De la cláusula ‘antiokupa’ a la ecotasa: el Gobierno responde a las ideas ciudadanas para regular el alquiler vacacional en Canarias

La norma que regulará el alquiler vacacional en Canarias genera una gran expectación a juzgar por el número de aportaciones ciudadanas que ha recibido: 5.083. El Gobierno regional ha estudiado todas las propuestas –que ha agrupado en una treintena de puntos– y ha emitido un veredicto sobre cada una de ellas. El Ejecutivo ha descartado la gran mayoría de las demandas alegando, entre otras cuestiones, que «no son competencia de la comunidad autónoma» o que son «contrarias al libre mercado». Entre las propuestas rechazadas se encuentran la de incluir una cláusula ‘antiokupa’ en la norma, aplicar una ecotasa a los turistas que se alojen en los pisos turísticos o limitar la cantidad de viviendas que puede tener en explotación una misma persona. En el lado opuesto están las ideas que la ley abrazará, como evitar que un edificio de nueva construcción se destine a fines turísticos o determinar el máximo de personas que pueden alojarse en una vivienda vacacional para garantizar unos mínimos de calidad.

El texto con las sugerencias ciudadanas a la futura ley de alquiler vacacional canaria es interesante no solo porque muestra cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía en torno a esta incipiente actividad económica que crece de forma voraz, sino que también permite vislumbrar cuál será el camino que tomará el Gobierno autonómico a la hora de legislar.  

Lo que la nueva ley de alquiler vacacional de Canarias no contemplará

A la ciudadanía le preocupa, por ejemplo, qué está ocurriendo con los empleados de las viviendas vacacionales. Desde trabajadores de la limpieza, hasta personal que entrega las llaves o gestiona el transporte. Todo un negocio del que, a poco que se mire bajo la alfombra, afloran personas cobrando en negro. ¿Quién lo investiga? ¿A qué convenio deben acogerse? Pues según el Gobierno canario, la ley de alquiler vacacional no regulará materias laborales al no ser la comunidad «competente» en ello, pero sí dejará claro que estos trabajadores pertenecen al sector turístico y, por tanto, sus derechos ya están recogidos en los convenios sectoriales.

Otra inquietud que atañe a los propietarios es que su vivienda sea okupada. Por ello, hay quienes solicitan al Ejecutivo que articule medidas, como una cláusula ‘antiokupa’, que les permita actuar en caso de que los huéspedes no abandonen las viviendas al terminar el contrato. «La comunidad no está amparada en título competencial habilitante para incluir determinaciones en tal sentido», fue la respuesta institucional.

La famosa ecotasa, que consistiría en cobrar al turista un canon simbólico destinado a cubrir el impacto que su visita tiene sobre el territorio, también ha estado entre las propuestas enviadas. Esta idea no estará contemplada en la futura norma pues para el Gobierno canario se trata de una cuestión «ajena al objetivo de la iniciativa normativa en curso» y que tiene una perspectiva «mucho más global».

Las medidas más restrictivas que fueron sugeridas por la ciudadanía, como la limitación del número de viviendas que una persona puede poner en el mercado del alquiler vacacional o prohibir la conversión de segundas viviendas en pisos turísticos «no tienen encaje a tenor de la jurisprudencia nacional y comunitaria relativa a los principios de libertad de empresa».

Lo que la nueva ley de alquiler vacional de Canarias sí contemplará

Respuesta institucional positiva han tenido los mensajes que piden consultar a los vecinos antes de iniciar la actividad vacacional, que se elaboren códigos de conducta o que se incrementen los costes de la comunidad a quienes sean arrendatarios de pisos turísticos: «Estas aportaciones tendrán reflejo en la norma pues así lo indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Para priorizar «la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda», el Gobierno canario tendrá en cuenta la petición de limitar la construcción de nuevos edificios destinados únicamente a viviendas vacacionales. El Ejecutivo también considera una aportación «valiosa» –que incluso recomienda la UE como mecanismo de compensación– la de obligar a quien ponga un piso turístico a habilitar otra vivienda para alquiler de larga duración.

También tendrá acogida en la norma el establecimiento de un periodo de espera para la conversión de vivienda residencial en vacacional. Esto se hará para evitar que las viviendas nuevas se incorporen de forma inmediata al alquiler vacacional.

Lo que está en duda respecto a la nueva ley de alquiler vacacional de Canarias

Existe una encrucijada que el Archipiélago es por ahora incapaz de afrontar: ¿Se debe prohibir el alquiler por habitaciones? Algunos ciudadanos han pedido que solo se permita alquilar habitaciones cuando en una de ellas habite el propietario. El Ejecutivo canario recuerda que la «especialización de usos» proclamada en el ordenamiento jurídico de la región en 2003 contempla la compatibilización del uso residencial con el uso turístico. No obstante, la respuesta institucional no aclara si, definitivamente, permitirá que propietarios y turistas duerman en una misma vivienda vacacional. «Corresponderá en su caso al desarrollo reglamentario determinar si se habilita tal posibilidad y en qué condiciones».