¿Será oficial en la UE? ¿Podrá usarse en el Congreso? Los obstáculos que aún tiene que superar el catalán

La puesta de largo de la nueva legislatura parece haber corregido de un plumazo una anomalía que hasta ahora el PSOE decía que era imposible de enmendar: que el catalán (o valenciano), el gallego y el euskera no pudieran usarse con plena normalidad en el Congreso. La pieza clave de los acuerdos de los socialistas con ERC y Junts para blindarse el control de la Mesa de la Cámara fue el impulso de las tres lenguas en las instituciones del Estado y en la UE. Pero el reconocimiento de esta oficialidad dentro y fuera de España no es solo una cuestión de voluntad política, sino que se enfrenta a un rosario de escollos legales, políticos, económicos y logísticos que podrían dilatar, o incluso frustrar, el objetivo final.

Armengol admite "complejidades" para el uso de las lenguas cooficiales y buscará el consenso

Examinemos los tres escenarios que se abren ahora para catalán, gallego y euskera, y los obstáculos que deberán superar en cada uno de ellos.

En el congreso - Ranking: verde

La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció en su primer discurso que permitiría desde ese mismo instante intervenir en cualquiera de las cuatro lenguas de España. En este caso, la instrucción es más sencilla porque el reglamento del Congreso, que data de 1982 y se ha reformado 15 veces, no aborda la cuestión lingüística. Ni autoriza ni prohíbe nada al respecto. De hecho, el artículo 32 faculta a la presidencia para "dirigir los debates y mantener el orden de los mismos", pero añade: "Corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces". La mayoría progresista de la Mesa avalaría sin problemas la instrucción, y aunque Armengol podría hallar resistencias en la Junta de Portavoces, sobre todo en PP y Vox, la mayor parte de los grupos parlamentarios están de acuerdo.

La propia presidenta ha puntualizado que buscará el consenso con los grupos y con los servicios técnicos del Congreso para aplicar la medida con la mayor "eficiencia" ante sus "complejidades". Y es que la cuestión técnica puede ser el auténtico escollo, por el coste económico y logístico que supone la traducción al castellano de las intervenciones en plenos y comisiones que se hagan en catalán, euskera y gallego. La Cámara debería habilitar traductores, cabinas y auriculares para los 350 diputados, lo que requeriría elevar el presupuesto anual del Congreso, que en 2023 fue de 110,4 millones de euros.

El Consell exige a Sánchez que el valenciano 'tenga el mismo estatus de oficialidad' que el catalán

En el caso del Senado, Junts estimó en su día que implantar las lenguas cooficiales en su integridad rondaba los 950.000 euros anuales. En 2011, el presupuesto anual para traductores ascendía a 350.000 euros. La Cámara alta modificó su reglamento en 1994 para normalizar el uso de catalán, euskera y gallego, que han ido ganando protagonismo en la vida parlamentaria. Actualmente se puede emplear cualquier lengua en las mociones que van al pleno, las iniciativas en las comisiones, las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y en todos los escritos que se registran en la Cámara alta

Un letrado de las Cortes, Manuel Fernández-Fontecha, ya ha advertido de que es fundamental regular bien la medida antes de comenzar a aplicarla porque el uso de lenguas distintas del castellano puede afectar a los derechos de los diputados que las desconocen e, incluso, causarles indefensión, porque necesitan comprender lo que se dice para garantizar el necesario debate parlamentario. Una posibilidad sería apobar una reforma del reglamento del Congreso como las que el PSOE rechazó cuando los partidos nacionalistas las promovieron en 2011 y 2022.

En las instituciones del Senado - Ranking: verde

Tanto ERC como Junts arrancaron a los socialistas el compromiso de elaborar una ley orgánica para que el catalán sea una "lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado, incluida la justicia". Este desafío es mucho más complejo porque puede chocar con la Constitución, cuyo artículo 3 distingue entre el castellano como lengua oficial en toda España y las demás solo en sus respectivas comunidades autónomas. Los expertos constitucionalistas admiten tener dudas sobre cuál sería la fórmula más idónea para implementar la medida sin afectar a derechos fundamentales.

El catalán, Pegasus, el 'procés' y el 17-A: ¿qué ha pactado el PSOE con ERC y Junts?

La justicia, el único poder del Estado que no está descentralizado, sería el hueso más duro. Por ejemplo, una ley orgánica podría ser insuficiente para exigir el conocimiento de una lengua cooficial como requisito indispensable, y no como mérito, a los jueces, magistrados y fiscales que vayan a ejercer en un determinado territorio. Ello podría requerir de la reforma de las leyes del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Menos complejo podría ser promover una norma que regulase el derecho de los ciudadanos a usar el catalán, gallego y euskera en todos sus trámites con instituciones del Estado. De nuevo aquí nos toparíamos con el escollo logístico de habilitar las medidas materiales y humanas necesarias para garantizar este derecho.

En la Unión Europea - Ranking: verde

Pero, sin duda, la tarea más hercúlea para el Gobierno será conseguir que la UE reconozca la oficialidad de las tres lenguas cooficiales. De momento, ha solicitado al Consejo, que España preside durante este semestre, que incluya este asunto en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales, que se celebrará en Bruselas el 19 de septiembre. Todavía no está claro en qué punto llegará la petición a esa reunión, si ese día sería objeto de un primer debate político entre los ministros o se produciría ya una votación. Pero el gran problema puede ser convencer a todos los países de que apoyen una propuesta que exige de unanimidad para ser aprobada.

Por ejemplo, Francia podría mostrar reticencias a reconocer como oficiales en la UE dos idiomas, catalán y euskera, a los que no concede este estatus en sus propias fronteras. Objeciones que podrían extenderse a otros países que cuenten con lenguas regionales. España puede apelar al precedente del gaélico, el único idioma cooficial de uso reconocido en las instituciones comunitarias. Irlanda solicitó su oficialidad en 2005 y la obtuvo en 2007, pero no fue hasta 2022 cuando alcanzó el pleno estatus por problemas logísticos. El número limitado de traductores y recursos tecnológicos en irlándes obligó a aplicar una derogación temporal de la oficialidad que caducó el año pasado, 17 años después de la solicitud de Dublín.

Convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la UE supondría traducir a estos idiomas no solo los tratados y toda la documentación y legislación que se produzca a partir de ahora, sino también todo el acervo de los últimos 65 años, desde directivas a sanciones pasando por reglamentos o acuerdos interinstitucionales. E implicaría, claro, una fuerte inversión en intérpretes para traducir todos los debates parlamentarios a tres idiomas más de los 24 que son oficiales hoy en la UE, un gasto compartido que algunos países pueden usar como argumento para bloquear la petición. El Parlamento Europeo tiene unos 600 traductores contratados y otros 1.500 intérpretes externos, dado que existen 552 combinaciones distintas de traducción.

Suscríbete para seguir leyendo