Pablo Bustinduy: "Solo habrá transición ecológica y económica si va aparejada a un sistema de bienestar y de justicia social"

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983), madrileño, ex de Podemos y ahora en Sumar, ocupa la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es hijo de Ángeles Amador, ministra de Sanidad en uno de los gobiernos de Felipe González, y una de las personas más cercanas a Yolanda Díaz.

¿Qué se puede hacer para frenar el envejecimiento de la población?

Es una realidad estructural en toda Europa. Cada vez vivimos más años y cada vez tenemos menos hijos e hijas, lo que cambia la estructura demográfica de una sociedad. Por tanto, tenemos que cambiar las políticas públicas para adaptarlas a esas nuevas necesidades. Si hay nuevas necesidades, tiene que haber nuevas políticas. Queremos revolucionar y transformar el modelo de cuidados. Las personas tienen que permanecer en sus viviendas todo el tiempo que sea posible y hay que garantizarles la tele asistencia y la ayuda a domicilio. Eso estamos haciendo con unos compromisos de financiación de la dependencia que en España son inéditos e históricos. Vamos a multiplicar la financiación de la dependencia con el objetivo que tenemos de que el estado asuma el 50 por ciento de la misma a finales de legislatura. A finales de 2020, por ponerlo en contexto, era el 20 por ciento. No solo es poner más dinero, es vincularlo al cambio de modelo.

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¿Estamos condenados a una dependencia crónica del dinero público?

Hablamos es de servicios públicos y de estado del bienestar y no creo que haya una dependencia crónica. Esto es solo una parte del problema, la otra trata de una transformación económica de nuestras estructuras productivas y del mundo del trabajo, que tiene que ver con la transición ecológica y la digitalización. Hay una nueva revolución industrial y está sucediendo. Asturias tiene elementos suficientes para estar en la vanguardia de esta revolución, pero no va una cosa contra la otra. Solo habrá transición económica y ecológica si va aparejada con un sistema de bienestar y justicia social, y por eso es tan importante que los servicios públicos se modernicen y creen una nueva generación de derechos sociales. Asturias puede liderar ambos procesos a la vez, el económico y el del estado del bienestar.

¿Pueden ayudar reformas fiscales a incentivar la natalidad?

Creo que tenemos importantes carencias en materias como protección a las familias. Parte de nuestra agenda legislativa tiene que ver con la ley de familias y con la ampliación de los permisos, para tener tiempo para cuidar y cuidarnos. Todas las medidas van a redundar en un entorno mejor para que la población se asiente. Hay que abordar el problema desde una perspectiva integral, que valore todos estos elementos al mismo tiempo.

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La principal queja de los usuarios son las trabas burocráticas para beneficiarse de los derechos sociales, ¿qué se puede hacer?

Es un reto prioritario para nosotros. Tenemos que reducir la burocracia y mejorar el acceso a la administración. Ya se están haciendo muchos esfuerzos, pero específicamente, en lo que me toca a mí, hay que habilitar carriles rápidos para el reconocimiento de esos derechos. Debemos agilizar los trámites, para que la experiencia de los ciudadanos sea llevadera.

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Apuesta por ampliar una prestación universal por crianza, ¿en qué consistiría exactamente y cómo encajaría?

Garantizar una prestación universal por hijo o hija a cargo es otra tarea pendiente de nuestro estado del bienestar. Es una medida clave no solo para luchar contra la pobreza infantil, sino para prestar apoyo al conjunto de las familias en nuestro país. Además, es una excepción incompresible en el ámbito europeo que España no tenga una prestación de estas características.

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No está en el acuerdo de Gobierno, ¿lo están negociando ya con el PSOE y los socios?

La ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes por cada hijo o hija de cero a tres años, incluyendo supuestos de adopción y acogida familiar, fue aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Pero nuestra intención es que forme parte del esquema de protección que vamos a afianzar mediante la Ley de Familias. Es cierto que con la deducción por maternidad del IRPF y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital hemos logrado una renta casi universal por crianza en el tramo de 0 a 3 años. Nuestro objetivo, en el que vamos a trabajar tanto dentro del Gobierno como con nuestros socios parlamentarios, es ampliar la cobertura de la deducción por maternidad hasta los 6 años y subir la prestación del CAPI de 80 a 100 euros en el tramo de 3 a 6 años.

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Quiere ampliar la baja por nacimiento a veinte semanas, ¿cuándo entrará en vigor?

Esta medida la recoge el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Nuestro objetivo es facilitar la conciliación añadiendo a las bajas de nacimiento tres nuevos tipos de permisos, apoyar a las familias y reconocer jurídicamente los diferentes modelos de familia que ya existen en nuestro país. Haremos lo posible para que la tramitación de la ley sea eficaz y entre en vigor a lo largo del año.

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¿Van a regular las miles de llamadas que reciben los ciudadanos de las grandes empresas?

Salvo aceptación expresa del usuario, las llamadas comerciales están prohibidas por ley desde el verano de 2023. Me consta que la Agencia Española de Protección de Datos vela por su cumplimiento y está trabajando para evitar que sigan proliferando este tipo de llamadas indeseadas y ha sancionado por este motivo.

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Se comprometieron a limitar a tres minutos el tiempo máximo de espera de una llamada de un cliente con una empresa, ¿cuándo será efectivo?

