María de la Salud Gil: «Que un territorio sea o no limitado no es determinante para que las viviendas estén o no vacías»

¿Qué valoración debemos hacer a que un territorio tan limitado como el canario tenga a nivel nacional situadas a sus dos capitales entre los municipios con mayor número de viviendas vacías del país, con Santa Cruz de Tenerife a la cabeza, con más de 16.000, y Las Palmas de Gran Canaria, donde se calculan más de 25.000, en el cuarto lugar, entre las localidades con más de 200.000 habitantes?

Considero que el hecho de que un territorio sea o no limitado no es determinante para provocar que las viviendas estén o no vacías, lo que no es óbice para calificar las cifras de lamentables y demostrativas de lo mal que se están haciendo las cosas.

Lo cierto es que Canarias, en su diversidad, es un territorio turístico, cuenta con la posibilidad de segundas residencias, viviendas turísticas, hay casas inconclusas tras la crisis inmobiliaria de 2008, viviendas con problemas de herencias, documentales e hipotecarios o muy dañadas tras años de abandono por falta de recursos para su rehabilitación.

A partir del análisis de todas estas variables y del efecto en los resultados de la metodología utilizada podríamos empezar a hablar. No todas las viviendas denominadas como vacías realmente lo están y habría que hacer una discriminación sobre esta cuestión. Estos datos suponen una muestra más de que la política de vivienda en España ha fracasado tras 25 años de gestión errática que no ha dado respuesta a las necesidades de vivienda en nuestro país.

En cualquier caso, las estadísticas pueden llegar a ser perversas si no se analizan adecuadamente o se utilizan metodologías que pueden inducir a resultados inexactos. Hay expertos del sector inmobiliario que aseguran que el número de viviendas vacías es mucho menor de lo que determina este estudio. Y más allá de manifestaciones categóricas hay que analizar los datos con cuidado en todas sus variables.

¿A qué se le puede achacar esa situación que reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística? Hay quien lo relaciona con la picaresca de los propietarios, que prefieren mantenerlas cerradas hasta conseguir venderlas a un precio que el comprador actualmente no está dispuesto a pagar; y otros le echan la culpa a la falta de protección y de medidas efectivas en el caso de alquilar por miedo a que los inquilinos dejen de abonar las mensualidades y se conviertan en ‘okupas’?

El eje central de la cuestión es que Canarias vive una emergencia habitacional y las familias no pueden acceder a una vivienda tanto en régimen de alquiler como en compraventa.

En primer lugar, una de las causas más directas sobre este fenómeno es el intervencionismo. Se estima que la Ley de Vivienda ha provocado que más de un 10% de la oferta salga del mercado de alquiler y pase a la venta. Ya avisé con la salida de esta nueva normativa de que perseguir a los propietarios de viviendas y pretender asimilar a quien tiene cinco viviendas a los fondos de inversión retraería el mercado del alquiler así como los límites de renta y subida por debajo del IPC. Advertí que la consecuencia sería la retirada de oferta del mercado, menor producción de viviendas en alquiler, precios más altos y una mayor brecha entre oferta y demanda. Hasta se ha incrementado el alquiler por habitaciones para sortear la ley.

En segundo lugar, la inseguridad jurídica es otra de las circunstancias a las que se puede achacar esta situación. En Francia, se ha aprobado este año una ley que busca facilitar los desalojos y endurecer las sanciones contra personas que ocupan ilegalmente una vivienda o contra inquilinos morosos con la introducción en los contratos de alquiler de una cláusula de rescisión automática y reduciendo el tiempo para desalojar hasta a 48 horas. Mientras, en nuestro país se acaba de publicar la citada Ley de Vivienda alargando y obstaculizando estos procesos, que pueden tardar años. No se puede calificar de picaresca de un propietario el hecho de que gestione su propiedad de la forma que estime oportuna. Si no se aborda con rapidez e incentivos esta problemática, la desprotección actual del propietario frente a impagos o posibles desperfectos, y los incentivos ante el fenómeno de la okupación se agravará la situación. Y esa desprotección y permisividad son otra arista en este problema, junto a la demonización de la propiedad privada, protegida por cierto en nuestra Constitución.

