La cuña del REA, amarga y desleal subvención

Es un mantra que suele repetirse a menudo y con el que muchas personas suelen llenarse la boca: Canarias es la comunidad autónoma española en la que más queso se consume con unos valores que se sitúan alrededor de unos 11,3 kilos por persona al año, por encima de la media nacional, aunque a bastante distancia de países europeos como los casos de Estonia (24,6), Irlanda (22,5) y Finlandia (21,2), un mapa en el que las cifras más bajas corresponden a Moldavia (4,9), seguida de Rusia (5,9) y Serbia (6,5).

El queso fresco fue el más demandado en España en 2022 dentro de los distintos tipos de este derivado lácteo. En concreto, cada persona consumió una media de unos dos kilogramos de esta variedad el pasado año, mientras el queso semicurado se situó en segunda posición y el queso fundido completó el podio.

Pero volviendo a la frase del comienzo, aquella que afirma que Canarias es el territorio del Estado español donde más queso se consume per cápita, se suele obviar –acaso de una manera intencionada– pronunciar la segunda parte del enunciado y quizá la más clarificadora de esta ecuación: más de la mitad de ese volumen de queso que se comercializa en el Archipiélago (un valor que se sitúa alrededor de un 60%) procede de la importación, concretamente del que se conoce como queso de plato o en lonchas. El hecho evidente es que su precio resulta muy inferior al del producto artesanal canario, un factor que supone un atractivo para el consumidor frente a las producciones isleñas, aunque estas sean de mayor calidad. Y en buena medida esto es así porque los quesos de fuera reciben incentivos para su comercialización en el marco del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), esa cuña que los hace competir fácilmente y de forma evidentemente desleal con los quesos canarios, sobre todo para los bolsillos de algunos sectores socioeconómicos, los que más apreturas sufren siempre.

Eso, a pesar de la actualización del polémico arancel conocido como Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), que forma parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), un impuesto que grava las importaciones de determinados productos que se cultivan o fabrican en las Islas al objeto de paliar las desventajas del Archipiélago como región ultraperiférica. Según esta revisión, traer papas, vino, pollo, queso y leche –incluido el queso fresco en tres variedades y otras cinco con un contenido de materias grasas igual o inferior al 40% en peso– iban a sufrir mayores gravámenes para así no obstaculizar la producción local.

Lo cierto es que el pasado año, ya la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) lamentaba que las propuestas de cambio aprobadas por el Consejo de Gobierno de Canarias para modificar el REA por lo que restaba de 2022, así como para el ejercicio de 2023, «no sean equilibradas, ni justas y vayan en detrimento del sector ganadero», exponían en un comunicado.

Desde este colectivo entendían que con los cambios introducidos se volvía a favorecer a la industria y a la importación de productos como la leche en polvo, además en un momento sensible para la ganadería láctea debido al fuerte incremento de los insumos.

Con la nueva propuesta, un importador de leche en polvo podría percibir entre 571 y 735 euros de máximo por tonelada, de 27 a 35 euros más, respectivamente, que en 2022. Estas abultadas cuantías quedan muy lejos de lo que percibe un ganadero local que únicamente puede aspirar a una ayuda de 92 euros por tonelada para importar cereales.

Precisamente, este insumo representa la base principal de la alimentación animal y, por tanto, cuenta con el mayor balance de aprovisionamiento, 245 millones de kilos anuales procedentes de la UE además de 24,5 millones de kilos con origen en terceros países.

El secretario general de Asaga Canarias Asaja, Theo Hernando, denunciaba que «el sector se siente ignorado, ya que no se han atendido nuestras peticiones, además de que se sigue incumpliendo con el objetivo específico del REA, que no debe perjudicar el desarrollo de las producciones locales». Asaga siempre ha defendido que se establezca un tope máximo de ayuda REA para los productos que se importan y sin perjuicio de unos sectores sobre otros, como es el caso del ganadero.

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