La denuncia de genocidio contra Israel: ¿puede el Tribunal Internacional de La Haya detener la guerra en Gaza?

La destrucción israelí y su matanza en Gaza tienen una cita con la justicia. Este jueves y viernes se celebran en La Haya las primeras audiencias de la denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Un proceso que comienza tres meses después de que el Estado judío iniciara su asalto militar sobre la Franja como respuesta al ataque de Hamás en su territorio. En esta primera fase no se decidirá si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, sino la suerte de una serie de medidas cautelares e inmediatas reclamadas por Sudáfrica para proteger a los palestinos del enclave.

La más importante pide al tribunal que ordene a Israel detener "de forma inmediata" su ofensiva sobre la Franja para prevenir el riesgo de genocidio. Un posible desenlace que no podrá imponer con medidas coercitivas, pero que podría acarrear serias repercusiones para el Estado judío, que niega todas las acusaciones.

La acusación por genocidio de Sudáfrica

La denuncia acusa a Israel de vulnerar sus obligaciones ante la Convención sobre el Genocidio de 1948, creada precisamente para evitar que se repitieran las atrocidades perpetradas por los nazis contra el pueblo judío. En sus 84 páginas expone que las acciones israelíes en Gaza tienen carácter genocida porque "buscan la destrucción substancial de los palestinos como grupo nacional, racial y étnico". Una tesis que fundamenta recurriendo al asesinato masivo de palestinos, particularmente niños; la destrucción del grueso de las viviendas de la Franja; el desplazamiento forzoso de casi toda su población; el bloqueo de alimentos, agua o medicinas que, entre otras cosas, está provocando un escenario de hambruna; o la imposición de "medidas para prevenir el nacimiento de palestinos" mediante el "asalto incesante" contra el sistema sanitario de Gaza. 

Un cúmulo de factores que "están creando unas condiciones de vida calculadas para su destrucción física como pueblo". Para poder demostrar el delito es importante probar la intencionalidad y, en ese sentido, la demanda alude al aluvión de declaraciones de la cúpula política israelí, incluido su presidente o su primer ministro, incitando al genocidio, un hecho profusamente documentado.

La respuesta de Israel

El Estado judío niega la acusación de genocidio y sigue presentando su ofensiva como un acto en legítima defensa ante los crímenes de Hamás del 7 de octubre. Su Ministerio de Exteriores ha descrito la denuncia como un "libelo de sangre" y una "explotación despreciable" del tribunal, lo que equivale a acusar a Sudáfrica de antisemitismo. Dicho eso, Israel se ha tomado el caso en serio y ha optado por comparecer en La Haya, una novedad para un Estado que tiende a ignorar las resoluciones de la ONU en su contra y las acusaciones de crímenes de guerra.

En su defensa se espera que Israel argumente que ha tratado de minimizar los daños sobre la población civil y responsabilice a Hamás de la devastación acusando a su milicia de haber usado a la ciudadanía como "escudos humanos". En cualquier caso, Tel Aviv no las tiene todas consigo porque su cancillería ha pedido a sus embajadores que presionen a los líderes políticos de los países donde sirven para que rechacen públicamente "las alegaciones escandalosas, absurdas e infundadas contra Israel", según un cable diplomático publicado por el portal estadounidense Axios.

Jueces y abogados de las partes

El tribunal está formado por 15 jueces elegidos para un mandato de nueve años por la Asamblea y el Consejo de Seguridad de la ONU. Su procedencia abarca todos los continentes, desde India y Somalia a Francia, Australia o Brasil. Todos ellos deberían actuar de forma imparcial sin responder a las posiciones de sus Estados, aunque cuando el TIJ ordenó que Rusia cesara su ofensiva en Ucrania tanto el magistrado ruso como el chino votaron en contra. La presidenta del tribunal es la estadounidense, Joan Donoghue, y el número dos, el ruso Kirill Gevorgian.

Las partes en litigio pueden nombrar un juez para sumarse al panel de magistrados. Israel ha escogido a su juez estrella, el expresidente del Supremo y superviviente del Holocausto, Aharon Barak, mientras Sudáfrica ha optado por Dikgang Moseneke, quien fuera la segunda máxima autoridad judicial del país.

Respecto a sus equipos de letrados, la defensa israelí estará comandada por el abogado británico Malcolm Shaw, mientras John Dugard, un prestigioso profesor de Derecho Internacional sudafricano, buen conocedor del conflicto, liderará la acusación.

Medidas cautelares y plazos

Dada la gravedad de la situación en Gaza, las medidas cautelares se antojan más importantes en estos momentos que el propio veredicto final. Para llegar hasta allí, el tribunal debe decidir primero si tiene competencias (jurisdicción) para ocuparse del caso y, a continuación, si existe un riesgo de un daño irreparable en la Franja o una situación de urgencia. De cumplirse ambos criterios, ordenará el cese de las hostilidades en Gaza, una obligación legal para Israel.

Los precedentes en otros litigios similares ante el TIJ ofrecen pistas sobre cuánto tiempo podría tardar en pronunciarse. En la demanda de Ucrania contra Rusia de 2022, el tribunal ordenó a Moscú el cese de su invasión unas dos semanas después de las vistas iniciales. En la de Gambia contra Myanmar, tardó poco más de un mes en fallar, ordenando al país asiático que adoptara medidas para prevenir el genocidio de los musulmanes rohinya.

Mucho más tiempo tardaría en conocerse si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Tanto los precedentes como los expertos, sugieren que pasarán años antes de que se conozca el veredicto final.

¿Qué pasará si Israel ignora la orden cautelar para detener su ofensiva?

El TIJ no tiene autoridad para imponer su decisión con medidas coercitivas. Otros Estados, como Rusia, han ignorado sus medidas cautelares. Pero eso no significa que no vaya a ser un problema para Israel. Según los expertos, Sudáfrica podría acudir al Consejo de Seguridad, donde previsiblemente EEUU vetará su intento de forzar la implementación de la orden (Washington ya ha dicho que la demanda "no tiene base" y es "contraproducente").

Pero si fracasa allí, podría acudir a la Asamblea General, que entre otras cosas podría expulsar a Israel del organigrama de la ONU, como hizo con la Sudáfrica del apartheid. No solo eso, si el Estado judío ignora la orden del tribunal internacional podría abrir la puerta a que diferentes países opten por aplicar sanciones y otras medidas punitivas contra Israel, que podría quedar ante parte del mundo como un Estado paria.

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