La jueza archiva la denuncia del 'caso Laycas' contra el alcalde de La Laguna y tres de sus concejales

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, archiva el caso Laycas, abierto por una denuncia del edil del Ayuntamiento lagunero, Alfredo Gómez, contra el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y cuatro concejales de su mismo partido (PSOE), tres que siguen en funciones en el Gobierno local y uno que lo abandonó hace ocho meses. La magistrada descarta, en contra de lo expuesto por Alfredo Gómez, que el Gobierno lagunero creara una «red clientelar» para favorecer a familiares y amigos, y deja claro que los contratos cuentan con informes favorables del interventor municipal y los servicios jurídicos.

El auto de sobreseimiento provisional de la causa, con fecha del pasado martes, deja sin imputaciones por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y los concejales de su actual equipo de gobierno en funciones Yaiza López (responsable de Cultura y Participación Ciudadana), Carla Cabrera (Mercados y Presidencia) y Badel Albelo (Seguridad y Fiestas). También queda libre de las imputaciones el exedil Alejandro Marrero, que dimitió el 22 de noviembre del año pasado como responsable de Hacienda y Seguridad después de verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial.

La decisión de la jueza llega dos meses después de que la Fiscalía provincial pidiera el archivo provisional de este caso. En el escrito del ministerio público, fechado el pasado mes de octubre, el fiscal Jonay Socas defendió que las diligencias practicadas -las declaraciones de los investigados y la documentación de los contratos menores- «no arrojan indicios suficientes para continuar con la instrucción». La jueza corrobora los argumentos del fiscal y las defensas de los denunciados y los amplía en un auto en el que descarta el mínimo indicio delictivo del alcalde socialista de La Laguna y sus compañeros del equipo de Gobierno municipal.

El caso parte de una denuncia presentada el 31 de mayo de 2021 por Alfredo Gómez, concejal de La Laguna y en ese entonces presidente de la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno del Consistorio lagunero. Fue cesado por el alcalde como responsable de la Comisión poco después de la presentación de la querella, en julio de 2021, y pasó a ser no adscrito tras abandonar Ciudadanos. Luego se unieron a la denuncia los concejales de Coalición Canaria Jonathan Domínguez y Francisco Hernández. 

Gómez fue ampliando la documentación y de 116 contratos menores supuestamente irregulares pasó a más de 300. Entre los nuevos documentos que aportó el edil figuran dos informes del que fuera secretario del pleno del Ayuntamiento de La Laguna hasta el pasado 15 de marzo, Octavio Fernández. En ellos, el habilitado nacional declaró nulos e ilegales 228 contratos menores adjudicados por el Gobierno lagunero entre 2019 y 2021 que suman 2,6 millones de euros. Fernández ordenó además la revisión de estos contratos adjudicados a dedo y concluyó que eran ilegales porque suponen un fraccionamiento de contratos mayores. 

La titular del Juzgado de Instrucción 2 exime al alcalde al no firmar ninguno de los decretos

En la denuncia que llevó a la jueza María Celia Blanco a abrir las diligencias por indicios de irregularidades, Alfredo Gómez expuso una presunta «red clientelar», desde que Luis Yeray Gutiérrez llegó a la Alcaldía en junio de 2019, consistente en la adjudicación de contratos «a dedo» a familiares y amigos, algunos «con un claro vínculo» con el PSOE, el mismo partido al que pertenecen los querellados, y por cantidades que incumplen la Ley de Contratos Públicos, que fija un máximo de 15.000 euros.

Para la jueza, no existen indicios de ese presunto interés o arbitrariedad para favorecer a familiares y amigos, y además detalla que los contratos denunciados contaban con los informes favorables de la intervención municipal y los servicios jurídicos. Algunos de los expedientes de esos contratos tuvieron que ser modificados a instancias de los servicios de control jurídico del Ayuntamiento para finalmente recibir el visto bueno.

