La presión fiscal se duplica en la última década con la recaudación disparada

La presión fiscal que las familias y empresas canarias cargan sobre sus espaldas se duplicó a lo largo de la última década, en concreto desde 2011. Ese año, justo en medio de la crisis financiera, el montante de los tributos satisfechos por los sectores residentes -hogares y empresas- de la Comunidad Autónoma llegó al 8,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En 2022, con la inflación disparatada y la recaudación, en consecuencia, por las nubes -con el IGIC como principal exponente-, el peso de los impuestos ya estaba en el 16,3% del PIB.

Es decir, ya casi se había duplicado. Así lo expone el informe que ayer dio a conocer la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) tras la publicación de los datos de la recaudación en los once primeros meses del último ejercicio. Datos que evidencian que los ingresos tributarios crecen a mayor ritmo que la economía, por lo que la presión fiscal, a falta de las cifras definitivas, ya habrá alcanzado en 2023 el 17% del PIB. Y eso como poco.

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año pasado, la Hacienda canaria recaudó por los tributos propios, los cedidos y los del Régimen Económico y Fiscal (REF), estos últimos los del llamado Bloque de Financiación Canario, un total de 3.163,1 millones de euros. Una suma que por sí sola no dice gran cosa pero que supera en un 9,11% el importe ingresado en el mismo período de 2022. Aún no hay cifras oficiales sobre el crecimiento que habrá experimentado el PIB autonómico en el recién terminado 2023, pero una cosa sí es segura: creció menos de un 9,11%, un porcentaje que, además, será incluso más alto cuando se compute la cantidad recaudada en diciembre, es decir, el mes pasado.

Es más, si a los ingresos por los tributos propios, cedidos y del bloque del REF se les añade la cuantía correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), resulta que la recaudación de competencia autonómica llegó entre enero y noviembre del año pasado, según los cálculos de los técnicos de la CCE, a la friolera de 5.045,9 millones de euros. En tal caso, el alza interanual de los ingresos impositivos ya no sería del 9,1%, sino que se dispara hasta el 13,7%. De cualquier forma, cabe insistir, en ningún caso la economía de la región habrá crecido en 2023 en semejantes porcentajes -los analistas de BBVA Research calculan un alza del PIB del 3%-, y como quiera que la presión fiscal se mide por el porcentaje que la recaudación tributaria representa en la renta generada por el tejido productivo -el PIB-, aquella habrá vuelto a subir el pasado año. 

En definitiva, si los datos que maneja la Confederación Canaria de Empresarios muestran que la presión fiscal fue al cierre de 2022 del 16,3% del PIB, en 2023 habrá entonces rondado el 17%, y eso con el más conservador de los cálculos. «La recaudación de tributos de competencia autonómica alcanzó hasta noviembre de 2023 los 5.045,9 millones de euros», se explica en el informe de la CCE, donde se añade que «se trata de un resultado que adelanta un nuevo máximo histórico que dará continuidad al incremento de la presión fiscal soportada por las empresas y las familias de Canarias, cuyo dato ya al cierre de 2022 se situó en el 16,3% del PIB».

De hecho, los técnicos de la Confederación precisan en su análisis que si a los ingresos impositivos que en su mayor parte costean los sectores residentes se les suma el importe recaudado por la Tesorería General de la Seguridad Social, la presión fiscal se dispararía en el Archipiélago, de acuerdo con los datos de 2022, hasta el 31,7% del PIB. No obstante, el crecimiento de la presión fiscal ha sido mayor por la vía de los tributos -del 8,5% de 2011 al 16,3% de 2022, un aumento de 7,8 puntos- que por la de la Seguridad Social -de un 11% a un 15,4%, un alza de 4,4 puntos-.

En este escenario, en la patronal creen fundamental que Bruselas y Madrid accedan a flexibilizar la regla de gasto en favor de una Comunidad Autónoma que siempre ha cumplido con las directrices de estabilidad presupuestaria y financiera. Esto permitiría invertir todo el excedente de ingresos que podría quedarse ocioso bajo el yugo de la regla de gasto y, en última instancia, bajar impuestos.

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