La Comisión Bilateral de Costas del 15 de abril no paraliza el conflicto ante el Tribunal Constitucional

Siete meses después de su primera solicitud informal, la reunión entre el Estado y la Comunidad Autónoma para dirimir el conflicto estatutario sobre la gestión del litoral ya tiene fecha y lugar: el 15 de abril en Canarias.

No obstante, si el Estado esperaba congelar el conflicto abierto con las Islas sobre este asunto, no está de suerte: esa esperada cumbre no paraliza el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que presentó hace unos días Canarias para reclamar las competencias que considera exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de costas, después de que el Ministerio de Transición Ecológica acordara el derribo del Hotel Riu Oliva Beach, enclavado en las dunas de Corralejo (Fuerteventura). Una medida que Canarias considera que invade sus competencias.

Así lo anunció el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello tras la reunión del gabinete que preside Fernando Clavijo, para insistir en que el Archipiélago "es quien tiene las competencias exclusivas y es el Estado quien vulnera el Estatuto de Autonomía".

"Ya tenemos fecha, que ya es más de lo que teníamos ayer, pero insistimos en que el traspaso de competencias que acordó el anterior Gobierno del pacto de las flores se hizo de forma parcial y sesgada", afirmó.

Aunque el Ejecutivo que preside Clavijo venía avisando desde el mes de septiembre, el pasado 18 de diciembre anunció formalmente que solicitaba al Estado la convocatoria urgente de la comisión entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno canario para proceder a renegociar las transferencias de Costas para que sus competencias estatutarias dejaran de estar "tuteladas". El retraso en su convocatoria llevó al propio presidente Clavijo el pasado 27 de febrero, en el Parlamento, a culpar al "sentimiento mesetario, jacobino o madrileño" del ministro y antecesor en el cargo, Ángel Víctor Torres, por dilatar la reunión.

Precisamente, ambos protagonistas abrieron la puerta a la esperanza el pasado viernes en La Laguna: tanto Torres como Clavijo aseguraron que la reunión era "inminente" tras los sucesivos retrasos, que el ministro achacó a la necesidad de tener concluidos "los informes preceptivos, como marca el procedimiento".

Las competencias en materia de Costas fueron asumidas por Canarias en enero de 2021, pero desde el primer momento el anterior Gobierno, presidido por actual ministro Torres, pidió una reunión de la comisión bilateral para intentar aclarar las diferencias de interpretación sobre este asunto. En enero, la ministra Teresa Ribera mantuvo que los expedientes "vivos" eran competencia de la administración estatal y el ministro Torres aseguró que el documento que se consiguió negociar con el Estado en 2020 «es el mejor posible después de tres años de negociaciones», motivo por el que veía "complicado que se pueda llegar a un acuerdo".

El último episodio de esta batalla por el retraso en convocar la cumbre tuvo como escenario el Parlamento de Canarias cuando el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, insistió en que "o el ministro Torres levanta el teléfono o el conflicto en Costas lo resuelve el TC".

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