Milei enfrenta su primera huelga general mientras trata de sortear los obstáculos a sus leyes en el Congreso

El Gobierno de ultraderecha de Argentina enfrenta por estas horas un doble y simultáneo desafío: la calle y el Congreso. De un lado, la primera huelga con movilización del movimiento obrero, acompañada por distintas facciones del peronismo y la izquierda. Todos unidos este miércoles en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la llamada Ley Ómnibus que apuntan a reducir al Estado argentino a su mínima expresión, desregular la economía, privatizar bienes estatales y recortar numerosos beneficios sociales. Al mismo tiempo, las audaces iniciativas del presidente Javier Milei tienen por estas horas su prueba de fuego en la Cámara de diputados. El Gobierno realizó algunas concesiones a los sectores de la oposición de centroderecha y la derecha tradicional para avanzar con su proyecto de "refundar" el país. La huelga de 12 horas y el masivo acto de los sindicatos frente al Parlamento, intentan constituirse en un factor de presión que disuada a algunos de esos legisladores todavía dubitativos. "Los que dialogan no van a poder caminar por la calle", advirtió Héctor Daer, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La inflación de diciembre del 25%, fruto de una devaluación del 1.188%, y el número similar que se espera para el presente mes son el caldo de cultivo de un malestar que agrava la situación de penuria. Milei considera esta carestía apenas el precio que debe pagarse para sacar a este país de un "colectivismo" de 100 años. El anarcocapitalista mide su fuerza especialmente a partir de lo que le informa el termómetro de las redes sociales, donde construyó su proyecto de poder en pocos años. Sin embargo, la medida de fuerza que encabeza la CGT no forma parte de la realidad virtual y amenaza con canalizar la bronca que se destila en los hogares por el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar y del transporte público.

Milei admite la naturaleza del desafío pero cree que saldrá victorioso. El día 24 se va a "demostrar que hay dos Argentinas: la que se quiere quedar en el pasado y la que quiere ser un país desarrollado". La resistencia en las calles y en la legislatura son parte de lo mismo, y por eso volvió a esgrimir una encendida defensa de sus iniciativas. "Cuando uno ve el impacto de las reformas del DNU, eso haría que Argentina se pareciera a un país como Alemania".

"Regímenes totalitarios"

Por lo pronto, un país con un 45% de pobres no parece tener demasiado margen para el experimento económico que el presidente esbozó la semana pasada en Davos frente a un auditorio atónito y advertido de que Occidente camina al socialismo. Si bien el Gobierno confía en que derrotará a los impugnadores de su proyecto, prepara un fuerte dispositivo de seguridad para disuadir a la población de acercarse espontáneamente al Congreso. De hecho, si la Ley Ómnibus estuviera vigente, la protesta sería declarada ilegal, no solo porque se busca a través de esa normativa erradicar en los hechos el derecho a huelga, sino que castiga a los organizadores de una medida de fuerza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una mínima concesión a los diputados: el número de personas que son susceptibles de ser castigadas por aglomerarse en el espacio público ha pasado de tres a 30. Los pilares de la propuesta que debería votar el Congreso siguen en pie. Aquellos que "organicen" o "coordinen" una "reunión o manifestación" pueden recibir una sanción de cinco años de cárcel además de pagar "por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado". El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguró que esa normativa es propia de los "regímenes totalitarios". La protesta "deja de ser entendida como parte de la vida democrática, y pasa a ser un delito contra el orden público".

Indiferente a la advertencia de uno de los principales organismos defensores de los derechos humanos, Bullrich blandió su espada retórica: "Argentina necesita orden económico y social en las calles para ser un país ordenado. Se van a encontrar con un Gobierno que no va a ceder tan fácil". Las autoridades evaluaban la posibilidad de presentar acciones judiciales contra quienes asistan a la movilización. A su vez, ya advirtió que descontará la jornada laboral a todos aquellos trabajadores estatales que decidan unirse a la movilización, a pesar de estar garantizada constitucionalmente. "Quieren generar miedo", dijo Daniel Catalano, un dirigente de ese sector. Pablo Moyano, del sindicato de camioneros, y un antiguo adversario de la ministra, le recordó que si la dictadura no pudo derrotar al movimiento obrero tampoco lo hará esta administración que se nutre de la "casta" que Milei prometió erradicar. Bullrich fue la ministra de Trabajo que en 2001 descontó el 13% de los salarios durante la presidencia de Fernando de la Rúa, quien abandonó su puesto en medio de un estallido social y un derrumbe económico, en diciembre de ese año.

Negociaciones paralelas

Con este trasfondo, el Ejecutivo remitió una nueva versión de la Ley Ómnibus a los diputados proclives a "conversar" con la ultraderecha. Como gesto de buena voluntad, el Gobierno eliminó 100 de los 300 artículos. Hay modificaciones sobre el modo de actualizar las pensiones en medio de una situación inflacionaria. Milei aceptó reducir el plazo de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa y de las delegaciones legislativas a un año. La petrolera YPF, de la que el Estado es dueño del 51% de las acciones, quedó fuera del listado de empresas a ser subastadas. Otros bienes podrán ser privatizados parcialmente. No se podrán blanquear capitales que se encuentren a nombre de terceros. Quedan a su vez excluidos de ese beneficio los funcionarios. Se retrocedió en el empeño de demoler el Instituto Nacional De Cine y el Fondo Nacional de las Artes, entidades que el Gobierno observa como meros reductos izquierdistas. A pesar de esas concesiones, el peronismo opina que la matriz de la iniciativa ha quedado intacta y que llevaría al país a un desastre.

La capacidad de Milei de negociación tiene un límite y es su credo. En medio de las tensiones con el sindicalismo y las tratativas parlamentarias, el presidente dispuso que "toda la documentación oficial de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda 'Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad'".