El Gobierno estudia cambiar la ley para el uso rápido de suelo en vivienda

El Gobierno regional no se plantea por ahora realizar una declaración de emergencia habitacional como ya se hizo con la climática y la energética. No está descartada pero la primera acción ha sido la aprobación de un plan de choque que, según el consejero Pablo Rodríguez, «es una decisión propia de una declaración de emergencia porque estamos dando prioridad a la política de vivienda». También se está valorando una modificación legislativa –en forma de decreto ley– de la Ley de Vivienda o la del Suelo, o ambas a la vez, con el fin de permitir que la Administración autonómica pueda realizar un uso más rápido de determinados tipos de suelos aunque no tengan todas las condiciones urbanísticas necesarias: «Estamos analizando las vías legales para permitir, por ejemplo, que se pueda usar un suelo que no es urbano consolidado sino urbanizable, pendiente de un plan parcial o de una unidad de actuación, y así ser más ágiles para utilizarlo en vivienda pública», indica el titular de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

La disponibilidad rápida de suelo se ha convertido en un elemento esencial para revertir la escasez de vivienda pública que hay en Canarias y que aboca a las Islas a estar en una situación de emergencia habitacional ante los elevados precios de los alquileres, la falta suficiente de oferta y el encarecimiento de los tipos de interés para adquirir una casa en propiedad. Por ello el Gobierno ha asumido una buena parte de los postulados de las patronales de la construcción, con el fin de acelerar los procedimientos y poner suelo a disposición de la iniciativa privada de forma ágil para construir viviendas que sean después arrendadas por la Administración a precios asequibles.

Uno de los elementos más importantes sobre los que pivotan las medidas puestas en marcha para acelerar la búsqueda de suelo y su edificación es el derecho de superficie. Se trata de un mecanismo que será utilizado por el Gobierno a través de la empresa pública Visocan, que cuenta con bolsas de suelo de titularidad pública que se pondrán a disposición de los operadores privados a través de una concesión durante un periodo de 75 años para construir viviendas que, posteriormente, se pondrán en el mercado en alquiler asequible. Los constructores arriendan las casas a la Administración autonómica para recuperar la inversión y será el Instituto Canario de la Vivienda el que gestionará la adjudicación y entrega de las casas a las familias vulnerables. Para el Ejecutivo se trata de una fórmula que incrementa la oferta de vivienda en el mercado y que esta sea puesta a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.

Reivindicaciones

La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, aplaude esta iniciativa porque se trata de una de sus principales reivindicaciones y que lleva años demandando los empresarios. «Visocan tiene una amplia bolsa de suelo, hay que dotarle de capacidad de endeudamiento y de herramientas administrativas para poder agilizar los trámites». Además de los fondos públicos propios, la dirigente empresarial también resalta la financiación de los fondos europeos, que ofrecen 700 euros por metro cuadrado de superficie útil para vivienda a fondo perdido. Por parte privada los empresarios tienen la opción de materializar la Reserva para Inversiones, de tal forma que, aunque haya poca rentabilidad, «sí hay un ahorro fiscal indirecto».

Otras opciones de la colaboración público-privada que contempla el Ejecutivo es que Visocan adquiera edificios inacabados en el mercado y que compre viviendas vacías, una fórmula que ya se ha intentado en varias ocasiones desde la crisis de la burbuja inmobiliaria.

Salud Gil se congratula de que el Gobierno canario «cuente con la iniciativa privada sin complejos» y espera que las medidas adoptadas en el plan de choque tengan efectos para agilizar al máximo los procedimientos burocráticos. Más que declaración de emergencia, las patronales prefieren que la política de vivienda sea declarada «de interés estratégico».

También en materia de suelo se está negociando con los ayuntamientos y los cabildos la cesión de terrenos con el objetivo de agilizar los trámites para crear una bolsa disponible para futuras actuaciones. En esta línea, se va a llevar a cabo un estudio isla por isla para detectar suelo potencialmente apto para la construcción de vivienda protegida de promoción pública.

Junto al despliegue de la política de suelo, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) se va a dotar de más personal cubriendo 72 plazas vacantes, con el fin de mejorar la atención ciudadana y hacer frente a las solicitudes y expedientes de las campañas en marcha.

Una iniciativa novedosa que también estudia la Consejería es la modificación del Módulo Básico Canario (MBC), inmóvil desde el año 2003 y que, según Rodríguez, «genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que debemos contemplar el incremento de los costes de la construcción».

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