Aunque los datos con que el INE ha elaborado este estudio son referentes a 2021, todo indica que las cifras no varían mucho con las de este año y las del pasado ejercicio. ¿Manejan ustedes desde la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas números similares?

Sobre viviendas vacías no manejamos datos que puedan confirmar o desmentir los números del estudio más allá de las afirmaciones de algunos expertos que, como le explicaba antes, ven excesivas las cifras de viviendas vacías que maneja el INE en Canarias. En cualquier caso sí le puedo aportar otros datos con los que sí contamos por hacer una radiografía más extensa como que el porcentaje de casas protegidas sobre el total del parqué de viviendas en Canarias, conformado por más de un millón, es de apenas el 1,74%.

Un reciente estudio de coyuntura que realizamos analizando el período 2007-2022 dio como resultado que en la peor etapa de la crisis, que se dio de 2007 a 2014, el número de casas protegidas que se incorporaron al mercado fue de 4.210. Posteriormente, entre 2015 y 2022, la cifra cayó a 476 viviendas protegidas, apenas un 3% del total. En definitiva, en 16 años la construcción de vivienda protegida ha disminuido prácticamente en un 90% pese a la emergencia habitacional que sufrimos, empobreciendo a una demanda que no para de crecer y alejándola cada vez más de ser un bien constitucional. Frente a ello se sitúa una demanda de 20.000 personas registradas que reclaman una vivienda a la que habría que sumar probablemente otros 20.000 que no están registrados porque no tienen ninguna fe en el sistema.

¿Beneficiaría a esta situación que por parte de las instituciones nacionales, regionales, insulares o municipales se promueva y facilite la construcción de nuevas edificaciones con el objetivo de generar un mercado de viviendas en las Islas cuyos precios sean asumibles para la mayoría de los ciudadanos?

Por supuesto, y es algo fundamental para el bienestar económico y social de Canarias. Esta legislatura debe ser la de la política de vivienda y es necesario declararla como de interés estratégico, facilitando así su gestión prioritaria. Por ello desde la AECP reclamamos al Gobierno un pacto por la gobernanza donde el modelo de política de vivienda sea diferente.

La mayoría de las compras de casas en la actualidad se realizan sin hipoteca, lo que significa que corresponden en su mayoría a fondos de inversión o a personas con una gran solvencia. ¿Pero qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con el fin último del significado de la vivienda, que es constituir un hogar? Nos debe preocupar la razón por la que no se incorporan viviendas al mercado. Primero para equilibrar precios, para equilibrar los costes de producción, pero sobre todo para atender a la gran demanda existente, y no sólo de viviendas protegidas y sociales sino a precios asequibles para que la puedan comprar jóvenes, para que las familias incipientes tengan la posibilidad de poder adquirir su vivienda. Son personas que no entran en el mercado libre y que tampoco entran en el mercado protegido. Ahora mismo contamos con una legislación y una financiación que nos permite hacer miles de viviendas asequibles si somos capaces de cooperar entre la iniciativa pública y la privada.

El uso de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) de forma colectivizada para viviendas protegidas en venta y volver al sistema anterior al último plan estatal de vivienda, en el que la venta es posible para rentas que no pueden entrar en el mercado de la vivienda pública ni en la libre, sería también una buena medida, permitiendo tanto el arrendamiento como la venta. En definitiva, nuestra vocación es dar respuesta a la necesidad de producción de viviendas a precios asequibles, movilizando el suelo público y el privado calificado como VPO que, en primera instancia, podría abordar la producción de unas 8.000 viviendas en cinco años.

En la pregunta anterior, en lo relacionado a los importes que alcanzan hacerse con un hogar en propiedad, quería añadirle a «asumibles» el término «justas» pero, sin embargo, hay tantas voces que critican precisamente ese detalle que parece casi obligatorio que abordemos por separado ese factor. ¿Es justo el dinero que se exige en Canarias por comprar una vivienda? ¿Pesa más la limitación del territorio que los costes reales de las construcciones?

