España media para desbloquear el acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur

Hace algo más de un año, cuando España empezaba a preparar su semestre de presidencia rotatoria del Consejo de la UE, Pedro Sánchez habló con Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Le dijo que quería aprovechar para organizar una cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y Caribe, reunidos en la organización CELAC. Habían pasado ocho largos años sin que se celebrase una reunión al más alto nivel de ambas regiones, en parte por las desavenencias entre los países del continente americano. Pero ahora la urgencia es mayor: Europa quiere garantizar tener cerca a las regiones "eurocompatibles" como aquella, y evitar que se vayan en manos de China y de Rusia. Entre otras cosas, para garantizar los suministros y las cadenas de valor. Le dijo a Michel que, para reforzar la europeidad del encuentro, quería que este se celebrase en Bruselas, en lugar de una ciudad española. Michel aceptó, todo según fuentes del Gobierno.

La cumbre arranca por fin este lunes y martes 17 y 18 de julio. Moncloa la presenta como una apuesta casi personal del presidente. Pero hay muchos flecos abiertos. Primero, participan países de dudosas o nulas credenciales democráticas, como Cuba, Nicaragua o Venezuela. El Parlamento Europeo pide que se reproche en la cita las violaciones de derechos humanos a los asistentes de esos tres países. Segundo, porque la agenda económica (la más relevante de la cita) no ha avanzado tanto como se esperaba cuando el presidente visualizó la cita.

El acuerdo de libre comercio de la UE con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) es un buen ejemplo de ello. Si se termina de aprobar (lleva en ciernes 20 años), permitirá el intercambio de carnes, frutas y verduras, minerales y otros bienes sin aranceles.

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en nuevo presidente de Brasil, tras desbancar a Jair Bolsonaro, Bruselas descorchó el champán. Se reabría la oportunidad de ratificar un acuerdo ya firmado pero que se había bloqueado por las políticas del líder ultraderechista contra el Amazonas.

Pero entonces llegaron malas noticias de París. Francia empezó a poner pegas, de nuevo por las cuestiones medioambientales, pero también por las distintas condiciones que tienen que cumplir agricultores y ganadores europeos frente a la laxitud de América Latina: uso de pesticidas, seguridad alimentaria, tratamiento de los animales, etc. Emmanuel Macron bloqueó a todos los efectos la ratificación hasta que se acordar una adenda (side letter) con nuevos requisitos.

Uno de ellos son las sanciones que se impondrán si se violan las condiciones medioambientales acordadas. España está en contra de ese plan de sanciones, aseguran fuentes de Moncloa. Lula también: no se puede firmar un acuerdo que implica confianza y poner el foco en las penalizaciones, ha dicho.

Pero Francia se mantiene rocosa en ese aspecto, según confirmó a este diario el responsable galo de política comercial, Olivier Becht: "Para nosotros es inconcebible traer carne de vacuno o productos criados en tierras deforestadas del Amazonas", dijo a preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el ministro delegado de Comercio Exterior, Atractivo y Franceses en el Extranjero. "Tampoco puede ser que importemos productos con pesticidas que aquí no podemos usar; o que la UE siga poniendo restricciones a los productores europeos y al mismo tiempo permita importar productos elaborados gracias al dumping social, sanitario y fiscal frente a los de aquí".

El otro escollo importante son las llamadas "cláusulas espejo": que los productores de los países latinoamericanos mencionados estén sometidos a las mismas reglas que los de la UE. París no cede ahí tampoco.

España, mientras, trata de mediar. Fuentes del Gobierno aseguran que no bloquearán los avances para el acuerdo por detalles concretos. Que el árbol no impida ver el bosque: este es un acuerdo que lleva sin salir adelante dos décadas y es necesario desbloquearlo. Madrid lleva a cabo esfuerzos importante con una diplomacia activa para hablar tanto con Mercosur como con la UE y los países implicados. Lula, que de alguna forma lidera el grupo de cuatro países, se reunió con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen recientemente, que llevó una propuesta con fuerte marchamo español. Ahora, Mercosur debe dar su respuesta sobre si está dispuesto a firmar esa side letter y, con ello, desbloquear la ratificación del acuerdo con los distintos Estados implicados. Darán su respuesta en "unas pocas semanas", según fuentes brasileñas citadas por la agencia EFE.

Plan de inversiones de 300.000 millones

Los pasillos de los edificios oficiales de Bruselas van a echar humo los próximos días con reuniones bilaterales, en las que sin duda se tratarán de limar asperezas para un acuerdo que, telegrafían los implicados, debería estar listo antes de que termine el año. Es decir, dentro de la presidencia española del Consejo. Aunque podría retrasarse, en parte porque Argentina está ya en precampaña para las elecciones presidenciales del 22 de octubre de 2023.

En el terreno económico, uno de los grandes hitos de la cumbre va a ser el foro de negocios donde se van a presentar los proyectos de inversión del llamado Global Gateway, un plan europeo para movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones que promocionen el desarrollo verde y la digitalización en África y América Latina. Una suerte de respuesta a la Nueva Ruta de la Seda con la que China quiere ganarse el favor de los gobiernos del "sur global" a base de inversiones.

Representantes de varias ONG han cuestionado este jueves la eficacia de este plan de financiación de inversiones por colocar en el centro de la propuesta al "sector privado". En ese foro van a estar presentes grandes empresas españolas con mucho pie en América Latina y Caribe: Telefónica, Iberdrola, Acciona, Balearia, Santander, BBVA, Hispasat, entre otras, según fuentes del Gobierno.

Tensión política para la cumbre UE-Celac

La presencia de los países menos democráticos de América Latina ha supuesto un punto de roce importante, como lo ha sido la posible asistencia del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, que no era vista con buenos ojos por algunos países de la región que mantienen relaciones estrechas con Moscú.

Sobre Zelenski, Moncloa ha tratado de hacer ver a las partes que el diálogo directo es fundamental. Con el líder ucraniano se ha hablado de que un acceso directo a conversaciones con los países menos alineados con la OTAN podía ser positiva. Y a estos países, que conocer de primera mano el plan de paz de Kiev sólo suma, no resta.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado este jueves su participación en la cumbre. El Gobierno cubano acusó este lunes de "falta de transparencia" y "conducta manipuladora" a la UE en la preparación de la cumbre, lo que a su juicio ponía en "serio riesgo el éxito" la cita. Por parte de Nicaragua y Venezuela alguien va a ir, aseguran fuentes del Gobierno, pero probablemente será un ministro de Exteriores y no el jefe del Ejecutivo.

El Parlamento Europeo ha denunciado este jueves la injerencia por parte del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones previstas para 2024 en Venezuela, tras la inhabilitación de varios candidatos opositores. Piden los legisladores europeos que en la declaración final de la cumbre se exija el respeto a la democracia y las libertades fundamentales. Desde Moncloa se ve poco probable, entre otras cosas porque la declaración debe ser acordada palabra por palabra por los países firmantes.