En concreto, sobre Luis Yeray Gutiérrez, ya el fiscal apuntó que «no existe participación activa en los ilícitos denunciados». La jueza confirma en el auto de archivo conocido ayer que ninguno de los decretos que se le atribuyeron al alcalde lleva su firma. Asimismo, sobre el presunto trato de favor del alcalde a Desiré Trujillo, representante de tres empresas incluidas en la denuncia de Alfredo Gómez -Catering Mi Favorita, Devicserver y Venclean-, la magistrada niega que se pueda acreditar la amistad entre ambos «más allá de imágenes de redes sociales» y rechaza que esas fotos «en actos públicos» sirvan para demostrar que el alcalde pudo prevaricar, es decir, adoptar una decisión a sabiendas de su ilegalidad. Añade María Celia Blanco sobre otros presuntos favores al primo de Luis Yeray Gutiérrez, el cantante Moisés Patricio, que en realidad no es su primo, sino primo de la madre del alcalde, «y parece tener una larga trayectoria musical».

La cauda partió de una denuncia de Alfredo Gómez cuando el edil presidía la Comisión de Transparencia

En relación a Yaiza López, que es concejala de Cultura en funciones, la magistrada argumenta que los 20 decretos que se le atribuyen en la querella relacionados con actos culturales fueron a propuesta de los técnicos de Actividades Musicales y varios fueron rechazados por el interventor municipal por fraccionamiento de contratos mayores en menores. La Concejalía de Cultura modificó los decretos para ser finalmente validados, por lo que no hay irregularidad.

En la denuncia también se relaciona a Yaiza López con irregularidades en contratos de suministros, restauración y tareas de limpieza por la covid. «Todos cuentan con informes favorables y propuestas de adjudicación y de no fraccionamiento», motivos por los que la jueza descarta los indicios delictivos. Asimismo se acusó a Yaiza López de favorecer a su hermano Alejandro, que trabaja para empresas relacionadas con el sector cultural y la comunicación. «El hermano de Yaiza López no es ni representante, ni administrador ni nada por el estilo de las empresas La Creme Film SL o We Are Paradisso».

La jueza también niega, en relación con Badel Albelo, edil de Fiestas, que como asegura la querella favoreciera la contratación de la que fue su pareja, la cantante Silvia Zorita. «No existe ningún contrato con ella, pues es trabajadora por cuenta ajena de varias empresas dedicadas a los espectáculos, desde muchos años antes que su pareja, Badel [Albelo], y su amiga, Yaiza [López], llegaran al Ayuntamiento». La magistrada aclara que las contrataciones se hacían con las empresas, no de forma directa con la cantante. Lo mismo ocurre con Giancarlo Santelli, que la jueza asegura que sí era amigo de Badel Albelo -«formaban dúo musical»- pero con el que no se firmó ningún contrato de forma directa.

En los otros decretos de Badel Albelo en los que la querella de Alfredo Gómez aprecia irregularidades, así como en los de otra concejal denunciada, Carla Cabrera, la magistrada matiza que «se constatan informes favorables». 

Por último, la jueza se refiere a la parte que afecta a Alejandro Marrero, que dejó de ser concejal de Hacienda y Seguridad en noviembre del año pasado, con posterioridad a la querella de Alfredo Gómez. En la denuncia se explicaba que el Ayuntamiento de La Laguna adjudicó dos contratos menores de 8.089 euros y 13.549 euros a Julio Marrero, padre del concejal, en representación de Pinturas Juno, para pintar y hacer labores de mantenimiento en centros ciudadanos. La magistrada argumenta en el auto de sobreseimiento provisional de la causa que el padre del edil «no es propietario de la empresa Pinturas Juno, como se dice en la querella, y de quien no consta que haya firmado decreto alguno relacionado con dicha empresa». 

Alfredo Gómez ha anunciado su intención de recurrir la decisión de María Celia Blanco al mantener que hay irregularidades.