Con la entrada en vigor de la ley 'sólo sí es sí' se están conociendo las primeras sentencias que rebajan la pena de acusados por delitos sexuales, pese a que el objetivo de la norma era frenar la impunidad y reforzar la protección de las víctimas. Sin embargo, en la difícil gestación de la ley, una parte del ámbito judicial, con el Poder Judicial a la cabeza, avisó de que la reforma podía implicar una merma en ciertas condenas, dado que se rebajan las penas mínimas y las máximas de algunos casos. Pero el Ejecutivo, tras analizar a fondo la norma, aprobó la legislación sin cambios sustanciales en la tipificación y las horquillas. Por eso, la llegada de las primeras rebajas de condena y las consiguientes excarcelaciones ha golpeado de lleno al Gobierno, que ha encajado el varapalo de manera desigual.
Por un lado, el ala socialista se ha abierto a "estudiar" una reforma de la ley si se demuestra que esta conduce a algún tipo de beneficio para los agresores sexuales, como aseguró el martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha corroborado este miércoles la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría. También algunos barones socialistas se han mostrado a favor de retocar la legislación "cuanto antes". Sin embargo, Pedro Sánchez, ha recetado calma a propios y ajenos al apostar públicamente por "esperar a ver qué dicen los tribunales y la fiscalía", a que estos "unifiquen criterios y doctrina" y, a partir de ahí, analizar "qué pasos dar".
A este respecto, la Audiencia Provincial de Madrid se reunirá el 25 de noviembre para decidir si la revisión de las condenas se realiza de oficio o a petición de las partes, aunque en este tribunal se han rebajado ya varias condenas. A su vez, la Fiscalía General del Estado ha informado de que está analizando las revisiones para decidir si es necesario unificar criterios con la elaboración de una circular que sirva de guía a los fiscales a la hora de aplicar la norma. Por su parte, la Audiencia Provincial de La Rioja ha comunicado que ha revisado 54 sentencias y, "hasta el momento", ninguna ha sido modificada a la baja. Y tampoco le consta al Govern ninguna rebaja en las sentencias catalanas. Por el contrario, Baleares ha ordenado la excarcelación de dos presos. La disparidad de criterios, por tanto, es evidente y es previsible que en los próximos días continúe el goteo de fallos a la baja.
La reacción de Igualdad
Sin embargo, la voluntad del Ejecutivo a la hora de impulsar una norma que determina si hay o no delito en función del consentimiento explícito, era frenar la impunidad y acabar con fallos judiciales como el de 'La Manada' de Pamplona, que castigó a los cinco agresores por abuso y no por agresión, una pena que después revisó el Tribunal Supremo, tras las protestas feministas.
"La voluntad fue reforzar la seguridad de las mujeres al extender como agresión sexual todo delito sexual y por lo tanto que hubiera penas más agravadas", ha subrayado Sánchez, además de recordar que la norma es "una gran conquista del movimiento feminista" e inspirará "a muchas leyes en el mundo".
Por su parte, el Ministerio de Igualdad, impulsor de la normativa, ha señalado alto y claro que la ley es correcta y que el único problema que "los jueces no están cumpliendo la ley" y la están aplicando de forma "errónea" o defectuosa" por "machismo", en palabras de Irene Montero. La ministra ha descartado reformar la norma y ha abogado por cumplir los artículos de la ley "sí es sí" que refuerzan la formación en género de todos los operadores de justicia. Montero ha precisado además que está de acuerdo con la decisión de Sánchez de esperar a que el ámbito judicial unifique doctrina, aunque ha marcado el camino a los jueces: tienen que actuar "en defensa de los derechos de las mujeres y garantizar que no hay impunidad para los agresores".
El choque y los socios
La decisión de Igualdad de culpar a los jueces de hacer una interpretación "patriarcal" de la ley "sí es sí", estrategia que ha respaldado Unidas Podemos al denunciar que "fachas con toga" tratan de boicotear una de las leyes estrella de los morados, ha incomodado a los socialistas. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado que "las descalificaciones a los jueces, con carácter general", ni le gustan ni las comparte. A su vez, el Consejo General del Poder Judicial ha expresado su "firme repulsa" a los "intolerables ataques" contra los jueces.
En PP ha aprovechado la polémica para pedir la dimisión de Montero y presentar una moción en el Senado, que se debatirá la próxima semana, y que obligará a los socios del Gobierno a retratarse sobre si quieren realizar una "inmediata revisión" de la ley de libertad sexual.
Los socios minoritarios
Por su parte, los socios parlamentarios del Gobierno se han puesto del lado del Ejecutivo al considerar que el problema es la interpretación sin perspectiva de género. PNV y ERC se han mostrado favorables a modificar la ley si está provoca rebaja de algunas penas, pero "no en base a titulares", sino de forma "sosegada". Los republicanos han recordado, además, que presentaron algunas enmiendas para evitar las posibles rebajas y estas fueron rechazadas.
En la misma línea, el Ejecutivo catalán ha criticado el "sesgo" de los jueces que han revisado a la baja, situación que en opinión de la consellera de Igualdad, Tània Verge, no debería darse porque "la jurisprudencia del Supremo es clara sobre que no existe revisión si las penas están dentro de la horquilla". No obstante, también se ha mostrado a favor de que se retoque la norma si es necesario para evitar interpretaciones erróneas.
