Afectados por la Ley de Costas en La Palma acuden a Europa por los derribos

Los conductos legales en España se han agotado para las familias que luchan para evitar el derribo de sus casetas en el litoral del municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, lo que los impulsa a trasladar a la justicia europea su caso, intentando de esa manera paralizar el procedimiento.

Son medio centenar de vecinos de los núcleos de Puntalarga y El Faro, en el litoral del sur de la Isla, los que se han puesto en manos del abogado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, para este largo procedimiento que ya les ha llevado varios años.

El letrado muestra la confianza en que Europa «nos dé la razón» porque cree que la Ley de Costas española «inculca derechos privados», además de que, matizó, «en estos momentos el PP también ha presentado ante el Senado una modificación de la Ley de Costas para que los núcleos urbanos consolidados queden desafectados en dicha ley», y las zonas de Puntalarga y El Faro cumplen estos requisitos, indicó.

Langa González explicó que esta decisión se toma toda vez que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación presentados contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que ha condenado con 2.000 euros en costas procesales a cada una de las familias afectadas.

Medio centenar de familias de Fuencaliente deben abonar 2.000 euros en costas procesales

Esta acción judicial se llevará a cabo para evitar los desalojos forzosos en estas poblaciones, que afectarían a más de cincuenta viviendas, y unas doscientas personas, pero que «solo es la punta del iceberg, pues hay muchos otros núcleos urbanos en Canarias que están en la misma situación», y una sentencia favorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sería un precedente que favorecería a los otros enclaves.

El abogado recordó que será en esta misma semana cuando se eleve el recurso ante el Tribunal de Justicia europeo, y se pedirá que se suspendan las ejecuciones de derribo que existen sobre estos dos núcleos palmeros, además de, también, apelar al Gobierno de Canarias a que siga con la reclamación al Estado las competencias plenas en Costas para «evitar estas situaciones de incertidumbre».