Antes de la pandemia, independizarse ya era una misión casi imposible para la juventud de las Islas pero la crisis derivada de la emergencia sanitaria lo ha dificultado todavía más e incluso ha hecho que algunos de los que habían logrado emanciparse no hayan tenido más remedio que regresar a casa con su familia. La tasa de emancipación de los menores de 30 años en el Archipiélago pasó en el último semestre del año pasado del 18% al 15,7%, lo que significa que la crisis ha obligado a algo más de 7.000 jóvenes canarios a volver a vivir con sus padres.

Así lo evidencia el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que señala a la falta de estabilidad laboral que padecen los jóvenes en las Islas, así como a un mercado inmobiliario muy restrictivo, como las principales razones para que el porcentaje de la población canaria de entre 16 y 29 años que vive fuera del hogar familiar haya descendido en el Archipiélago. De hecho, apenas 53.000 jóvenes de esa franja de edad de los más de 341.000 que residen en las Islas ha logrado independizarse. Sin embargo, la tasa de emancipación se eleva ligeramente por encima del 60% en el caso de los que tienen entre 30 y 34 años, un grupo de población representado en Canarias por 119.321 personas. Por el contrario, en este colectivo el porcentaje de los que viven de forma independiente se incrementó en los últimos seis meses del año pasado a pesar de la pandemia.

Durante la primera mitad 2020, Canarias fue una de las pocas comunidades en las que, contra todo pronóstico, la tasa de emancipación juvenil aumentó. Algo que el informe achacó al incremento de la población joven procedente de países extranjeros, que suelen presentar unas mayores tasas de emancipación respecto a los canarios. Sin embargo, la juventud del Archipiélago no ha permanecido ajena a las consecuencias de las sucesivas olas de coronavirus, que durante los últimos seis meses del año pasado, lastraron la actividad económica y prácticamente paralizaron el turismo, lo que ha acabado por tener también incidencia en la emancipación. 

Solo el 15,7% de los veinteañeros que residen en las Islas vive fuera del domicilio familiar

 Los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia ha golpeado con dureza a los jóvenes canarios. Si ya antes de la aparición del virus, las condiciones laborales de los menores de 30 años era muy precarias en el Archipiélago, los efectos sociales y económicos de la emergencia sanitaria en las Islas las han agravado aún más. El empleo juvenil es en su gran mayoría temporal y por eso son unos de los primeros puestos de trabajo que se destruye con la llegada de cualquier tipo de crisis. Esta tendencia no se ha roto en esta ocasión, en la que se ha unido que buena parte de aquellos que tienen un menor nivel de formación trabaja en el sector servicios, uno de los que ha resultado más perjudicado y en el que han desaparecido un mayor número de empleos. A finales de 2019, un 40,5% de la población joven canaria estaba trabajando, mientras que a finales de 2020 se había reducido al 30,1 %, lo que significa que más de 35.000 han perdido su trabajo. Además, de los tres de cada diez que trabajan, la mitad se ha visto afectado por un Expediente de ERTE. El desempleo juvenil también se intensificó en la segunda mitad del año pasado, ya que la tasa de paro escaló hasta el 39,7%, en la que Canarias superó a la mayoría de las comunidades autónomas.

Con unos ingresos anuales que de media apenas superaron los 8.945,00 euros netos, los menores de 30 años deberían dedicar la totalidad de su salario a pagar el alquiler de una vivienda, en el caso de que quisieran irse a vivir solos. Un porcentaje inasumible, ya que no les quedarían ingresos para afrontar el resto de los gastos y que supera de manera muy importante el 30% que los expertos recomiendan destinar al pago de la vivienda.

Ante estas dificultades, la primera opción de los jóvenes canarios suele ser recurrir a un piso compartido, una fórmula que muchas veces se cronifica más allá de lo que considerarían deseable, ante la imposibilidad de asumir el pago del coste total del arriendo.

Sin embargo, adquirir una vivienda en propiedad tampoco es una alternativa para la gran mayoría de los jóvenes de esas edad en Canarias. Según el informe, el precio máximo tolerable para comprar un inmueble para un menor de 30 años asalariado no supera los 60.000 euros, una cantidad muy alejada de los precios medios de las propiedades en el Archipiélago. Además, expone que como mínimo deberían ingresar 23.000 euros al año para poder afrontar una operación de compra, cuando tal y como se ha señalado, apenas superan los 8.900 de media.