Radiografía de un campo exhausto

Falta de rentabilidad, competencia desleal, normativa estricta, cambio climático y escasez de relevo generacional. Factores que generan una tormenta perfecta que se lleva por delante hasta a la plantación más resistente. Los agricultores canarios, al igual que en el resto del continente, han dicho «basta» y se han lanzado a la calle en busca de soluciones que salven de la extinción a una de las profesiones más antiguas del mundo.

Los tractores ocupan ahora las calles de las grandes ciudades, pero los problemas no son nuevos, los productores llevan años viendo que el abismo les pisa los talones. Así lo reflejan las estadísticas de hectáreas cultivadas, la cifra de las explotaciones y la ocupación del sector en el Archipiélago. Todos los números van en caída, por lo que el futuro parece claro: si nada cambia, el sector primario está abocado a desaparecer en Canarias. ¿Cuándo? Los productos creen que más pronto que tarde.

El Archipiélago cuenta, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), con 40.121 hectáreas de cultivos, lo que supone un 22% menos del terreno que existía hace 17 años (51.595 hectáreas). Además, casi la mitad, el 48%, lo concentran únicamente tres cultivos: el plátano (9.000), las viñas (6.000) y las papas (4.000). Con el número de explotaciones ocurre más de lo mismo.

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En la última década, se han reducido un 20,6% pasando de 14.174 a 11.254, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La misma tendencia siguen las cifras de empleo, que reflejan una caída de los ocupados en los últimos años. Comparando los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023 con los del mismo periodo de 2013 se observa una destrucción de 5.300 empleos en el sector. La agricultura, con 22.700 ocupados, es la actividad económica que menos puestos de trabajo genera en la comunidad autónoma.

Los representantes de las asociaciones agrarias lo describen como un «decaimiento paulatino» cuyo origen radica en el giro que da la economía canaria a principios de los años 70 al pasar de una sociedad basada en la agricultura de subsistencia a una economía de servicios que comienza a pivotar sobre el turismo. En términos económicos, el sector primario ocupaba antes de 1960 al 54% de la población activa y generaba el 32% del Producto Interior Bruto. Ahora, solo representa el 1,2% del PIB.

Con esta radiografía sobre la mesa la pregunta que surge es: ¿por qué las protestas nacen ahora y no antes? Y la respuesta que dan desde las asociaciones es que ahora «están al límite». Los agricultores y ganaderos que han sobrevivido hasta ahora lo hacen con pérdidas y con una rentabilidad limitada. Además, el ruido es más fuerte al unirse a la oleada de movilizaciones de agricultores de toda Europa con los que comparten reivindicaciones como imponer a las importaciones de los terceros países las «mismas reglas del juego» que tienen ellos.

Durante los últimos años el sector ya ha enseñado la patita en alguna ocasión amenazando con salir a la calle. La última gran marea de protestas, dejando a un lado la actual, fue la que se produjo justo antes de que estallara la pandemia del covid en marzo de 2020. La oleada de movilizaciones comenzó en febrero de ese año en la Península motivada por razones muy similares a las que los mueven ahora: bajos precios, unos costes crecientes, recortes de ayudas, competencia desleal, etc. El campo canario planeó unirse entonces, pero el confinamiento paralizó todas las movilizaciones y las quejas isleñas quedaron en el aire.

Asfixiados

Cuatro años después, la situación solo ha empeorado. Los productores cargan en sus mochilas con las quejas del pasado y han añadido nuevas como consecuencia de los efectos que la pandemia y la guerra en Ucrania han tenido en el sector. Todavía no hay datos de estadísticas oficiales, pero las asociaciones de agricultores y ganaderos de las Islas confirman que decenas de explotaciones se han visto obligadas a cerrar sus puertas durante este periodo a verse asfixiadas por los incrementos en el precio del forraje o la electricidad. Productos básicos como los piensos han sufrido subidas de en torno al 40% respecto de 2021. Algunas organizaciones profesionales como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos sí han hecho estimaciones y hablan del cierre de 60 granjas lecheras en 2022.

Lo que sí hay son datos actualizados de sacrificios de animales en las Islas y estos reflejan un repunte de la actividad. Los ganaderos de caprino y bovino registraron en 2022 los mayores datos de sacrificio de animales del último lustro, con un aumento en un 36% en el caso del vacuno y casi en un 22% en el caprino mayor. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) ve en el aumento de las cifras la forma que tiene el sector de resistir «el embiste de la inflación».