Esta es una de las contribuciones de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que tenemos previsto comenzar a tramitar este mes. La ley también obligará a las empresas a responder a las reclamaciones en un plazo de 15 días, frente al mes actual. Lo que buscamos es dejar claro a las empresas que no pueden quitarle a la ciudadanía algo tan valioso como su tiempo.

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¿Los ciudadanos están indefensos respecto a las grandes empresas?

Creo que hay pocas experiencias tan universales como haberse sentido desamparado y frustrado cuando se tiene que reclamar algo a una gran empresa. Cuando hablamos de los derechos de las personas consumidoras, de lo que se trata precisamente es de nivelar y democratizar estas relaciones económicas. El consumo es un terreno que en demasiadas ocasiones se rige por una enorme desigualdad, la que existe, precisamente, entre la ciudadanía y las empresas. Tenemos el deber de combatir esta situación. En la legislatura pasada se llevaron a cabo avances importantes en este ámbito. La nueva capacidad de inspección y sanción en materia de consumo es un ejemplo de ello y nos va dar herramientas importantes para actuar cuando se produzcan abusos. La reforma del Sistema Arbitral de Consumo, junto al refuerzo a las juntas arbitrales municipales y autonómicas, también va a ser clave para fortalecer la voz de la ciudadanía en esta legislatura. El mensaje de fondo es que ningún interés de parte puede imponerse sobre el interés general.

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El Gobierno prepara una ley para evitar la entrada de los menores a páginas de pornografía, ¿participa su Ministerio en la elaboración?

Desde este ministerio se participará desde distintos ámbitos en el plan integral de protección de la infancia. En particular, desde Consumo estamos trabajando para garantizar un control efectivo de la edad en cualquier tipo de producto o servicio orientado a mayores de edad: incluye por supuesto y de forma prioritaria el porno.

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¿El ingreso mínimo vital provocó esperanzas que se frustraron?

Estamos hablando de una propuesta que recabó un amplísimo apoyo parlamentario: 297 votos a favor y ninguno en contra. Creo que este tipo de consensos mandan mensajes positivos para nuestra sociedad. Cuando lo que está en juego es la configuración de redes de apoyo, debemos ser capaces de sobreponernos a nuestras diferencias y comprometernos con la defensa del interés general. Con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), España se dotó de un instrumento de rentas mínimas que opera a nivel nacional, algo que es ya era común en países de nuestro entorno. Pero tenemos la obligación de lograr que el IMV funcione al máximo de su potencial y llegue a todas las personas a las que puede beneficiar. Para que eso suceda, necesitamos facilitar los requisitos de acceso. Se trata, sobre todo, de racionalizar los requisitos burocráticos para que resulte más sencillo acceder a la prestación. Hay criterios que también tendría sentido revisar, como el del cómputo de ingresos, para que el IMV resulte eficaz frente a situaciones de pobreza sobrevenida.

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La adicción al juego es un problema global, ¿soluciones?

Tenemos en cartera una reforma de la Ley del Juego que va a intentar adaptarla al entorno digital en el que nos movemos. Se centrará en la prohibición del acceso de menores a estos sistemas de apuestas y modificará el mismo para establecer un modelo de límites por jugador, como el alemán. Ahora hay límites de depósito en cada una de las páginas. Este modelo funciona en otros países, como en Alemania, y vamos a intentar aplicarlo en España para que haya condiciones seguras en el juego. Se habla de un juego responsable, haciendo recaer la responsabilidad en cada persona, pero de lo que se trata es de generar las condiciones de seguridad para que se pueda jugar o participar en cualquier actividad teniendo garantías. Hay que defender especialmente a los niños, las niñas y los adolescentes, para evitar que caigan en hábitos nocivos o en adicción.

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¿Cómo se podría llevar a cabo?

Hasta ahora, en cada página de apuestas hay un límite de jugador que establece cantidad puedes ingresar y cuando llegas a ella ya no puedes meter más dinero. Pero si vas a otra página de otra empresa puedes volver a hacerlo. Lo que se trata es de unificar ese registro, para que cada jugador tenga un límite que aplique a todos.

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¿En qué momento está Sumar?

Se encamina hacia su asamblea fundacional, que será en marzo y va a ser un hito para la democracia en España. Sumar fue clave para el 23 de julio y poder formar una mayoría y reeditar el gobierno. Confiamos en que sea clave en Galicia para reeditar el Gobierno y también en Galicia. Sumar es un actor cargado de futuro, llamado a vertebrar la España progresista.

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¿Podemos es un problema para el Gobierno?

Podemos está en la misma situación de todos los actores que forman la mayoría parlamentaria en la que se sustenta el Gobierno. Salimos del 23 de julio con el mandato de avanzar, más allá de los intereses de cada uno o de los conflictos entre actores. Todos nos debemos a un mismo mandato y esa es la perspectiva sobre la que afronto.

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¿Es sostenible gobernar con Junts?

Yo creo que sí, por dos cuestiones. Primero, porque todos los actores del 23 de julio salimos con el mismo mandato, porque nos movilizamos para darnos una mayoría y ponernos de acuerdo. Y segundo, porque no hay una alternativa mejor, y en este sentido estamos condenados a entendernos.

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