Al rescate de las ideas

La invención es inherente al ser humano. La búsqueda de soluciones ingeniosas a los grandes o pequeños problemas de la humanidad es, además, intrínseco a la ciencia. Canarias, sin embargo, parece haber olvidado durante décadas el fundamental papel de las ideas para el avance de la sociedad. Un sistema científico que alienta la publicación frente a la protección, la falta de inversión y las dificultades para sacar adelante una patente o un modelo de utilidad, han alimentado la percepción –a todas luces errónea– de que inventar no vale para nada. Un pensamiento que ha calado entre los científicos isleños como en la primera mitad del siglo XX lo hiciera aquel vehemente «que inventen ellos» con el que Miguel de Unamuno se posicionó –en contra de lo que la historia ha querido contar– frente la ciencia, el desarrollo y el futuro.

Un dispositivo para detectar el párkinson incluso antes de que empiecen los síntomas, un preparado nutricional para evitar la depresión postparto, un sistema para calentar agua de mar con energía solar, la fórmula química de un papel maché de gran resistencia o un sistema que guía a través de inteligencia artificial a los médicos para encontrar tumores. Todas estas invenciones tienen un denominador común, y es que surgen de Canarias. El Archipiélago ha demostrado ser una reserva natural de buenas ideas capaces de resolver los problemas y conflictos a los que se enfrenta la población isleña. Sin embargo, pese a la calidad de su materia gris, Canarias nunca ha logrado situarse entre las comunidades que más inventan.

Un investigador en Canarias puede proteger sus ideas de formas muy diversas, aunque las más conocidas son la de patentar o la de crear un modelo de utilidad. Ambas modalidades de protección reconocen el derecho exclusivo de una persona sobre su invención, lo que impide a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento. No le da, sin embargo, el derecho a explotarlo, sino que para ello necesita a una empresa que se encargue.

Existen, a su vez, varios tipos de patentes, dependiendo del lugar o lugares donde se pretenda hacer de la idea un negocio. Así por ejemplo, desde Canarias se puede solicitar la protección nacional –dentro del territorio español–, la europea –en uno o varios países de la UE– o internacional.

En este sentido, Canarias es la quinta comunidad por la cola con menos patentes nacionales registradas en los últimos seis años (de 2018 a 2023). La situación mejora en lo que se refiere a modelos de utilidad pero, aún así, el Archipiélago no abandona la cola y se mantiene por debajo de la media nacional.

El Archipiélago ha demostrado ser una reserva natural de buenas ideas capaces de resolver los problemas a los que se enfrenta la población, pero sigue a la cola de España en invenciones

Según los datos proporcionados por la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEMP), Canarias ha registrado desde 2018 un total de 108 patentes nacionales y un total de 440 modelos de utilidad. La media ha sido de 19 patentes anuales, aunque solo ha habido dos años en los que ha estado por encima de ese número: 2020, con 20 patentes y 2022, con 30. Este 2023 después del repunte de 2022 –se duplicaron los registros–, la cantidad de solicitudes ha caído de nuevo a la mitad (13). En lo que se refiere a los modelos de utilidad, Canarias ha registrado una media de 72 modelos anuales. Este último año las solicitudes han caído un 13%.

En cuanto a las patentes europeas, en 2022 el archipiélago presentó un 50% más de solicitudes de patentes comunitarias que un año antes ante la Oficina de Patentes Europea (OPE). Ese año, en concreto, se solicitaron 18 patentes de ese tipo, situando a Canarias como decimotercera región con más solicitudes presentadas. En la cola, pero algo menos.

Aunque cualquier centro de investigación o empresa privada puede proteger los resultados de su investigación, en Canarias el peso de la protección a las ideas recae en las universidades públicas. No en vano, la mayor parte de la ciencia que produce el Archipiélago se fragua en la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ya que la región apenas cuenta tejido productivo empresarial dedicado a la I+D+i.

