La suerte de Miguel Concepción

Como era de esperar, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 23 meses de prisión a Miguel Concepción, uno de los empresarios más conocidos de Tenerife: presidente de la fracasada aerolínea Islas Airways, cuya dirección fraudulenta es lo que provocó la condena, presidente del Club Deportivo Tenerife hasta su reciente sustitución por su amigo Paulino Rivero (que –dicho sea de paso– no está teniendo demasiada suerte con el club), y propietario del holding Traysesa, un conglomerado de empresas básicamente vinculadas al sector de la construcción, con las que Concepción hizo su agosto gracias a sus privilegiadas relaciones con los responsables de la obra pública, primero en el Cabildo de Tenerife y luego en el Gobierno de Canarias. Concepción, empresario de cámara del paulinato, hizo una carrera realmente exitosa y escaló posiciones en el mundo empresarial tinerfeño, ocupando un papel preponderante tras la caída en desgracia de Antonio Plasencia e Ignacio González –fallecido en prisión– los dos empresarios vinculados al caso Teresitas que durante muchos años representaron la feliz alianza de dinero y poder en Tenerife.

Concepción, palmero de nacimiento y adversario acérrimo del gomero Antonio Plasencia, logró –tras la debacle económica y social que supuso el caso Teresitas para Plasencia– colocarse de forma preferente en el entorno de CajaCanarias, que antes controlaba Plasencia. Hombre agradecido, ya le había pagado a Paulino los servicios prestados, asumiendo los dos encargos más difíciles a los que nunca se enfrentó: uno, la creación de una compañía aérea que lograra desplazar a Binter de su control de facto del tráfico aéreo interinsular, y otro, sanear el Tenerife y llevarlo a Primera. En ambos esfuerzos se dejó el pellejo Concepción, y en ambos se estalló estrepitosamente. Concepción sólo disponía de sus extraordinarias relaciones políticas para intentar sanear el Tenerife. Paulino le había prometido el apoyo de algunos empresarios llamados a toque de rebato por él, uno de ellos el dueño de la Unión Deportiva Las Palmas, que –en una sorprendente andanza de las que caracterizan a Miguel Ángel Ramírez–, acabó convertido en secreto propietario de un importante paquete accionarial de su equipo rival.

Esa historia, y los multimillonarios contratos de promoción publicitaria con Willy García –el moreno de Paulino en la tele de entonces– y con consejerías y empresas públicas, permitieron al Tenerife mejorar la penosa situación económica en que la recogió Concepción, pero la parte deportiva nunca fue del todo bien.

En cuanto a Islas, las cosas fueron aún mucho peor: Concepción se empeñó hasta las cejas para convertir su negocio aeronáutico en una compañía al servicio de la administración, protegida por el Gobierno de su amigo, pero no pudo reflotar una empresa deficiente, con graves problemas financieros y de organización interna, frente a la compañía Binter, heredada de Iberia, una máquina de hacer dinero, perfectamente engrasada y gestionada desde la excelencia empresarial. Es cierto que durante un tiempo –gracias al fraude de las subvenciones a la residencia– consiguió ponérselo más difícil a Binter. Pero al final Binter se dio cuenta de lo que estaba pasando, hizo la tarea de probarlo, y demostró que entre 2008 y 2011, Concepción –utilizando distintos procedimientos, entre ellos una agencia de viajes que inventaba compras– falseó ficheros de vuelo y logró que Fomento le pagara 8.400.000 euros de más. Concepción acabó cayendo con todo su equipo, pero lo que peor llevó siempre fue haber colocado a sus dos hijas –a las que había implicado en la administración de Islas– en peligro de acabar en prisión. Finalmente alcanzó un acuerdo con la Audiencia de Tenerife que le juzgó y sentenció, reconociendo en sala haber cometido estafa, a cambio de una pena menor para sus dos hijas y de no acabar él en prisión. Fue condenado a 23 meses, justo en el límite mismo de entrar en la cárcel. Pero se arrepintió y recurrió al Supremo, que es quien ha confirmado las penas de la Audiencia por estafa en las subvenciones por residencia, y condenado a Concepción y sus hijas a indemnizar al Estado con casi cuatro millones de euros.

No debería quejarse: estuvo a punto de convertirse en el nuevo Antonio Plasencia –al que siempre detestó y envidió a partes iguales–, y caminó tras sus pasos hasta las puertas de la cárcel, sin llegar a franquearla. Ha tenido suerte, se ha librado de eso. Y también ha tenido suerte con la indemnización que tendrá que pagar: es menos de la mitad de lo que estafó. Nunca conseguí entender por qué.

Suscríbete para seguir leyendo