El fiscal del caso Alvia defiende retirar la acusación al ex alto cargo de Adif: "Se confunden causas con consecuencias"

El fiscal Mario Piñeiro ha argumentado, durante una nueva sesión del juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, que decidió retirar la acusación contra el ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, "fruto de la meditación" y "el esfuerzo".

En unas consideraciones previas al inicio de la exposición de su informe, este miércoles, el representante del Ministerio Público ha advertido de que con esta tragedia "se confunden las causas con las consecuencias", al reflexionar sobre "cómo se podía evitar el accidente".

Por su parte, ha concluido que hay que situarse en el momento "anterior" al descarrilamiento, en la curva de A Grandeira, en un tramo sin 'ERTMS' en el que el maquinista, que atendió una llamada del interventor a su móvil corporativo, tenía que pasar de 200 a 80 kilómetros por hora.

Con el cambio comunicado este martes, Fiscalía solo acusa al conductor, profesional de Renfe, al que atribuye los 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.

Solo contra el maquinista

El fiscal ha asegurado con rotundidad que solo el maquinista es el culpable del accidente y que la causa fue la llamada telefónica que recibió del interventor y que le llevó de desocuparse por completo de la conducción del tren.

“Este accidente se explica causalmente por el comportamiento del maquinista. Es una imprudencia grave esa conducta”, ha afirmado el fiscal.

“El maquinista lo infringe todo porque no hace un control adecuado de la velocidad. Infringe el deber esencial de controlar la velocidad del tren en ese punto. La curva es peligrosa. Sí, a esa velocidad de 200 km/h. En sí misma como tal no es peligrosa, lo es por la conducta del maquinista”, ha sostenido Mario Piñeiro.

El fiscal destaca, ya sobre el papel de Adif, la complejidad de las normativas de seguridad que rigen el diseño y construcción de las líneas ferroviarias, su falta de claridad y la sujeción a la interpretación porque está basada en conceptos jurídicos indeterminados. 

“En una situación de esta naturaleza, interpretable y complicada, no se puede ser rotundo. Ante este galimatías jurídico la pregunta es, ¿el criterio aplicado por Adif defrauda la norma? Entiendo que no, que no defrauda la norma”, argumenta el fiscal.