La patronal avisa que la ‘tabla rasa’ en el SMI relega a Canarias a la cola de España

El anuncio de Pedro Sánchez sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante su discurso de investidura ha levantado ampollas en la patronal. Ampollas que son más grandes si cabe en la patronal canaria. La intención del presidente del Gobierno no solo es volver a subir el SMI a lo largo de la legislatura, sino establecer por ley que el sueldo mínimo sea siempre el equivalente al 60% del salario medio en España, de tal forma que aquel se incremente en la misma medida en que lo haga este último. Es decir, la idea es dar rango de ley a lo que de hecho ya venía haciendo el bipartito PSOE-Podemos. Una medida de gran acogida social pero que encierra peligros para economías que, como la canaria, tienen en la baja competitividad y sobre todo en la baja productividad su principal lastre. O el Ejecutivo de Sánchez tiene en cuenta en la nueva normativa las notables diferencias existentes entre el sueldo medio en unas y otras Comunidades Autónomas –algo que hasta ahora no ha tenido en cuenta–, o la brecha entre las regiones ricas y pobres –y entre estas últimas está el Archipiélago– seguirá creciendo. «Habrá comunidades de primera y de segunda», subrayan desde la patronal.

La intención de Sánchez, como ya avanzó en junio en un acto del PSOE, es fijar en el Estatuto de los Trabajadores que el SMI equivalga siempre al 60% del salario medio. Los socialistas han insistido desde entonces en que así lo recomienda la Carta Social Europea, pero lo cierto es que este tratado del Consejo de Europa no habla de ningún porcentaje en relación con el sueldo mínimo. En realidad es la Directiva comunitaria 2022/2041 la que aborda esta cuestión, y como en sus consideraciones se menciona la Carta Social, la confusión se ha propagado. El caso es que esta directiva del Parlamento y el Consejo europeos «sobre unos salarios mínimos adecuados» aconseja a los Estados miembros tomar como referencia para el cálculo del SMI el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio bruto. España ha mezclado ambas fórmulas y se ha decidido por el 60% del sueldo medio, que no mediano. Y lo ha hecho de manera indiscriminada, esto es, sin tener en cuenta que una cosa es el salario medio en Madrid o el País Vasco y otra muy distinta, en Extremadura, Andalucía o Canarias.

Resulta así que la última subida del SMI, que lo dejó en 1.080 euros mensuales –15.120 euros al año distribuidos en 14 pagas–, elevó el sueldo mínimo hasta el equivalente del 60% del salario medio en España, sí, pero también hasta rozar el 70% de la paga media en el Archipiélago. No en vano, la retribución que percibe el trabajador tipo español supera por poco los 25.500 euros anuales, pero lo que gana el empleado medio de las Islas no llega a los 22.000, según los datos de Adecco. Canarias quedó así, junto con Extremadura, como la Comunidad Autónoma con la menor diferencia entre el salario mínimo y el salario medio. Y parece que la diferencia se va a acortar aún más.

Extremadura y Canarias son las dos regiones con menor diferencia entre los sueldos mínimo y medio

Por eso la patronal isleña, o más bien las patronales isleñas –la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)–, ha dado la voz de alarma para avisar que no se puede seguir subiendo el SMI de manera indiscriminada. Si el Gobierno establece en la ley el mismo mecanismo que ha venido utilizando hasta ahora, el salario mínimo pronto superará en las Islas, y con creces, la barrera del 70% del sueldo medio sin que se haya producido un incremento de la riqueza o renta. Y es en esto último donde reside el problema, porque no se trata de un alza de los sueldos ligada a una mayor productividad, es decir, justificada por la propia economía, sino que es fruto de una decisión política. Algo que economías como la madrileña o la vasca, con salarios por encima de la media, pueden encajar sin problemas, pero no las de Canarias o Andalucía.

«Por eso cualquier acuerdo que pueda interferir en las relaciones laborales debe adoptarse en el marco del diálogo social y no de forma unilateral», explica el presidente de la CCE, Pedro Ortega, que avisa que si el Gobierno se mantiene en esta vía, «se resentirán la competitividad y la productividad» en las Islas y se producirá un «desajuste» entre las autonomías ricas, esas cuyo tejido productivo pueda asumir los mayores costes del SMI, y pobres, donde llegará el momento en que no puedan asumirse. «El SMI debe estar aparejado a la evolución de la riqueza y a la realidad de cada territorio, para no dañar la competitividad y la productividad de determinadas regiones y evitar así que haya comunidades de primera y de segunda. Fijarlo por ley, sin más, obligará a las empresas a reducir márgenes y en última instancia, fíjese, incluso a pagar menos impuestos», ahondó el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso.

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