Transferencias
El Gobierno articula el pleito en el Tribunal Constitucional por Costas
Pide un dictamen urgente al Consejo Consultivo y aprueba un recurso de incompetencia
El Gobierno avanza en el recurso que prevé presentar ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de transferencia de las competencias en Costas. El Ejecutivo esperará a la Comisión Bilateral Canarias-Estado convocada el próximo 15 de abril para interponer el recurso si el Gobierno central no satisface las demandas canarias de contar con el 100% de la transferencia como prevé el Estatuto de Autonomía. «Canarias tiene claro que, con el Estatuto de Autonomía en la mano, las competencias en materia de litoral le corresponden cien por cien a la Comunidad Autónoma sin ningún tipo de consideración a quedarse parte de las competencias el Estado. Y eso es lo que estamos defendiendo ante el Constitucional, en la Comisión Bilateral y donde sea necesario», apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz Alfonso Cabello.
Como paso previo a este procedimiento la reunión del Ejecutivo celebrada ayer aprobó poner en marcha el recurso de incompetencia que fundamenta la impugnación ante el Constitucional, al considerar que el Ministerio de Transición Ecológica no es competente para mantener en su poder los expedientes de caducidad de las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que afectan fundamentalmente a los dos hoteles que posee la cadena Riu en Corralejo, en Fuerteventura. Asimismo, el Gobierno ha solicitado un dictamen urgente al Consejo Consultivo para que lo emita el viernes.
Comisión bilateral
Con la documentación preparada acudirán los representantes del Gobierno regional a la reunión de la Comisión Bilateral que preside el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente canario y bajo cuyo mandato se negociaron y transfirieron las competencias en la gestión del litoral. Cabello espera «llegar con este asunto encima de la mesa» y, no obstante, expuso su confianza «en que a partir de esa comisión bilateral se pueda llegar a normalizar» la situación y no haya que acudir al Constitucional.
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