Impuestos | El debate de la fiscalidad en el motor económico

La ecotasa daría cien millones al año a Canarias

Los canarios de turismo por las Islas también tendrían que pagar el gravamen

Los ingresos pueden usarse para fines más allá del sector turístico

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LP/DLP - ED

Una ecotasa le reportaría a la Hacienda canaria unos ingresos extras de algo más de cien millones de euros al año, incluida la parte que abonarían los isleños que hagan turismo interior. En esas cifras se movería la recaudación con un gravamen similar a los que se aplican en Cataluña y Baleares, que junto con Canarias ocupan el podio de los principales destinos turísticos de España. En cualquier caso, los expertos en materia fiscal, más allá de que sean partidarios o detractores de este tipo de medida tributaria, coinciden en que lo más importante no es tanto la cuantía que se recaude como el destino de ese dinero.

Es decir, que si la ecotasa tiene como objetivo internalizar las externalidades negativas de la industria turística, esto es, compensar los perjuicios al medio ambiente y a la población local, esto ha de quedar bien claro en la eventual normativa, como también qué porcentaje de la recaudación iría para la mejora de infraestructuras, cuál para políticas de vivienda y cuál otro para, por ejemplo, la recuperación del litoral. De lo contrario, avisan los expertos, los ingresos por la tasa turística acabarían perdidos entre el global de la recaudación pública y se emplearían a discreción del Gobierno de turno.

Según la información suministrada a este diario por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, Cataluña ingresó vía ecotasa en 2022 poco más de 75 millones de euros, una suma que en Baleares llegó a 151 millones. El año pasado, con la total normalización del sector tras el varapalo de los años de la covid, la recaudación en Cataluña rozó los 90 millones de euros, mientras en el archipiélago mediterráneo alcanzó los 136,7 millones. En el caso de Baleares, este impuesto entró en vigor en 2016. Lo pagan los turistas mayores de 16 años y la cantidad varía en función del tipo de alojamiento, del tiempo de estancia y del mes de que se trate, ya que a diferencia de en Canarias, en las islas mediterráneas tienen temporadas alta y baja, con lo que la cuantía de la tasa turística es más baja en los meses de poca actividad.

A grandes rasgos, la ecotasa en Baleares oscila entre los 25 céntimos por noche en hostales, pensiones y campings durante la temporada baja y los cuatro euros por pernoctación en hoteles y apartamentos de cinco estrellas durante la temporada alta. En Cataluña, donde se aplica desde 2012, la suma va desde los 60 céntimos/noche hasta los 6,25 euros por pernoctación en función del tipo de establecimiento turístico y de si este está o no en Barcelona, donde el gravamen es más alto.

Expertos avisan del riesgo de caer en la sobrerrecaudación: los ingresos fiscales están en máximos

Estos son los dos modelos en funcionamiento en España, y justamente en los dos únicos destinos nacionales que reciben más turistas extranjeros que Canarias. En 2023 pasaron sus vacaciones en las Islas 13,95 millones de foráneos; en Baleares hicieron lo propio poco más de 14,4 millones; y a Cataluña fueron cerca de 18,2 millones. Hay que tener en cuenta que en la comunidad del noreste peninsular el turista no puede hacer más de siete noches seguidas en un mismo hotel, mientras que en Baleares se le cobra el 50% del importe de la ecotasa –la mitad– a partir de la novena jornada de estancia.

Esto explica, en parte, por qué en las islas mediterráneas se recauda más que en Cataluña pese a tener menos visitantes. El caso es que importar el modelo balear, por aquello de las similitudes entre las economías de ambos archipiélagos –los dos dependientes hasta el extremo de la industria turística–, dejaría en las arcas canarias alrededor de cien millones de euros anuales. Eso, cabe insistir, con un modelo similar al balear, que no es el único.

Al hilo de lo anterior, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, precisa que el destino de la recaudación de la ecotasa no necesariamente ha de ser la mejora de la infraestructura turística. Esto es algo que dependería de lo que decidiera el Gobierno de Canarias, que perfectamente podría establecer en la normativa que parte de los ingresos se use para vivienda, cuya carestía es uno de los grandes problemas socioeconómicos de la región.

Además, cabe también la posibilidad de establecer exenciones o bonificaciones en los casos de establecimientos cien por cien renovables, por ejemplo, o en favor de los alojados en un hotel por motivos médicos, como les ocurre a quienes deben ir a otra isla por un tratamiento. Pero eso sí, lo que no cabe es limitar sin más el pago de la ecotasa únicamente a los turistas no residentes. No es posible discriminar. O dicho de otro modo: los canarios que estén de turismo interior y se alojen en un hotel o apartamento también tendrían que abonar este impuesto, aclara Mollinedo, que en cualquier caso juzga «razonable» establecer medidas fiscales de este tipo en los destinos «con más exigencia turística», como es el caso de las Islas.

En todo caso sería fundamental dejar claro en la normativa el destino del nuevo impuesto

En esta línea se manifiesta también el economista y asesor fiscal Aníbal Santana, firme defensor de la ecotasa o de la alternativa de un IGIC incrementado para las actividades turísticas. Al fin y al cabo, puntualiza este experto, es más importante el destino de los fondos recaudados que la figura tributaria que se emplee. A su juicio, la finalidad de ese dinero debería ser el cuidado y la mejora del medio ambiente y los espacios naturales.

Por su parte, el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Economistas de Las Palmas, Carlos Marcelo Correa, introduce un relevante matiz: el de la sobrerrecaudación. El fisco regional no para de encadenar récords de ingresos, sobre todo por el IGIC, un «exceso» –el superávit público lo evidencia– que cree le quita sentido a la ecotasa. Cosa distinta es que el nuevo gravamen sirviera, por ejemplo, para bajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%, una promesa que el Ejecutivo aún no ha podido cumplir.

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