El gran problema llega cuando la lista de costes es cada vez mayor, pero los ingresos no siguen la misma tendencia. La dependencia de las ventas de productos perecederos ata de pies y manos a los productores que cuentan con poco margen de maniobra a la hora de poder establecer precios justos. El eslabón siguiente de la cadena es el que los marca, y ellos, aceptan. Lo que deriva en que, en ocasiones, lo que ganan los agricultores no permite cubrir los costes de producción. Y se incumple, una y otra vez, la conocida como ley de cadena alimentaria que prohíbe la destrucción de valor de un producto, o lo que es lo mismo, impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior.

Tanto desde el Gobierno central como desde el autonómico llevan varios años prometiendo la puesta en marcha de mecanismos y personal que permitan un mayor control de la situación, pero lo cierto es que las promesas no han llegado a materializarse. Un ejemplo claro es el de los productores de leche que se pasaron todo el año 2022 con la soga al cuello exigiendo que la leche se pagara por encima del precio del coste de producción. También prometieron entonces salir a la calle con los animales, pero no llegaron a organizarse. Dos años más tarde siguen sin conseguir un precio justo. A ellos les cuesta producir un litro de leche 0,69 céntimos y el precio medio que se paga actualmente es de 0,62, por lo que pierden siete céntimos en cada transacción. Y esto es solo uno de los ejemplos.

El Gobierno de Canarias, con el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento de la ley de cadena puso en marcha en febrero de 2022 el Observatorio de Precios Agrarios. Una herramienta que proporciona información actualizada para todos los agentes implicados en la cadena de suministro, desde las empresas productoras hasta los consumidores. Pero de poco ha servido sin inspectores que controlen el cumplimiento de la norma.

Además, los dueños de las explotaciones no solo no reciben lo que invierten, sino que ven como sus productos se encarecen hasta un 200% en su paso por la cadena hasta llegar a los supermercados. Ocurre con las papas, los agricultores reciben menos de un euro por kilo (0,91 céntimos) mientras los consumidores invierten casi tres euros en comprar la misma cantidad de tubérculos en los locales comerciales (2,73 euros).

Tampoco es sencillo mantener un precio justo cuando se compite con importaciones que salen al mercado con costes muy bajos. Es este precisamente uno de los motivos que ha llevado a los agricultores, en Europa y concretamente en Canarias, a movilizarse ahora. Están «cansados» de la competencia desleal de terceros países y exigen a Bruselas que imponga las «mismas reglas del juego» para todos. Se quejan de que el libre comercio se ha impuesto entre continentes utilizando a la agricultura como «moneda de cambio».

Desde Bruselas, con el Pacto Verde Europeo, se han impuesto una serie de medidas que, según apuntan desde las asociaciones, «ahogan» a los productores canarios. Están relacionadas con el cuidado del medioambiente y el bienestar animal y conllevan una inversión por parte de los dueños de las explotaciones. Algo que no se exige a los productores de terceros países. Esto repercute en el precio del producto europeo que se acaba encareciendo y, por lo tanto, resulta menos atractivo para el comprador. Además, exigen a las administraciones que se «simplifique» el papeleo y que no los «asfixien» con la «excesiva» burocracia. Y es que hay procedimientos en los que a los agricultores se les exigen que presenten más de 20 documentos. Ocurre, por ejemplo, con los controles para verificar el cumplimiento de la legislación que conforma el Paquete de Higiene.

COAG Canarias asegura que esta situación no es nueva para los productores de las las Islas que llevan años «padeciendo» la entrada de alimentos a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) que permite la introducción de determinados productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea o de terceros países que cuentan con ayudas o exención de derechos arancelarios.

Las quejas en el Archipiélago se concentran en un origen concreto: Marruecos. Según denuncian las asociaciones agrarias, desde allí llegan productos tratados con fitosanitarios que no están permitidos en Europa; utilizan hormonas y antibióticos para el ganado restringidos aquí y también incumplen las normativas de bienestar animal y seguridad alimenticia. A pesar de eso, siguen llegando productos que compiten con los que provienen del campo canario y sobre la mesa está la reactivación de la línea marítima entre Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Tarfaya (Marruecos). El sector agrario teme que esta conexión no solo propicie la entrada masiva al Archipiélago de mercancías agrícolas y ganaderas, sino también con ella lleguen plagas y enfermedades que acaben produciendo pérdidas en las producciones locales o propiciando la extinción de especies autóctonas frágile, escasas y muy protegidas. Desde Asaga ponen el foco en la carencia de inspectores en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) en los puertos del Archipiélago.

Los agricultores canarios están dispuestos a avanzar hacia la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, pero exigen «cláusulas espejo» en los acuerdos comerciales que la Comisión Europea negocia con terceros países. Y es que en Canarias, el 48,2% de las importaciones son extracomunitarias.

