En el último pleno celebrado por el Parlamento de Canarias el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, mostró su amable coincidencia con el diputado de Sí Podemos, Manuel Marrero, sobre la ley de Memoria Democrática –y ya no solo histórica– porque, según el veterano militante socialista, «se ajusta al objetivo de establecer una memoria justa». Si hubiera escuchado semejante majadería en boca de pibes y pibas de Juventudes Socialistas no me hubiera extrañado nada. Que la suelte un socialdemócrata moderado, inteligente y culto como Julio Pérez, en cambio, es bastante más pasmoso. Pero es que ya no existen matices ni políticos, ni cronológicos, ni generacionales en el PSOE que lidera como el Príncipe de Zamunda el señor Pedro Sánchez.
Pérez incluso mencionó positivamente ese precepto que más ha escandalizado, irritado o asqueado a muchos socialistas y a buena parte de la izquierda, lo de extender la «investigación» sobre los crímenes del franquismo hasta finales de 1983, una demanda de Bildu que, por supuesto, no tiene otro objeto que hozar propagandísticamente en los delitos cometidos por los GAL cuando ya presidía el Gobierno Felipe González. Por terminar la legislatura y ganar algunas votaciones el PSOE de Sánchez está dispuesto a todo género de concesiones. Ya puestos, si se extiende el franquismo hasta el 1 de enero de 1984, no sé por qué no deben investigarse ni la sublevación de Asturias contra el Gobierno republicano –aunque eso sí, de derechas– en 1934, las matanzas de fuerzas de izquierdas en Madrid en el verano y el otoño de 1936 o las decisiones que al margen de la legalidad vigente tomó el Gobierno de Negrín en el último año de la Guerra Civil. El colmo de esta estupidez sectaria es esa Comisión de la Verdad en el Congreso de los Diputados, cuyo objetivo último, al parecer, cosiste en elaborar una historia oficial de España en el último siglo de la cual no conviene salirse.
A los manuelmarreros y a los juliopérez, así como a todos los alegres compañeros que pretenden hacer pasar las historietas como historia, convendrían recordarles que la historiografía no se practica en las comisiones parlamentarias o en los ministerios, sino en las aulas universitarias y en los archivos documentales. Simplemente no es tolerable –precisamente por razones democráticas y por un respeto elemental tanto a la libertad como a la metodología de la investigación científica– que gobiernos o parlamentos diseñen una verdad histórica oficial. Eso es precisamente lo que hacen las dictaduras. Eso es precisamente lo que hizo el franquismo durante cuarenta años de adoctrinamiento nacionalcatólico que, contra lo que sostienen los más ofendiditos, fracasó miserablemente, como demuestran entre otros muchos Ramón Carande, Jaume Vicens Vives, Josep Fontana, Carlos Seco Serrano, Jesús Pabón o Jordi Nadal. Uno de los últimos éxitos de esta política cultural y educativa del franquismo (España una, grande y libre) es precisamente que los partidos democráticos pretendan construir y difundir la verdad, la verdad de la buena, la verdad verdadera que solo puede contar la izquierda, una contraverdad vindicativa, que es obviamente la suya y solo la suya, compañeros y compañeras.
La Ley de Memoria Democrática tiene varios aspectos positivos. Que la administración pública asuma de una vez los gastos de la exhumación de los asesinados por los golpistas –quedan todavía muchos cientos de casos por dilucidar– y enterrados anónimamente o que todos los archivos –sin excepción– puedan ser visitados por los investigadores son especialmente relevantes. Pero la tentación de decretar políticamente una verdad histórica –un relato sesgado e interesado– y concederle un rango institucional es no solo un error, sino una estupidez dañina y estéril.
