La delegada de Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, no considera necesario una modificación o puntualización a la ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí' porque, a su juicio no sería una solución al problema jurídico que se está denunciando por la reducción de condenas a violadores.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Rosell ha explicado que cambiar ahora la normativa --que lleva en vigor algo más de un mes-- sería "jurídicamente una barbaridad" porque "agravar ahora las penas respecto a la sentencias anteriores no tienen ninguna virtualidad".

Sin embargo, el propio Pedro Sánchez no se ha cerrado a modificar la norma, que ha defendido al tiempo que ha apelado a la sensibilidad de los jueves. "Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales y la fiscalía, que unifiquen criterios y, a partir de ahí veremos qué pasos dar", ha explicado el presidente del Ejecutivo en una comparecencia ante los medios de comunicación en Bali después de la clausura de la Cumbre del G-20.

Por su parte, Rosell considera "obvio" que si se pregunta "en un pasillo a cualquier cargo político" sobre este tema responda que es posible estudiarlo, pero ha apuntado que "jurídicamente" una modificación "no es una solución". "Y además no es una solución porque el problema no existe", ha declarado, antes de señalar que tanto el legislativo, como el ejecutivo "han hecho los deberes". A su juicio, lo que ahora hace falta es que "el judicial la interprete y se forme conforme a los estándares internacionales y conforme a lo que recomendó la CEDAW diciendo que la justicia parcial y la justicia machista crea cultura de a impunidad".

Sobre "la voluntad del legislador" ha hablado también la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha indicado que en los informes del CGPJ, el Ministerio Fiscal o el Consejo de Estado, "nadie advertía de esta situación", sino "más bien de lo contrario". En concreto, según ha indicado Rodríguez, el CGPJ "advertía de que elevar los máximos podía suponer que se elevasen la penas".

"No cumplen la ley"

A su juicio, "lo que está sucediendo es que los jueces no están cumpliendo la ley" y considera "bastante grave" que, en el caso de la rebaja de condena a un padrastro condenado por violar a su hijastra menor de edad, "el juez no aprecie que hay superioridad o vulnerabilidad de la victima o abuso de esa situación de superioridad por parte de un padre que intenta violar a su hija". "Porque esto es lo que ha sucedido, que no se ha aplicado correctamente la ley y por tanto hacemos un llamamiento a que se cumpla la ley, que no solamente es interpretar el Código Penal, sino que haya formación obligatoria para los jueces", ha señalado.

Sobre sus expectativas de que el Tribunal Supremo dicte jurisprudencia en esta materia, Rosell ha indicado que ya la tiene y que es "muy consolidada". A su juicio, "no es difícil de interpretar" porque lo que dice es que "si en la sentencia anterior, la pena fuera imponible con la nueva ley no se revisa, aunque sea a la baja".

Casos "inéditos"

Para Rosell, lo es que está ocurriendo en estos casos "es inédito en la historia penal" del país. En concreto, el hecho de que "se estén revisando condenas cuando se ha rebajado el limite mínimo y mantenido el máximo" que, según ha insistido, era de lo que advertía el CGPJ. "Nadie pudo prever que se revisaran las leyes sin rebajar los máximos", ha insistido. Rosell ha pedido que se "deje de mirar al Gobierno" y se "mire a los tribunales" o se "piense en las víctimas". En ese caso, según ha indicado, se evitaría usar a las víctimas de estos casos como debate.

Finalmente, y preguntada por su opinión sobre la reunión que la Audiencia Provincial de Madrid ha convocado para el próximo 25 de noviembre, la delegada del Gobierno ha señalado que "por supuesto" se han de reunir "para unificar criterios" y espera que "no se aparten, por seguridad jurídica, de la jurisprudencia del Supremo y del Código Penal".