el debido respeto a altos burócratas mesetarios (como diría Román Rodríguez) y no patalea. En el Parlamento canario, en esta legislatura que agoniza, voces socialistas llegaron a reprochar a los nacionalistas afirmaciones como que «España nos roba». Jamás ha formado parte del arsenal retórico coalicionero esa majadería, que en cambio convirtieron en mantra CiU y ERC, fuerzas con las que ha negociado el PSOE durante décadas. Una prestidigitación similar han empleado con el convenio de carreteras. El propio Torres se ha atribuido el «acuerdo» sobre el mismo. No, no había ningún acuerdo. Lo que debía hacer el Gobierno central era acatar una sentencia judicial del Tribunal Supremo, dictada a causa de un recurso interpuesto por el Ejecutivo canario una década antes por decisión del presidente Paulino Rivero.

Es igualmente asombroso que el presidente Torres no repare en otra vía para superar los efectos potenciales de la extinción del permiso: negociar con la cadena RIU para que se recoloque a los trabajadores en otros hoteles y jubile y prejubile a los que puedan hacerlo. No hay que hacer absolutamente nada. Solo bastará con confiar en las preces presidenciales. Lo mismo ocurre con el resto de los contenidos competenciales no transferidos: en la regulación y control de la seguridad privada, en la participación en la planificación y gestión de los aeropuertos, en la potestad tarifaria sobre los transportes terrestres y marítimos y su logística o en la autorización de permiso de trabajo a los extranjeros. Hay que confiar. No reclames lo que te corresponde jurídicamente: sonríe, da los buenos días, extiende la mano. Y espera.

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