La primera patente de ambas universidades llegó el mismo año: 1992. Pero lo que podría haber augurado un camino en paralelo y al unísono, no ha resultado ser así. Desde entonces, los caminos de ambos centros se han separado de forma abismal, con apuestas muy distintas que potencian por un lado y lastran por el otro la cultura de la invención en Canarias.

Sin cultura de patentar

Son muchas las razones que llevan al Archipiélago a ese punto. El primero es la complejidad inherente a la protección de una idea. Hacerlo es considerado muchas veces como una «pérdida de tiempo» en la carrera científica y, además, supone contar con personas especialistas en derecho y marketing y desembolsar un importe económico muchas veces desproporcionado, incluso para la universidad.

«Muchos ni se lo plantean», admite el ingeniero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Gustavo Marrero, que decidió proteger su creación hace apenas unos años. Con trascendencia internacional, la patente de Marrero es uno de los buques insignias de la ULPGC, pues ha diseñado un dispositivo que, haciendo uso de la inteligencia artificial, ayuda a los cirujanos a reconocer qué células son tumorales y cuáles no durante la extracción de un cáncer. Una invención valorada, por el momento en 50 millones de euros, aunque aún no ha podido ser licenciada.

Ejemplo de la realidad en la que se mueve el entorno académico es que, a día de hoy, de los 2.500 trabajadores que forman la plantilla de personal docente e investigador (PDI) de la ULL apenas un 50% investiga pero solo un 10% transfiere. «El sistema científico siempre ha favorecido que cuanto más se publique en revistas científicas mejor», explica Marrero. Los requisitos para ascender en la carrera científica impuestas hasta el momento han propiciado que se extienda la idea de que es necesario tener más publicaciones para garantizarse un futuro laboral más estable.

No en vano, la cantidad de papers publicados han sido hasta el momento uno de los méritos que ha tenido mayor importancia a la hora evaluar la carrera científica por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

«Las patentes no suelen interesar porque supone hacer justamente lo contrario», insiste Marrero. Y es que entre los requisitos de la patente o del modelo de utilidad se encuentra salvaguardar la información hasta que se evalúe la idoneidad de la invención, lo que obliga a los investigadores a dejar de publicar durante al menos un año. «Es un contrasentido para muchos», resalta Marrero. Para él, sin embargo, el haber dejado en barbecho sus publicaciones ha acabado reportándole incluso mayores beneficios. «El año pasado pudimos publicar y nos convertimos en el grupo de investigación más productivo de la ULPGC», declara.

El Ministerio de Ciencia y Universidades está tratando de revertir la absorbente tendencia del Publica o Muere (Publish or Perish, en inglés) –que es como se ha bautizado a esta visión de la investigación– tras constatar una merma de la calidad de las publicaciones científicas en los últimos años.

Mientras Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la ULPGC consolida un equipo, la de la ULL se encuentra bajo mínimos, aunque está tratando de revertir la tendencia

En este sentido la Ley Orgánica de regulación del Sistema Universitario (LOSU) pone por primera vez sobre la mesa la transferencia de conocimiento como una pata indispensable de la ciencia, subiéndola de rango hasta situarla en el mismo nivel que la investigación y la docencia. Lo ha hecho con la creación de sexenios de transferencia y con los cambios de baremo para el acceso a la universidad. De esta manera, no solo reduce el nivel de exigencia en cuanto a publicar se refiere, sino que además pone en valor la transferencia en todos sus ámbitos: la divulgación, la colaboración con empresas y la protección de las grandes ideas que puedan surgir de la investigación.

El problema es que esta medida ha llegado, a priori, sin partida económica. «No pueden exigir algo si no dotan a las universidades y centros de investigación de los recursos para hacerlo», critica Ricardo Borges, médico, investigador e inventor de la ULL.