Lo que no es justo es que no exista oferta de vivienda en Canarias para todo tipo de niveles de poder adquisitivo, tanto para régimen de alquiler como de venta. Tampoco es justo que el adquiriente de una vivienda tenga que pagar el 25% de su valor en impuestos, ni que habiendo tantos cientos de miles de metros cuadrados de suelo público disponible, además de marco legal y financiación, no se hayan construido más viviendas públicas en Canarias. De lo que de nosotros depende, nuestra vocación es cubrir la demanda de vivienda en todos los ámbitos y para todos los bolsillos. No nos interesa en absoluto que nuestra demanda sea insolvente, por supuesto que tenemos una cuenta de resultados pero también somos perfectamente conscientes de que esa cuenta depende de que Canarias genere riqueza, economía, empleo y bienestar social porque somos parte de esta sociedad y, o crecemos juntos o perdemos juntos. No en vano hemos perdido gran parte de nuestro peso en el PIB en los últimos años con las sucesivas crisis aunque siempre hemos sido un sector capaz de rehacernos y reinventarnos.

Así pues no queremos perder de vista el valor que tiene la vivienda como receptora de familias. Nuestras propuestas están sobre la mesa del nuevo Gobierno de Canarias, estuvieron del anterior y lo estarán de los que le sucedan porque queremos hacer viviendas a precios asequibles.

Ahora depende del nuevo Ejecutivo regional que quiera afrontar el reto con nosotros.

Es evidente que el interés de compradores extranjeros por adquirir en las Islas una propiedad va en aumento, una tendencia que claramente perjudica al cliente local porque carece del mismo poder adquisitivo de esos inversores foráneos. ¿Cree que este problema se debe abordar por parte de las Administraciones o como consecuencia del libre comportamiento de oferta y demanda es imposible controlar?

Que un extranjero compre una vivienda en Canarias no perjudica en absoluto al cliente local. Lo que perjudica al cliente local es que no se tengan en cuenta sus necesidades y no se construyan viviendas adaptadas a su nivel adquisitivo. No es un asunto que sea necesario controlar.

El problema de la vivienda no se resuelve matando a los mensajeros ni eliminando parte de la demanda sino haciendo uso de todas las herramientas de las que disponemos en este momento para satisfacer la demanda de familias, de jóvenes y de expatriados, de toda la población.

¿Cuánto cree que influye en los datos del INE sobre viviendas vacías en Canarias, donde se sitúa, por ejemplo, al municipio lanzaroteño de Tías como la localidad con menos de 10.000 habitantes de toda España con más casas deshabitadas, los pelotazos urbanísticos que han regado de edificaciones a medio construir o finalizadas pero ajenas a los Planes de Ordenación Urbanística el Archipiélago? ¿Cómo se puede atajar esa situación?

Esta no es una cuestión que se mida a base de opiniones ni emociones, ni tampoco repitiendo el mantra se va a hacer una realidad. Si usted me habla de construcciones ilegales consentidas por las diferentes administraciones públicas competentes, la manera de atajarlo será denunciar cualquier práctica ilícita que se haya cometido. Es cierto que muchas edificaciones, como le explicaba anteriormente, quedaron inconclusas debido a la crisis.

Y la AECP reaccionó junto a la empresa pública de vivienda Visocan conformando una metodología de trabajo que permitiría, de hecho ya se han producido algunas experiencias, terminar los edificios inconclusos y ser adquiridos por la propia empresa pública para ponerlos en el mercado en alquiler a precios asequibles. Asimismo, existen fondos en el Plan Canario de Vivienda que motivan la construcción de vivienda protegida en arrendamiento por parte de la iniciativa privada y cediéndole la gestión a Visocan.

¿Qué papel deben jugar las ayudas europeas en esta situacion?

Sin duda, es necesario aprovechar los fondos europeos en materia de rehabilitación integral de edificios para poder renovar y poner en condiciones de habitabilidad todos los inmuebles que en este momento son inhabitables. Por eso es muy importante que el nuevo director del Instituto Canario de Vivienda prorrogue con urgencia la convocatoria de las ayudas europeas en esta materia.

En definitiva, una política de vivienda solvente que se base en un pacto por la gobernanza entre el sector público y privado y que contemple con seriedad y agilidad la llegada de fondos europeos antes de que desaparezcan para rehabilitar el parque de viviendas así como incentivos y mayor protección de los propietarios para fomentar la proliferación de viviendas que se destinen al alquiler son medidas fundamentales para revertir la situación.

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