La primera diligencia judicial directamente relacionada con la "Operación Cataluña" que realizará un juzgado español está prevista para este miércoles, aunque es uno de los días convocados por los funcionarios judiciales para hacer huelga, lo que podría obligar a aplazarla. Se trata de la declaración del empresario y expresidente del Barça Sandro Rosell ante el juez de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, en relación con la querella que presentó contra los que considera responsables de su estancia en prisión durante dos años por una causa en la que acabó siendo absuelto.

La admisión de esta querella llevó a que se presentaran otras cuatro que aún no han superado el trámite de la admisión: la de Jean Paul Miquel, de la Banca Privada d'Andorra (BPA), la del exjefe de Policía de Cataluña Narciso Ortega, la del empresario Carles Sumarroca y la del exdirector adjunto operativo de la Caixabank y 'exconseller' Jaume Giró. Su respectivo futuro está en manos de los titulares de los juzgados de Madrid números 9, 37, 10 y 11, quienes pueden decidir remitirlas al juzgado 13 para que se acumulen a la primera, investigarlas independientemente por entender que tratan de hechos diferentes o archivarlas.

La primera

Hasta la querella de Rosell la justicia española no había investigado bajo el epígrafe de "Operación Cataluña" ningún hecho, al entender la fiscalía que ninguna de las prácticas cuando menos controvertidas de la policía política que operó durante el Gobierno del PP no se llegaron a judicializar, lo que hacía innecesario abrir una investigación.

La pieza del caso Villarejo relativa a los registros de la agencia de detectives Método 3 acabó archivada en la Audiencia Nacional y la introducción en el caso Pujol de un pendrive con información personal del primogénito del expresidente de la Generalitat fue neutralizado por el instructor de la causa sobre la fortuna de la familia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó condenando a un año de cárcel al que era director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. La justicia andorrana, en cambio, sí admitió a trámite una querella de los hermanos Cierco, máximos accionistas de BPA, en la que están imputados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Hacienda y del Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.

Aclarar dudas

El instructor de la querella de Rosell, el juez Barrera aún no ha puesto fecha para que declare el principal imputado de las cloacas policiales que se atribuyen al Gobierno de Rajoy o el resto de querellados por el empresario, que se basó en informaciones de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, con las veces que era mencionado en la agenda y las grabaciones de Villarejo. El magistrado empezará escuchando al propio Rosell, como perjudicado, le hará un ofrecimiento de acciones y le pedirá que aclare los hechos que atribuye a cada querellado.

La querella admitida por los de juzgados de Madrid considera que con Rosell se cometieron los delitos de organización criminal, denuncia falsa, detención ilegal y falsedad en documento oficial por parte de funcionario público; se dirige contra los supuestos integrantes de la 'cloaca policial' del PP y contra un exmiembro del FBI en España, Marc L. Varri, que dentro de la "Operación Cataluña", presuntamente urdieron un plan para iniciar una investigación contra el expresidente del Barça.

Villarejo, responsable

La querella recuerda que el propio Villarejo reconoció haber sido responsable de lo que denominó 'Proyecto Barna' u "Operación Cataluña". Se basa en las maniobras en su contra que presuntamente llevaron a cabo los integrantes del calificado por la Fiscalía Anticorrupción como "clan policial mafioso" que lideraba.

También se apoya en fragmentos sonoros grabados por el propio exmando policial, difundidos por el diario digital 'El Mon', que evidencian que la actual senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho le pidió que investigara a Rosell. Ella no está incluida entre los querellados, al estar aforada ante el Tribunal Supremo.

La querella sostiene que pese a que Rosell no ejercía en 2012 ningún cargo público, ni militaba en ningún partido alguno, los responsables de las 'cloacas' le consideraban cercano al independentismo. "Esta circunstancia, unida a la indudable relevancia social del FC Barcelona, puso al querellante en el punto de mira de dicho entramado delictivo", prosigue. En uno de los audios Sánchez-Camacho afirma que la familia de Rosell era "una de las fundadoras del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), junto con las familias Pujol y Sumarroca, y que fueron estas personas quienes habrían le habrían 'colocado' al frente de la entidad deportiva azulgrana".

Manos Limpias

El abogado de Rosell, Pau Molins, sostiene que también habrían participado en la investigación parapolicial contra Rosell los responsables del pseudosindicato Manos Limpias, cuyos directivos interpusieron una querella contra el expresidente del Barça por el fichaje del jugador brasileño Neymar Jr. Además, según la querellaen mayo de 2014 el comisario jubilado contactó con el agente enlace del FBI en España Marc L. Varri, con quien mantenía "una larga y estrecha relación".

"Según las referidas noticias de prensa, en dichos encuentros se habría acordado activar -o, en todo caso, aprovechar- un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto 'Fifagate', de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial por las autoridades españolas respecto de Rosell en relación con asuntos que nada tenían que ver", destaca.

Esta investigación procedente de Estados Unidos estaría, según la querella, en el origen de la abierta en España que permitió el ingreso en prisión de Rosell. "Marc L. Varri intervino personalmente en algunas de las diligencias que se llevaron a cabo a resultas de la citada investigación [...], aunque, sospechosamente, no en las relacionadas con Rosell. De hecho, habiendo sido formalmente citado a declarar como testigo en el juicio, no se dignó a comparecer y ni tan siquiera justificó su ausencia", añade.