El presidente de la federación de empresas de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, ha alertado de la parálisis económica de Tenerife y, entre otros, ha responsabilizado a la política "restrictiva y obstacularizadora" de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que siente, ha agregado, una "especial sensibilidad medioambiental sólo con esta isla".
Izquierdo en un comunicado también culpa a los "noistas endémicos de siempre", que, a su juicio, intentan frenar, "por todos los medios posibles e imposibles", cualquier iniciativa inversora, la ejecución de diversas infraestructuras imprescindibles o sacar adelante proyectos empresariales estratégicos, "creando con esos vetos fundamentalistas, pobreza, hambre e imposibilitando el bienestar social de los tinerfeños".
Óscar Izquierdo también responsabiliza de esta situación "a una burocracia que no funciona en sus distintos ámbitos territoriales o competenciales" y que retrasa la resolución de expedientes o licencias mucho más allá del tiempo fijado por la propia administración o haciendo continuas encomiendas a medios propios o empresas públicas "que es la mejor demostración de su incapacidad gestora".
El presidente de Fepeco indica que los empresarios sufren "la desesperante espera" en la concesión de licencias de obra mayor, por parte de la inmensa mayoría de las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, "donde estamos hablando ya de plazos de más de dos años, que obstaculizan la reactivación económica, creación de empleo y dinamismo productivo".
Además señala que se pone en peligro la viabilidad de muchas empresas.
Izquierdo critica que la actitud de la Consejería de Transición Ecológica hacia los proyectos a ejecutar en Tenerife, "donde siempre aparecen dificultades por doquier, incluidos los escarabajos, en contraposición con las facilidades que da en Gran Canaria, donde todo se aprueba con mucha diligencia y simplicidad"
En su opinión, el reciente veto al proyecto turístico de Punta Abona en Arico es la demostración de la inseguridad jurídica en la que viven los empresarios en Canarias, "dependiendo en gran medida de interpretaciones funcionariales subjetivas e ideologizadas, que crean incertidumbre y ahuyentan a los inversores".
Añade que a esta negativa se une el no a la regasificadora; a los nuevos carriles en la TF-1 y TF-5; a construir una terminal de nueva generación en el Aeropuerto Tenerife Sur; al puerto de Fonsalía; a la llegada del tranvía al Aeropuerto de Los Rodeos; a la Vía Exterior en la zona metropolitana o al tren del Sur.
"Son casos concretos que aumentan la desconfianza sobre los verdaderos intereses que hay para atascar Tenerife y dejarla como una isla dependiente y subsidiaria, apartándola del liderazgo económico que como isla capitalina le corresponde y como consecuencia, perdiéndose el equilibrio regional, fundamento de nuestra autonomía", agrega el dirigente empresarial.