Autoabastecimiento

Lo que está claro es que las importaciones, tal y como está la agricultura en las Islas, son necesarias para completar la dieta canaria. El autoabastecimiento, por el momento, es inviable ante la falta de diversificación de los cultivos. El campo canario ha concentrado sus esfuerzos en tres alimentos: los plátanos, las viñas y las papas. A nadie se le escapa que el primero es el producto estrella del Archipiélago, muy por delante del resto. Además, está protegido por la orden del 12 de marzo de 1987 por la que se establecen para las Islas las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales. La norma busca evitar la entrada de plagas e impide la importación de determinados frutos y plantas, entre ellos los plátanos. Desde hace diez años la producción local de la platanera musa acuminata colla se mantiene bastante estable, en 2023 llegó a 467.256 toneladas De las que se exportaron cerca del 91%.

Con las papas sí es necesaria la importación para cubrir el consumo total. La producción local alcanzó en 2022 las 111.208,8 toneladas y se importaron otras 64.803,6. Pero con este tubérculo hay otro inconveniente, desde 2014 se ha perdido el 26% de la superficie cultivada. Por abandono y por las inclemencias del tiempo.

La subida más fuerte se da en los aguacates cuya producción ha crecido un 130% desde 2010, superando ahora las 2.250 hectáreas. Le sigue la lechuga, en concreto ha experimentado un incremento del 124% alcanzando las 1.190 hectáreas. Esta subida permite que el porcentaje de autoabastecimiento de esta verdura alcance el 99%. Y similares porcentajes comparten otras hortalizas como el pepino (98%) o la calabaza y el calabacín (95%). Para llenar la nevera, los canarios tampoco dependen de las importaciones de tomates (84%) y pimientos (81%).

El tomate es uno de los productos que más ha sufrido la crisis del campo en Canarias. Se mantiene como uno de los alimentos con más producción local, con unas 53.335,3 toneladas en 2022, pero el bajón con el paso de los años ha sido notable. De ser el otro gran producto de referencia exportadora –aparte del plátano– a convertirse en una especie en vías de extinción.

Desde 2010 se ha perdido el 64% de la superficie de cultivo pasando de 1.691 hectáreas a las 594,6 de la actualidad. Los datos del Instituto Canario de Estadística apuntan a una pérdida del 58% de la producción en la última década. La evolución de las exportaciones es todavía más pronunciada, la reducción en este caso ha sido del 70% desde 2012. Actualmente, se exportan 28.623 toneladas, pero hace diez años eran 97.112 y hace veinte, 305.000. Los tomateros encuentras tres razones claras: menos cultivo, de nuevo la competencia de Marruecos y un «brutal» aumento de los costes.

Cambio climático

Al declive que viene experimentando el sector desde hace años hay que añadir un elemento que, aunque no es nuevo, ha pillado a los agricultores con el paso cambiado y sin herramientas para afrontarlo. El cambio climático y la sequía han azotado duramente a las producciones isleñas. Las continuas olas de calor y la falta de agua del último año se han llevado por delante cultivos enteros y han provocado una maduración temprana en otros muchos. Adelantando las producciones y generando una saturación en el mercado con la correspondiente bajada de precios. Simplemente, ley de oferta y demanda.

El caso más claro ha sido el de los plátanos. En 2023 el platanero vendió su producción al mismo precio que en 2016, a 0,83 euros el kilo como consecuencia del excedente de 30 millones de kilos que saturaron el mercado.

La escasez de lluvias también pone sobre la mesa el problema del acceso al agua. Las organizaciones agrarias llevan años exigiendo un aumento y mejora de las infraestructuras hídricas y reclaman la celebración de una mesa de la sequía para buscar mecanismos que permitan aprovechar al máximo la regeneración y acabar con las «fugas» en las redes municipales.

Con este diagnóstico no es de extrañar que el relevo generacional en el sector sea muy limitado. Desde las asociaciones aseguran que «son muy pocos» los jóvenes que se animan a lanzarse a una profesión con tantos «obstáculos». Pero el mayor problema no es tanto que no haya savia nueva, sino más bien que la que hay está a punto de jubilarse. El 62% de los jefes de explotación en Canarias, superan los 55 años y ni un 5% tiene menos de 35 años.

El futuro no tiene mucha luz. Si la tendencia continúa como hasta ahora, solo las grandes explotaciones del Archipiélago resistirán el golpe, lo que se traducirá en una dependencia mayor del exterior y un cambio drástico en el paisaje. Todo dependerá de las respuestas que las administraciones den a las movilizaciones que comienzan esta semana en Canarias. ¿Oxígeno o paliativos? El tiempo dirá. 

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