La oferta de alquiler se hunde en Canarias un 40% con la nueva ley estatal de vivienda
Los primeros cinco meses de la normativa del Gobierno central se saldan en las Islas con la mayor subida de precios del país y la caída más brusca del mercado
Un hombre mira las ofertas de vivienda en el escaparate de una inmobiliaria. / Andrés Cruz
La nueva ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, en vigor desde el 26 de mayo de este año, ha cumplido las expectativas. Al menos las del sector inmobiliario, donde ya se temían, y así lo avisaron, que la normativa acabaría por agravar todos esos problemas que sobre el papel venía a solucionar: bajísima oferta, elevadísima demanda y precios desorbitados. En los cinco meses de vida de esta ley estrella del Ejecutivo del PSOE y Podemos, la oferta de casas y pisos en alquiler se ha hundido en Canarias un 40%. De hecho se ha hundido en toda España, pero en ninguna Comunidad Autónoma con tanta intensidad como en las Islas. En paralelo se han disparado tanto la demanda como los precios, y de nuevo lo han hecho en el Archipiélago con mayor fuerza que en las demás regiones del país. Y todo ello, claro,
y entre sucesivas subidas de los tipos de interés, que a su vez han disparado la cuota mensual de la hipoteca y han complicado aún más el acceso al crédito bancario.
Los alquileres se han encarecido una media de un 16,3% en las principales ciudades canarias
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la FAI, acaba de publicar el primer gran estudio sobre las consecuencias de la nueva ley de vivienda en el sector. En el caso de las Islas, el análisis de la FAI parte de los datos que maneja la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), que representa los intereses de cerca de un centenar de firmas y más de 600 profesionales del ramo en la Comunidad Autónoma. En definitiva, el estudio se basa en la información de quienes día a día se desempeñan en esta actividad y, por tanto, conocen al dedillo el estado de las cosas. Pues bien, la primera gran conclusión de este análisis es que la flamante normativa de vivienda no cumple, al menos de momento, sus objetivos; y la segunda, que Canarias es la región española donde esta ley ha perturbado el mercado inmobiliario con mayor intensidad.
Las casas retiradas del mercado de larga estancia se venden o pasan al negocio vacacional o turístico
De entrada, los analistas de la FAI calculan que hasta un 30,6% de la oferta de alquiler residencial o de larga estancia ha desaparecido en España desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda. Un porcentaje ya de por sí elevadísimo pero que en las Islas alcanza el 39,7%, el más alto de todo el Estado, lo que es tanto como decir que de cada diez casas o pisos que estaban en alquiler en la región antes de la normativa estatal, cuatro se han retirado del mercado. Las siguientes autonomías en que más se ha reducido la oferta son la Comunidad de Madrid, que ha perdido el 35,3% de los inmuebles con el cartel de Se alquila, y Cataluña –34,9%–. ¿Y adónde ha ido a parar toda esa oferta? Pues parte de sus propietarios decidió dejar la actividad del alquiler y poner la casa en venta y otra parte se pasó al pingüe negocio de la vivienda vacacional o turística, para así no tener que soportar los condicionantes de la ley nacional.
Así que en Canarias, donde el gran problema siempre ha estado en una bajísima oferta –entre otras cosas porque la Administración se olvidó de promover vivienda pública en los años de la burbuja–, la normativa del bipartito PSOE-Podemos la ha reducido aún más. O más bien la ha hundido. Y como la oferta se reduce todavía más, los precios suben todavía más. En las dos capitales y demás grandes ciudades del Archipiélago lo han hecho un 16,3% en los cinco meses de vida de la ley estatal, de nuevo el mayor incremento del país. Un período en el que la demanda, claro, ha crecido casi un 20%.
Un problema que ya es más social que inmobiliario
La doble carestía de la vivienda en Canarias, donde faltan casas y donde los precios de las pocas que se ofertan son prohibitivos para el ciudadano medio –tanto en el mercado de compraventa como en el del alquiler–, se ha convertido en un problema social de primer orden. En una Comunidad Autónoma cuyos trabajadores están entre los que menos cobran del país –y de buena parte de las regiones que integran la Eurozona–, el tamaño de los inmuebles a los que se puede acceder sin tener que recortar en gastos esenciales como alimentos y ropa es cada vez más pequeño. Y son casas, claro, cada vez más deterioradas. Un reciente estudio del portal inmobiliario Fotocasa concluye que el 30% del salario medio bruto de las Islas –el máximo que los expertos recomiendan destinar para el pago de la vivienda sin comprometer la salud de las finanzas domésticas– apenas da para alquilar un piso de 42 metros cuadrados. Hace diez años, en 2013, es decir, aún en la Gran Recesión, el 30% del sueldo del isleño medio alcanzaba para arrendar una casa de hasta 88 metros cuadrados. Una evolución a la baja que muestra hasta qué punto la carestía de la vivienda está haciendo mella en la calidad de vida de los canarios.
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