Moncloa corrige a Ribera tras señalar a García Castellón por imputar terrorismo a Puigdemont y el PP la reprobará

En plena tramitación parlamentaria de la ley de amnistía (el martes se votarán las enmiendas parciales que PSOE y Junts siguen negociando) el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que insiste en el presunto delito de terrorismo que afectaría a Carles Puigdemont en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', ha enfrentado con mucha dureza al Gobierno y al PP. Todo a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en las que la ministra de Transición Ecológica afirmó que el magistrado demuestra una "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", dijo Ribera en 'La hora de la 1' de TVE.

En el PP consideran de una “gravedad extrema” que una vicepresidenta del Gobierno “insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones” y aseguran que Ribera “ha puesto voz a los que dicen que en España hay lawfare”. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo el Ejecutivo “recita el argumentario independentista” aunque eso esté suponiendo “desprestigiar” el sistema democrático. “Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts”, aseguran en Génova.

Ribera respondía al hecho de que el juez de la Audiencia Nacional haya desestimado el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión de enviar la causa de Tsunami al Supremo con el objetivo de que tanto Puigdemont como Marta Rovira (ERC) y otras diez personas de los CDR sean investigados por terrorismo. De hecho, García Castellón sostiene que ve reforzada su tesis sobre que hubo delitos de terrorismo en los hechos investigados.

Y la vicepresidenta aseguró que aunque es "importante" respetar la separación de poderes, "eso no impide ver" que hay personas que ostentan representación institucional del Poder Judicial "que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección" y en un momento "particularmente oportuno" frente a lo que por lo demás "suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial".

En el PP además muestran su enfado al recordar que los socialistas “no cuestionaban la imparcialidad de este juez cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen” y exigen que el ministro del Interior y de Defensa, ambos jueces, comparten esas afirmaciones de la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha insistido en poner el foco sobre el magistrado de la Audiencia Nacional que, en su opinión, "siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas", pidiendo también que "motive y explique" su pronunciamiento. Preguntada directamente por si consideraba que se estaba produciendo un caso de 'lawfare', es decir una persecución judicial atendiendo motivos políticos, Ribera afirmó que resulta "capital" comprender que no solo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino "las formas y las motivaciones". "Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante", volvió a recalcar.