El científico sabe lo que es inventar sin apenas recursos, pues su patente –un sistema de diagnóstico muy temprano del párkinson– aún no se ha podido licenciar a ninguna empresa, por lo que no ha logrado aún comercializarla pese a que la registró hace ya casi seis años, en 2018. «En Canarias no hay industria de lo que yo hago», explica Borges, que aunque sabe que su invención tiene potencial de negocio, debe darse a «conocer en Europa». Y esa conexión, es algo que a menudo, no está en manos del investigador.

Una carrera de fondo

«La protección de las ideas es una carrera de fondo», argumenta Vanesa Luis, la hasta ahora responsable del área de Protección y Comercialización de Resultados de la ULL. La protección intelectual tan solo supone el primer paso de muchos y mantenerlas en el tiempo supone tiempo y, sobre todo, mucho dinero. «La ley obliga a explotar la patente en cuatro años, si no caduca», insiste Luis. Mientras se buscan posibles inversores, la universidad debe invertir entre 800 o 900 euros al año para mantener las ideas protegidas a fondo perdido. Para cuando llegan los primeros beneficios, pueden haber pasado años desde el registro de la invención. Esta realidad obliga a las universidades a contar con un presupuesto fijo para poder hacer frente a estas inversiones de riesgo.

Porque, de hecho, en el camino, muchas ideas se desestiman por falta de fondos o nunca llegan a la sociedad al no encontrar una empresa que consiga sacarle rendimiento económico. «Antes ocurría mucho más», rememora Luis. Y es que antes de 2017, la legislación para patentar permitía a las universidades hacerlo totalmente gratis. Es así como surgieron lo que se denominó coloquialmente como patentes académicas. «Un registro que se realizaba simplemente por los méritos pero que acababan siempre en un cajón», rememora Luis. De hecho, en 2017 Canarias registró 45 patentes, una cifra muy superior a la que ha podido lograr en años posteriores.

«Ese cambio sentó muy bien porque se eliminó la meritocracia», asegura María Sacristán, responsable de la OTC y Oficina de Patentes en la ULPGC, que insiste que esto también ha supuesto una oportunidad para «apostar por las ideas realmente buenas» y que pueden funcionar. Pero ese cambio también ha provocado que las universidades necesiten muchos más recursos económicos para poder mantener a flote la transferencia.

Falta de financiación

Que estos servicios universitarios cuenten con una partida económica fija en el tiempo es tan importante que es precisamente eso lo que ha marcado la diferencia entre ambas universidades canarias. En la ULL, a día de hoy, no existe financiación clara para este menester. Mientras que la ULPGC, a través del Cabildo insular de Gran Canaria, ha conseguido una subvención para potenciar este área. La diferencia tras cinco años es clara: mientas la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la ULPGC ha logrado consolidar un equipo de siete personas, la falta de financiación suficiente durante años ha dejado a la ULL bajo mínimos, aunque ahora trata de recuperarse con una nueva partida económica que permitirá consolidar nuevos puestos de trabajo para los próximos cuatro años.

Gracias a su respaldo económico, la ULPGC ha podido iniciar una estrategia mucho más ambiciosa de transferencia de conocimiento. «Estamos haciendo una apuesta por la internacionalización porque la patente española no tiene mucho sentido ya», explica María Sacristán, responsable de la OTC y Oficina de Patentes en la ULPGC. Y es que las patentes nacionales tan solo protegen y permiten comercializar estas invenciones en España, lo que limita la capacidad de la universidad para comercializarla.

«En 2022 nos convertimos en la entidad canaria con más solicitudes de patentes europeas», explica Sacristán, que afirma que ese año se registraron un total de 6 patentes europeas, tres veces más que en 2018. Esta apuesta es la que ha logrado que a día de hoy la ULPGC tenga 150 patentes en cartera, de las que 64 son nacionales y 54 internacionales. «Y nuestro objetivo es seguir creciendo», insiste Sacristán.

