Mercado inmobiliario | La carestía de la vivienda en las Islas
Canarias necesita 46.000 viviendas en alquiler social para cubrir la demanda
La promotora Culmia calcula que la inversión pública necesaria para acabar con la crisis inmobiliaria en el Archipiélago asciende a 3.500 millones de euros en diez años
Unos obreros trabajan en la reforma de varios inmuebles en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca
El problema de falta de viviendas que padece el Archipiélago hace ya tiempo que dejó de ser una cuestión meramente inmobiliaria para convertirse en una urgencia social. Y Culmia, la firma promotora del fondo Oaktree Capital Management, acaba de ponerle cifras a la acuciante carencia de pisos y casas en las Islas. Canarias necesita 46.000 nuevas viviendas en alquiler asequible en los próximos diez años para cubrir la creciente demanda y paliar así la doble crisis social e inmobiliaria en que ha desembocado la escasez de oferta.
El informe de los analistas de Culmia señala las cinco Comunidades Autónomas en que hay mayor desproporción entre la oferta y la demanda de casas. Son, por este orden, Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias. Los expertos de la promotora inmobiliaria, que contaron en la investigación con la colaboración de la consultoría GAD3, concluyen que se precisa la friolera de 761.000 nuevas viviendas en alquiler asequible en toda España a lo largo de la próxima década para equilibrar el mercado. Es decir, «para satisfacer la demanda, destensar los actuales precios y rebajar la tasa de esfuerzo que los hogares destinan al alquiler», explican desde Culmia. Pues bien, de ese déficit de 761.000 pisos y casas que padece el país, hasta 585.000, un 77%, corresponden a esas cinco comunidades en las que la carestía de los inmuebles es especialmente grave.
En el caso del Archipiélago habría que construir, o en su defecto incorporar o reincorporar al mercado del alquiler –y a precios asequibles, esto es, a precios que pueda pagar una familia tipo–, una media de 4.600 viviendas cada año de aquí a 2033. Levantar todas esas casas exigiría una inversión pública de 3.486 millones de euros a lo largo del siguiente decenio, un desembolso medio de cerca de 350 millones anuales. A nivel nacional, el gasto de la Administración sería de unos 26.600 millones de euros al cabo de los diez próximos años, si bien los expertos de Culmia apuestan por la colaboración pública-privada como la fórmula idónea para acabar con la carestía inmobiliaria.
La entidad promotora expone que introducir esas 761.000 nuevas viviendas en el mercado del alquiler supondría una inversión global de unos 108.000 millones de euros, aunque solo los susodichos 26.600 millones –3.500 en las Islas– saldrían de las arcas públicas. El resto sería inversión privada, alrededor de 81.500 millones de euros que se repartirían entre los adjudicatarios de los inmuebles –18.500 millones– y la financiación bancaria necesaria para que las constructoras saquen adelante los proyectos –63.000–. Los 26.600 millones de euros de fondos públicos, incluidos aquí los 3.486 millones correspondientes a Canarias, serían para ayudas a la construcción y para los planes de alquiler social, es decir, para subsidios.
Nuevas fórmulas
Hay que recordar que el nuevo equipo al frente del área de Vivienda del Gobierno regional, que lidera Pablo Rodríguez, se está planteando hacer una serie de cambios legislativos para disponer de más suelo en el que construir pisos y casas de titularidad pública. La idea es que determinados terrenos con la categoría de urbanizables puedan servir para levantar viviendas protegidas, con lo que no haría falta esperar a que tuvieran la consideración de urbano consolidado y se evitaría así el en ocasiones farragoso procedimiento administrativo para el cambio de uso del suelo. En definitiva, no solo se trata de disponer de más terrenos en los que construir, sino también de disponer de ellos cuanto antes.
Los expertos advierten de que el recibo del alquiler de la vivienda no debe exceder el 30% de los ingresos mensuales, es decir, el 30% del sueldo. De lo contrario se pone en riesgo la economía doméstica. Pues bien, hace diez años, en diciembre de 2013 -en los estertores de la crisis financiera-, la familia media de las Islas podía arrendar con ese máximo del 30% del salario una vivienda de 88 metros cuadrados. Hoy, un decenio más tarde, el 30% del sueldo apenas da para alquilar un piso -más bien un minipiso- de 42 metros cuadrados. «El encarecimiento del alquiler ya no permite a los ciudadanos acceder a una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, sino que deben conformarse con una de menores dimensiones», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, la firma que ha elaborado este análisis. | M. Á. M.
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