¿Una nueva ley migratoria equilibrada? ¿O una demostración más de la política de mano dura del presidente Emmanuel Macron contra las personas migrantes? El Gobierno francés ha presentado este martes por la tarde en la Asamblea Nacional las directrices de una nueva ley migratoria que pretende aprobar a principios del año que viene. Presentada como un “texto equilibrado” por el Ejecutivo centrista, se trata sobre todo de un proyecto legislativo destinado a promover y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, aunque también creará un nuevo permiso de residencia para aquellos inmigrantes que trabajen en sectores con escasez de mano de obra. 

“Este texto será equilibrado (…). Solo podemos acoger con dignidad si hacemos respetar nuestro derecho”, aseguró la primera ministra Élisabeth Borne en el inicio de un debate parlamentario sobre la política migratoria, pero bastante centrado en torno al mediático proyecto de ley. La administración gala “debe decidir a quién quiere y puede acoger y a los que no quiere”, añadió Borne sobre el texto, cuya presentación en el Consejo de Ministros está prevista para enero.

“Demasiadas reglas nos impedían expulsar”

Aunque desde el Ejecutivo macronista insisten en que no solo resultará un texto de mano dura contra los extranjeros, numerosas asociaciones humanitarias expresaron su preocupación sobre este proyecto de ley. Consideran que la mayoría de medidas van encaminadas a promover y acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, una exigencia habitual de la ultraderecha francesa, que no duda en instrumentalizar sucesos trágicos para defender esta idea.

“Aquellos que cometen delitos no pueden continuar en nuestro suelo nacional”, afirmó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, un ambicioso dirigente que forma parte del sector más conservador del macronismo y que suena como uno de los posibles sucesores de Macron a partir de 2027. Según comentó Darmanin, que quiere hacer de esta ley su vitrina política, expulsarán de Francia a todos aquellos extranjeros condenados por delitos “relacionados con la violencia contra las mujeres, contra los policías o el tráfico de drogas”, entre otros. “Hasta ahora demasiadas reglas nos impedían expulsar a un criminal de nuestro territorio”, añadió.

El texto, que representará la 29ª ley migratoria impulsada en Francia desde 1980, también establecerá una orden de expulsión casi automática para los solicitantes de asilo a los que denieguen su petición. “Esta medida me parece problemática”, criticó Pierre Henry, presidente de la asociación France Fraternités, quien recuerda que “las prefecturas ya emiten ahora las órdenes de expulsiones como si fueran panecillos”.

Además, la legislación reducirá de manera drástica los recursos legales que pueden emprender aquellos a los que deniegan el asilo o reciben una orden de expulsión. También promoverá que las demandas de asilo sean examinadas por un único juez, en lugar de ser tratadas de manera colegial, lo que puede favorecer un tratamiento más arbitrario, advierten las asociaciones. Y se exigirá aprobar un examen de francés para obtener un permiso de residencia.

Regularizar a trabajadores de la restauración o la construcción

Durante la última década, las órdenes de expulsión de migrantes se multiplicaron por dos en Francia, pasando de unas 60.000 en 2011 a más de 120.000 en 2019. Pero poco más de un 10% de ellas terminan efectuándose, debido a la difícil coordinación con los países de origen. “Debemos ser más eficaces a la hora de llevarlos a sus fronteras”, reconoció Darmanin, aunque presumió que “en el último año hemos aumentado en un 21% las expulsiones efectuadas”.

Para compensar su lado más coercitivo, el nuevo proyecto de ley incluirá un nuevo permiso de residencia, de un año (renovable) —una duración más corta que los permisos de residencia convencionales — para las personas migrantes que trabajen en sectores con escasez de mano de obra, como la restauración, la construcción o la agricultura. También se ampliará una lista que ya existía de aquellas “profesiones en tensión”, en las que se autoriza contratar a migrantes sin papeles. Y el Ejecutivo ha prometido aumentar en un 25% los fondos destinados a la integración, además de agilizar los trámites burocráticos, a menudo kafkianos, para pedir un permiso de residencia.

“Debemos salir de la situación actual en que todo el mundo pierde”, afirmó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, sobre una regularización de inmigrantes impulsada tras las quejas en los últimos meses de la patronal por la falta de mano de obra. Según precisó este ministro, esta medida no comportará una regularización masiva de los 600.000 o 700.000 extranjeros sin documentación en regla que se calcula que viven en Francia. En realidad, afectará “a unas decenas de miles de personas”. “Los anuncios sobre la regularización han quedado reducidos a una porción mínima”, lamentó la diputada Elsa Faucillon, de la coalición de izquierdas NUPES. “El único efecto llamada que comportará esta ley será el de las ideas de extrema derecha”, advirtió.