La fiscalía pide al Supremo que abra juicio a Clara Ponsatí por desobediencia

Los fiscales del 'procés' han pedido este jueves a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que abra juicio oral contra la 'exconsellera' y eurodiputada Clara Ponsatí, trámite imprescindible para poder juzgarla después de que el juez Pablo Llarena diera por concluido el sumario seguido en su contra por un delito de desobediencia grave por su responsabilidad en el 1-O.

Tras la reforma del Código Penal que derogó la sedición, Ponsatí quedó procesada solo por desobediencia, lo que le permitía regularizar su situación ante el Tribunal Supremo sin riesgo alguno de ingresar en prisión, porque se trata de un delito para el que esa pena no está prevista. Pero ella optó por forzar su arresto paseándose por Barcelona en una primera visita a España y luego obviando una citación para comparecer directamente en el Tribunal Supremo.

Tomar declaración a Ponsatí era imprescindible para que Llarena pudiera dictar el auto de conclusión de sumario. Finalmente la eurodiputada fue conducida ante el juez de guardia de Barcelona. Se negó a declarar, pero la diligencia se dio por cumplida al serle notificado en persona el auto de procesamiento que comparte con el expresidente Carles Puigdemont y el 'exconseller' y también eurodiputado Toni Comín, aunque ellos, además de a desobediencia, también se enfrenten a un delito de malversación en su modalidad más grave.

Como ellos sí serán detenidos si viajan a España, ninguno ha seguido los pasos de su compañera, que jugó la baza de intentar forzar la inmunidad que le confiere el Parlamento Europeo fuera de nuestras fronteras para evitar regularizada su situación procesal ante el Supremo.

Al ser eurodiputada, será juzgada por el Tribunal Supremo, si antes de la celebración de la vista no se promulga la ley de amnistía que negocia el Gobierno en funciones con Junts y ERC. Salvo el escaño europeo, su situación es idéntica a la de la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la 'exconsellera' de Agricultura en 2017 y actual 'consellera d'Acció Exterior i Unió Europea' Meritxell Serret. Ambas regularizaron su situación en el alto tribunal tras regresar de Suiza y Bélgica. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a un año de inhabilitación a Serret por desobediencia.