Los alquileres suben en Canarias un 7,3% con la ley estatal y la demanda casi se duplica

Viviendas más caras y cada vez más demandadas. Es la tendencia, inagotable, en el mercado inmobiliario del Archipiélago. La ley estatal, que sobre el papel le impide al arrendador subir el recibo del alquiler más de un 3%, no ha evitado que el precio medio se haya incrementado en las Islas un 7,3% desde su entrada en vigor en mayo de 2023. En paralelo, la demanda de pisos y casas en alquiler casi se ha duplicado en las dos capitales canarias, con una media de 42 familias disputándose cada inmueble que sale al mercado. Son las consecuencias de dos factores estrechamente relacionados: por un lado, los muchos años en que la Administración se olvidó de promover y construir nuevas viviendas; por otro, el notable aumento de la demanda al calor del no menos notable aumento de la población.

Idealista, la firma inmobiliaria que gestiona el sitio web homónimo –idealista.com–, publicó este lunes un informe sobre la evolución de la demanda de vivienda en alquiler en las capitales de provincia españolas. Pues bien, resulta que cada piso o casa que se oferta en arrendamiento en el portal de Idealista tiene una media de 27 familias interesadas. Son datos del primer trimestre de 2024. Hace un año, en el arranque de 2023, la media de hogares que se disputaban un alquiler era de 17, con lo que la demanda se ha incrementado así, en términos interanuales, cerca de un 59%. Esto en el conjunto del país, ya que el crecimiento de la demanda en Canarias es aún más intenso, un fenómeno que a su vez tiene relación con el decrecimiento de la oferta. Son vasos comunicantes.

Arrendar en las Islas un piso de 70 metros cuadrados ya sale por una media de 931 euros al mes

De acuerdo con el estudio de Idealista, una media de 44 familias se pelea por cada inmueble que se ofrece en arrendamiento en Santa Cruz de Tenerife, cuando hace un año la cifra era de 27. La demanda aparente ha aumentado casi un 63%. En la otra capital autonómica, Las Palmas de Gran Canaria, tras cada anuncio de vivienda en alquiler hay 41 hogares que son potenciales inquilinos. En el primer trimestre de 2023, la media de familias interesadas en cada oferta era de 19, de modo que la demanda se ha incrementado en este caso un 116%, es decir, se ha más que duplicado. En cifras promedio podría decirse que por cada piso o casa que se ofrece en alquiler en las dos grandes ciudades del Archipiélago hay alrededor de 42 familias dispuestas para disputárselo, lo que supone un alza interanual de la demanda potencial de prácticamente el 90%.

De hecho, las dos urbes isleñas están entre las cuatro del país donde hay una mayor demanda de inmuebles en arrendamiento. En las cuatro primeras de entre las 52 capitales de provincia –incluidas Ceuta y Melilla–. Solo en Vitoria-Gasteiz, con hasta 70 potenciales inquilinos por cada vivienda en alquiler, y en Guadalajara, con 59, hay una mayor demanda aparente que en las dos capitales autonómicas canarias. Madrid y Pamplona están en cifras similares. Y mientras la demanda, esto es, los potenciales arrendatarios, no deja de crecer, la oferta no deja de encarecerse.

El 26 de mayo del año pasado, cuando entró en vigor la ley de vivienda del bipartito PSOE-Podemos, alquilar una casa costaba en Canarias una media de 12,4 euros por metro cuadrado de superficie habitable. Así que arrendar un piso estándar de 70 metros salía por una media –ya de por sí altísima– de 868 euros mensuales. Hoy, cuando la que fuera normativa estrella del Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de cumplir un año de vida, el alquiler medio está en los 13,3 euros por metro cuadrado, una subida de prácticamente un 7,3% que lleva la cuota mensual a pagar por aquel piso de 70 metros hasta los 931 euros. Son, siempre según los datos de Idealista –que a falta de cifras oficiales más fiables se han convertido en la referencia del sector–, 63 euros más al mes, 756 más al año. Topar los incrementos del alquiler –los caseros no pueden subir el precio este año más de un 3% por imperativo de la ley estatal– se ha revelado así insuficiente para frenar la carestía inmobiliaria.

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