Bruselas amenaza con sanciones a 104.000 firmas ‘morosas’ de Canarias

La Comisión Europea (CE) quiere poner coto a la morosidad en las operaciones comerciales. Su intención es que el plazo límite para que las empresas abonen sus facturas, incluidos los negocios de los trabajadores autónomos, sea de 30 días. Ni uno más. La firma que exceda ese límite tendrá una serie de recargos con los que Bruselas pretende disuadir a las empresas de que incumplan la nueva normativa. Sobre el papel podría parecer que los planes de la CE no tienen reverso negativo. Pero lo tienen, al menos en Canarias. Así lo asegura la gran patronal del Archipiélago, esa que representan el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, y su homólogo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega. Uno y otro consideran imprescindible que se exceptúe en ese punto a los negocios de la región del Reglamento comunitario sobre morosidad, que está a nada de salir de la cocina de la CE para publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. De no conseguirse, para lo que es necesario que el Gobierno de España así lo pida y justifique ante las autoridades comunitarias –los únicos interlocutores válidos en Bruselas son los Estados miembros, no sus territorios–, casi no habrá empresa en las Islas que pueda librarse del cartel de morosa. De hecho, hasta un 69% de las firmas canarias –prácticamente siete de cada diez, un total de 104.000– estaría en problemas para cumplir el estricto plazo de pago que pretende imponerse.

Los últimos datos de Informa D&B, la filial del grupo Cesce especializada en información comercial, marketing y estudios de mercado, dejan a las empresas isleñas como las que más se retrasan del país en el pago de sus facturas. Los negocios de la Comunidad Autónoma se demoran una media de 22,7 días, muy por encima de los 14,9 días que, también de media, tardan las firmas del resto de España. Es más, solo un 31,3% de las 152.000 firmas del Archipiélago, algo menos de 48.000, paga a sus proveedores de forma puntual. Es también el peor porcentaje del país, en este caso el más bajo. El 68,7% restante, las susodichas 104.000, se retrasa en el abono de las facturas en mayor o menor medida, pero todas se retrasan. Así que con el endurecimiento de la directriz comunitaria sobre morosidad, con ese plazo máximo e impostergable de 30 días, resulta que cerca de un 69% de las empresas canarias –69 de cada cien, siete de cada diez– quedará bajo la amenaza de sanciones –España deberá crear un órgano gestor de la normativa con capacidad para multar– y del pago de unos intereses que podrían llegar a superar el 12% de la cantidad adeudada, según la última propuesta de reglamento. «Todo el mundo» en las Islas será moroso, ironizó este jueves el presidente de la CCE, quien como su homólogo de la CEOE-Tenerife explicó que la mayor tardanza media de los negocios del Archipiélago en el abono de sus facturas no es ni casual, ni inexplicable, ni mucho menos pretendido. Es algo justificable y hasta lógico.

La CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios piden exceptuar a la región de la normativa

No en vano, las particularidades de la ultraperiferia también alcanzan a la facturación. Nada tiene que ver el proceso de abastecimiento de una empresa de Madrid o Sevilla, que adquiere un insumo, una materia prima o un producto cualquiera y puede tenerlo solo horas después en su almacén –justo lo que tarde el camión del transportista en recorrer la ruta por carretera–, que el de un negocio de Puerto de la Cruz, Agaete o Tijarafe. Aquí las mercancías entran por avión o, en la mayoría de los casos, por barco, lo que implica más trámites. Es precisamente eso, el tiempo extra que debe esperar una firma isleña para aprovisionarse, lo que engorda el período medio de pago de las empresas canarias, ya que si una transacción u operación comercial se dilata, se dilatan también la facturación y el abono de la cuantía estipulada. Por eso Pedro Ortega avisó que con el nuevo Reglamento comunitario «se quiere homogeneizar lo que no es homogeneizable». Dicho de otro modo: se corre el riesgo de tratar por igual a una empresa de Madrid que a una de Tenerife o Gran Canaria, con lo que en última instancia se vuelve a desatender, de facto, la singularidad de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y, en el caso de las Islas, su Régimen Económico y Fiscal (REF). Justamente las dos herramientas que compensan la lejanía, la fragmentación y el pequeño mercado del Archipiélago.

Los negocios del Archipiélago son los que más tardan en abonar sus facturas de toda España

En definitiva, agrega Pedro Alfonso, es necesaria la «sensibilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez para tocar el timbre en Bruselas y recordar que el Reglamento sobre la morosidad también deberá tener en cuenta las particularidades de las RUP, y en concreto de Canarias. Ya sea dando un mayor plazo de pago a los negocios radicados en esas regiones, ya sea concediendo una moratoria en la aplicación de la normativa –el Reglamento entrará en vigor doce meses después de su publicación oficial–, ya sea especificando que los 30 días no empezarán a contar en las Islas y demás territorios ultraperiféricos hasta que las mercancías entren en frontera. Si esto no se consigue –«y para conseguirlo primero hay que pedirlo», subrayó Alfonso–, el tejido productivo perderá competitividad frente a las empresas del continente, algo en lo que coinciden ambos presidentes patronales.

El jefe de la CEOE-Tenerife también recordó que las firmas canarias tienden a sobrestockarse –adquirir y acumular en sus almacenes un excedente de mercancías para estar cubiertas ante eventualidades–, con lo que en muchos casos se importan grandes cantidades y se ralentizan así el transporte, los trámites y la facturación. Con un límite de 30 días, habrá que ir a pedidos menos voluminosos para darse prisa con los plazos, así que aumentará el riesgo de que falten productos cuando vengan mal dadas.

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