Las trabas administrativas no dejan reconstruir las zonas afectadas por el volcán en La Palma

Los decretos que deben establecer los pasos a dar en la reconstrucción de La Palma siguen contando con trabas administrativas y están a la espera del procedimiento de evaluación ambiental que permita proceder a su aprobación. Un requisito que el Gobierno de Canarias pretende salvar armándose de argumentos jurídicos que defiendan la validez de estos documentos.

A pesar de estar casi concluidos al final de la pasada legislatura, un informe del Estado alertó al Gobierno de Canarias de la presencia de irregularidades en ambos decretos. En concreto, se detectó que en algunas partes se invadían competencias en legislación básica estatal, incluso de inconstitucionalidad por chocar con algún artículo de la Constitución Española, haciendo necesario ese procedimiento de evaluación ambiental.

Desde el Gobierno de Canarias se ha puesto este asunto en manos de expertos en materia urbanística y en aspectos constitucionales para tratar de salvar esas irregularidades, intentando incluso que no sea necesario elaborar ese informe de evaluación ambiental, que es el que se requiere a la hora de elaborar un plan general, ya que esto implicaría, prácticamente, comenzar de cero.

Así lo ha informado la consejera regional de Presidencia, la palmera Nieves Lady Barreto, quien ha destacado que se trabaja en la justificación con argumentos jurídicos y legales por parte de quienes lo están desarrollando, con el fin de hacer ver que en este caso no es necesaria la evaluación ambiental. Ese trabajo se desarrolla con la premisa de que no es la primera vez que el Ejecutivo regional utiliza argumentos jurídicos para hacer válido un documento especial para las islas. Ocurrió anteriormente con la Ley de Islas Verdes, que también tuvo que saltar obstáculos para llegar a Europa y ser aprobada.

El decreto de reconstrucción se presentó el 7 de julio después de un proceso de consenso con los vecinos y las plataformas.

Un informe del Estado alertó de la presencia de irregularidades en estos documentos

Se trata de un decreto que, entre otras cuestiones, establece la creación de un consorcio donde los vecinos tienen participación y permitiría a los afectados pedir licencias y construir, mantener sus propiedades, optar por una permuta o que se le compre al valor del mercado antes de la erupción.

En cuanto al decreto agrícola, contempla la reparcelación de toda la zona afectada por la lava al oeste de la antigua carretera Los Llanos-Puerto Naos, y permitiría que haya una redistribución nueva de la propiedad, teniendo en cuenta la nueva orografía, y un diseño más eficiente de las denominadas zonas comunes, caminos, vías, redes de riego e instalaciones eléctricas. Además, para aquellas personas que no quisieran participar, se establece la posibilidad de una expropiación y una ayuda complementaria, con el fin de indemnizar con un valor más justo a estos propietarios.

El nueve Ejecutivo conoció en el momento de traspaso de gobierno que estos decretos cuentan con informes previos emitidos por el Estado que advierten de las irregularidades que imposibilitarán su tramitación. Así lo advirtió Barreto, quien en respuesta a los anteriores responsables públicos canarios saca a la luz la problemática que se han encontrado en la gestión de la tramitación parlamentaria de estas normas. Fue cuando mantuvieron la primera reunión de trabajo cuando gracias al Comisionado del Estado, Héctor Izquierdo, se percataron de que pesaban sobre los mismos algunos informes negativos.

Barreto indicó que fue el propio comisionado quien «nos advirtió de la necesidad de salvar las irregularidades». Fue entonces cuando Izquierdo comentó que estos decretos se habían remitido al Gobierno de España para el control de legalidad previo, y «cuentan con advertencias de irregularidades, de invasión de competencias estatales, de inconstitucionalidad y exigían estudios de impacto ambiental», señaló la consejera, que destaca que «con esa sorpresa nos encontramos».

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