Jéssica de León: "Jubilación temprana para las ‘kellys’, sí; pero no solo eso, hay que cuidarlas siempre"

¿Qué opina de la jubilación de las kellys al cumplir 58 años?

Antes de nada felicito a sindicatos y patronal canarios por ser un ejemplo para toda España y encontrarse en esta demanda legítima e histórica del colectivo de las camareras de piso. El Gobierno de Canarias va a acompañarles en esta reclamación para que se las incluya en los decretos de profesiones con alta peligrosidad. Somos un destino turístico líder y aquí los agentes sociales se han puesto de acuerdo, por lo que entiendo que este debate hay que abrirlo para todo el país.

En 2018 estuvo cerca de lograrse. ¿Por qué no fraguó?

El 5 de abril de ese año 2018, una delegación de estas profesionales estuvo en La Moncloa con el entonces presidente, Mariano Rajoy. Menos de dos meses después, el 31 de mayo, se produjo una moción de censura y no se las pudo incluir en el catálogo, pero ya había una intención, sí; debemos culminar por fin ya ese debate. Aparte de acompañar esta solicitud de los agentes sociales, también vamos a dirigirnos a la ministra de Inclusión y Seguridad Social [Elma Saiz].

Si se buscan motivos objetivos, como el número de bajas, no deberían existir problemas. ¿O la realidad se aleja de la percepción que tenemos?

Es un sector muy castigado físicamente. Estamos hablando de adelantar a los 58 años la edad de jubilación, ¿pero qué ocurre antes de llegar a ese momento? La carga de trabajo que soportan y su calidad de vida son cuestiones a evaluar. Por ejemplo, se ha detectado que en las comunidades autónomas donde se exigen camas elevables los problemas de espalda se han trasladado a los hombros. Tenemos que ser muy conscientes de que todas las medidas que se adopten tienen que venir avaladas por estudios ergonómicos y de cargas de tiempo.

¿Qué hace al respecto?

Precisamente ultimar el primer estudio de tiempos y carga de trabajo de las camareras de piso. Así podremos determinar las medidas a adoptar para que tengan mejores condiciones laborales. Pero volviendo al inicio, me consta que la patronal CEOE está debatiendo elevar la cuestión al ámbito estatal y no me he encontrado todavía con ninguna voz que se oponga a que las camareras de piso se incluyan entre las profesiones para las prejubilaciones. Mientras, debemos estar vigilantes para que trabajen en las mejores condiciones y no sean presa de enfermedades.

¿Cuándo darán a conocer los resultados del estudio?

Lo he recibido en estos días y en breve lo pondremos en manos de los agentes sociales y lo haremos público. 

¿Y qué se mide en él?

La capacidad de carga de trabajo. Se toma el tiempo que se tarda en hacer una habitación y en función de ello se asigna la tarea sin poner en riesgo la salud de nadie.

Febrero es el mes que habían marcado para tener un primer documento sobre el que trabajar en la regulación de la vivienda vacacional en Canarias. ¿Van a cumplir?

De hecho ya lo tenemos. Es un primer borrador con el que iniciar la tramitación interna.

"Presentaremos en breve el primer estudio que mide la carga de trabajo de las camareras de piso"

¿Por qué no lo dan a conocer?

Vamos a desarrollar entre los días 27 y 29 cuatro mesas de trabajo de unas cuatro horas de duración para las que hemos citado a ayuntamientos, cabildos, colegios profesionales de abogados, arquitectos, aparejadores, registradores, las universidades, cátedras de Turismo de Canarias, por supuesto a la Asociación Canarias del Alquiler Vacacional (Ascav), a los sindicatos... Hace unos días nos reunimos con el Colegio de Registradores y nos dieron ya unas pinceladas muy interesantes sobre cómo pueden ayudarnos. 

¿Por qué no lo han llevado al Consejo de Gobierno?

Como le digo, queremos reunir antes a todos los implicados y es probable que de ahí salgan modificaciones normativas. Cuando tengamos el texto definitivo, lo trasladaremos a los grupos parlamentarios, probablemente el día 1 de marzo. 

¿Qué respuesta han obtenido a esta invitación de participar en las mesas?

Mi obligación es invitar a todos. Ya lo hice cuando se reunió por vez primera la comisión normativa para fijar el calendario legislativo e informativo. Ascav no forma parte de ella, pero les llamamos para que vieran el texto de la consulta antes de publicarlo. No hicieron ninguna aportación y lo votamos como estaba.

¿Los propietarios también?

No podían, ya le digo que no forman parte de la comisión. No tenían derecho de voto pero se les dio voz y optaron por no apuntar ninguna modificación, aun sabiendo que la revisión normativa se tenía que producir y que queríamos hacer una ley. El teléfono de la consejería siempre ha estado abierto. Hemos hecho todo el ejercicio posible de pluralidad. Vamos, que ya podría elevar al Gobierno el borrador y no lo hago porque quiero que lo vean todos los actores implicados antes por si hay algo que se nos ha escapado.

¿La distancia entre las posturas continúa siendo la misma?

 Ellos defienden un interés legítimo, el de explotar su vivienda, pero frente a él está el interés general de 2,2 millones de canarios. Ahí es donde tenemos que centrarnos. Ya nadie discute que la regulación de este fenómeno es escasa y muy mejorable. La ley que estamos preparando tiene que servir para propiciar una mejor convivencia entre el sector turístico y el residencial. Yo creo que hasta ellos mismos se dan cuenta de que el decreto de alquiler vacacional actual es insuficiente.

¿Le preocupa que la imagen del destino se dañe por casetas de campaña en azoteas de Santa Cruz de Tenerife o chabolas de madera en Lanzarote?

La preocupación es mucha. La Comisión Europea (CE) ya ha anunciado que va a entrar en vigor la obligación para las plataformas digitales de responsabilizarse de lo que anuncian. Es que a día de hoy no hay un reglamento que permita sancionar a la plataforma ni tampoco una norma en Canarias que permita actuar contra el propietario. Para ser exacta, sanción va a haber, sobre todo si, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife, hay un planeamiento urbanístico claro, pero me gustaría ser más ágil, más contundente. Hoy tengo que abrirles un expediente sancionador por un lado y un expediente de clausura por otro, y este último es muy tedioso, porque hay que notificar al propietario, que en ocasiones no es sencillo, darle audiencia, esperar sus alegaciones..., y todo eso mientras es claro que el incumplimiento se está produciendo. No todo vale dentro del alquiler vacacional. Y evidentemente las plataformas tienen que ser perfectamente conocedoras, porque lo son, de lo que están comercializando.

¿No hay modo de impedir que se lleguen a comercializar?

La iniciativa de la CE va a permitir a las plataformas integrar sus sistemas con las comunidades autónomas, para que no puedan inscribir nada que no esté registrado, nada que no cumpla con la ley.

¿Teme que este intento de regular que propugna termine en una larga batalla legal?

Es más difícil judicializar una ley que un decreto. No obstante, eso es secundario, lo que queremos es ponernos todos de acuerdo. Si se judicializa, lo único que debemos tener presente es que hemos hecho lo imposible por llegar a consensos. Es imposible entender que se puede operar con el libre albedrío que invocan quienes dicen que en su vivienda pueden hacer lo que quieran. Eso no tiene cabida más que en el discurso demagógico político interesado. Usted en su vivienda no puede abrir un taller de coches, una frutería o un bar. Se trata de una actividad turística reglada y, por tanto, tiene que cumplir normas.

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