La justicia británica pospone unos días su decisión sobre la extradición de Julian Assange a EEUU

La justicia británica ha evitado pronunciarse este miércoles sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras dos días de vista en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Los jueces han decidido finalmente posponer unos días la decisión, después de escuchar los argumentos de la defensa y de la acusación en torno a la presunta vulneración de la libertad de expresión del periodista y de las motivaciones políticas detrás de su extradición. Assange, quien no ha podido asistir a ninguna de las dos sesiones en el tribunal por motivos de salud, se enfrenta a una condena de hasta 175 años de cárcel por la publicación de miles de documentos clasificados del Pentágono, relacionados con las guerras de Irak y de Afganistán.

Los abogados del Gobierno estadounidense han tratado de desmontar este miércoles los argumentos en contra de la extradición, expuestos el día anterior por la defensa. Uno de ellos reside en el derecho a la libertad de expresión, contemplado en el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, y que según los abogados del activista debe aplicarse en este caso. La acusación sostiene que Assange presionó a su informante, la entonces soldado del Ejército estadounidense Chelsea Manning, para que obtuviera de forma ilegal documentos comprometedores para Estados Unidos y que este hecho va más allá de la actividad periodística.

Julian Assange se aferra a su última oportunidad ante la justicia británica para evitar la extradición a Estados Unidos

Riesgo para los informantes

Los abogados del Gobierno estadounidense han acusado al periodista de obtener los documentos a conciencia y de forma indiscriminada, en muchos casos con información de escaso interés público, y que al hacerlo puso en riesgo la vida de los informantes de ese país en Irak, Siria o Afganistán, quienes en algunos casos desaparecieron o se vieron obligados a huir. Estas acusaciones han sido desmentidas en repetidas ocasiones por los aliados de Assange, que aseguran que no existen pruebas que demuestren el daño ocasionado a los informantes debido a estas revelaciones. 

La defensa del activista ha recordado a los jueces del tribunal que los documentos publicados por Wikileaks entre 2010 y 2011 destaparon crímenes de guerra cometidos durante años por varias administraciones estadounidenses, y que por lo tanto sí eran de interés público. Esto demuestra, en su opinión, que detrás de la petición de extradición existen motivaciones políticas: algo que vulneraría el artículo 4 del tratado de extradición firmado entre el Reino Unido y Estados Unidos. Los representantes legales del Gobierno de Washington han negado estas acusaciones y han puesto como prueba el hecho de que la Administración del actual presidente, Joe Biden, haya optado por mantener la petición de extradición ordenada durante la presidencia de Donald Trump.  

Penas desproporcionadas

Los familiares de Assange alertan de que su entrega a Estados Unidos aumentaría el riesgo de suicidio y afectaría a su ya debilitada salud física y mental. Unos argumentos que ya tuvo en cuenta la jueza Vanessa Baraitser para frenar su extradición en 2021, pero que fueron descartados a finales de ese mismo año, después de que el Gobierno estadounidense ofreciera un conjunto de garantías a la justicia británica. La mujer del activista, Stella Assange, ha asegurado en los últimos días que teme por la vida de su marido en caso de que sea extraditado y ha recordado que el Gobierno estadounidense conspiró para secuestrarle y asesinarle durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, entre 2012 y 2019. Este plan, publicado en un artículo de 'Yahoo News' en septiembre de 2021, no debería ser tenido en cuenta por los jueces, según la acusación, porque "carece de fundamento".

Los magistrados sí han mostrado su preocupación por la posible aplicación de nuevos cargos contra Assange una vez pise territorio estadounidense, más allá de los 17 delitos que pesan sobre él por espionaje y otro por acceso delictivo a un ordenador del Pentágono. Los abogados de Estados Unidos han evitado descartar que se le pueda imputar un delito de traición, que podría implicar la pena de muerte. Para los defensores del activista, la posibilidad de que se le apliquen penas "desproporcionadas" es un riesgo real y establecería un peligroso precedente en el ejercicio de la libertad de prensa. La posibilidad de que se conceda la extradición a Estados Unidos de un ciudadano extranjero, añaden, es todavía más preocupante.

En caso de que los jueces den finalmente luz verde a la extradición, Assange sólo podrá presentar recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que podría frenar la entrega temporalmente a través de la norma 39 –utilizada anteriormente para detener el primer vuelo de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda en 2022–. Una victoria del activista, por el contrario, le permitiría seguir con su batalla judicial en el Reino Unido. El tribunal dará a conocer su decisión en las próximas semanas.