En los últimos años en la ULL también se ha producido una mejora con respecto a la situación anterior. En seis años se han multiplicado por cinco los royalties –el dinero que reciben las universidades por las licencias de sus patentes– que recibe la universidad lagunera. Cuenta con unos 80 expedientes nacionales en vigor y otros 100 internacionales. Y, además, ha conseguido que el 17% de sus tecnologías se hayan licenciado a empresas, y por tanto, se puedan comercializar. «Es un porcentaje muy alto teniendo en cuenta nuestra financiación», resalta Vanesa Luis, que lamenta que, sin embargo, todos estos resultados no hayan sido suficiente como para estabilizar a un personal fijo en la OTC y seguir creciendo.

Hoy en día la ULL trata de recuperar músculo y ha sacado 12 plazas nuevas para los próximos cuatro años en la OTC que intenta cubrir. No es sencillo hacerlo, pues quienes se encargan de ayudar a los investigadores a realizar estos trabajos son personas con un perfil específico que se mueven entre la ciencia, el derecho y el marketing. Este personal no solo trabaja en el «arte» de escribir patentes, también realiza un importante trabajo para divulgar su labor y romper esos estigmas que aún pesan sobre los investigadores. En la ULPGC son expertos en ello. «Hemos hecho mucha pedagogía, hacemos giras internas todos los años y vamos en busca de esas invenciones que se han quedado en cajones o que los investigadores no saben cómo sacar partido», insiste Sacristán.

La incomprensión del inventor

Más allá de los problemas que arrastra la transferencia en la Academia, quienes han tomado las riendas y decidido emprender se han encontrado con una dificultad mucho mayor en su camino: la incomprensión del inventor en una economía monopolizada por el turismo.

Y es que aunque cada vez son más empresas dedicadas a ciencia las que deciden asentarse en las Islas, el tejido productivo dedicado a tal fin sigue siendo irrisorio. Esta situación deja a los investigadores cautivos de sus inventos, obligados a embarcarse en la creación de spin-off universitaria que les aleje de la investigación y de su trayectoria científica durante unos años; o –cuando no reciben el apoyo de sus instituciones– a convertirse en el comercial de su propia idea fuera del Archipiélago.

«El problema es que aquí no se pueden montar empresas que no sean de videojuegos», sentencia Ricardo Borges. El investigador trata así de demostrar lo difícil que lo tienen las empresas que, por su modelo de negocio, dependen de los envíos fuera de Canarias –ya sea para pedir productos como para enviarlos a otros países– y no solo de una conexión a internet. «Cualquier empresa que tenga que pasar por aduanas lo tiene mucho más difícil», insiste el investigador, que recuerda que Fedex, una de las principales empresas de envío del mundo, ha vetado a las Islas en su lista de regiones en las que no trabaja junto a Corea del Norte e Irán.

A la caza de inversores

Tras descartar la creación de una nueva empresa en el Archipiélago, el investigador debe salir fuera de las Islas a buscar inversores. Con una red de apoyo universitaria esto puede resultar algo más sencillo, pero cuando se carece de ella, los investigadores se ven solos intentando vender su idea a empresas que no les conocen y que, por tanto, tampoco se toman el tiempo para escuchar su propuesta. «Te tienen que conocer en Europa y yo tengo problemas para que las empresas me levanten el teléfono», argumenta Borges. Aunque Gustavo Marrero ha contado con un mayor apoyo de su institución también cree que Canarias tiene aún un gran margen de mejora. Para el investigador de la ULPGC, el cambio que necesita Canarias para mejorar la transferencia pasa por «inversión» en un cambio del sistema económico.

«En Canarias tenemos científicos de las grandes universidades, pero las empresas no tienen capacidad plena para hacer I+D», resalta. La idea, como explica, es que en las Islas haya suficiente tejido industrial que permita que todas estas invenciones se puedan hacer un hueco en el mercado. «El Gobierno de Canarias tiene que invertir para diversificar la economía, porque el desarrollo tecnológico ahora mismo es casi imposible», destaca. A largo plazo esto propiciará la creación de un ecosistema económico que permita absorber «a todos los nuevos investigadores que surgen de la universidad», paliando la sangrante fuga de cerebros que vive Canarias.

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