Sánchez prorroga a Canarias

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es un ingrediente más para la contienda política. Que no haya nueva ley presupuestaria tendrá repercusiones que ningún analista del Gobierno puede prever ni mucho menos calcular. No es posible, por ejemplo, saber cuántos proyectos e inversiones de la iniciativa privada se pospondrán por la inseguridad jurídica que implica la ausencia de presupuestos, que lejos de ser un sumatorio de ingresos y gastos son, ante todo, el marco al que atenerse durante el año. Por eso la patronal no ha dejado de lamentarse desde que Sánchez descartara elaborar unas nuevas cuentas estatales a raíz del adelanto electoral en Cataluña. Prorrogar unos presupuestos es, de algún modo, prorrogar al país. Y por supuesto a Canarias.

¿Qué es?

La prórroga presupuestaria significa que durante 2024 se mantendrá en vigor la ley de 2023. El Gobierno central, y en concreto el Ministerio de Hacienda, tendrá así que atenerse al límite de gasto que se estableció para el año pasado. Es como si a un trabajador al que le han subido el sueldo de repente le dijeran que, pese a tener mayores ingresos, no puede gastar más que el año anterior. En este caso, ese trabajador son las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos, que con el techo de gasto limitado a los máximos de 2023 tendrán menos margen para atender las necesidades de sus ciudadanos. Y ello con el agravante de que todas las instituciones de España, por supuesto también las de Canarias, daban por descontado que en 2024 habría mayor espacio para el gasto público.

La renuncia de Sánchez a los presupuestos de 2024 deja en el aire la ‘agenda canaria’

¿Cuál es el coste?

Por mucho que desde Moncloa y el Ejecutivo estatal se insista en que la prórroga presupuestaria no va a tener costes socioeconómicos, lo cierto, cabe insistir, es que no es posible saberlo. Al contrario: sí es seguro que habrá costes y consecuencias, básicamente porque las repercusiones van más allá de las evidentes, y las evidentes ya son cuantiosas. El ejemplo de Canarias es paradigmático. Los técnicos de la Consejería de Hacienda calcularon que la Comunidad Autónoma recibiría este año 7.113,1 millones de euros por las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y la liquidación del ejercicio de 2022 –el ajuste de un ejercicio se lleva a cabo a dos años vista–. En diciembre, el Ministerio de Hacienda informó de que, al final, el Archipiélago ingresaría a lo largo de 2024 un total de 7.393,9 millones. Casi 281 millones de euros más. Pero claro, es necesario plasmar esa suma actualizada, esos 7.393,9 millones, en una nueva ley presupuestaria, y como no va a haber ley, la cuantía que rige es la establecida en las cuentas estatales de 2023, esto es, 6.945,2 millones de euros. En apenas tres meses, Canarias pasó de la alegría de contar con 280,8 millones más de lo presupuestado a la tristeza de verse con 167,9 millones menos.

¿Puede arreglarse?

El estropicio en el capítulo del SFA obliga al Consejo de Ministros a buscar una fórmula para que las comunidades autónomas reciban los dineros que se les prometieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de diciembre. Dicho y hecho. El Gobierno ya ha avanzado que sacará adelante una especie de ley anticrisis en la que se incluirá la actualización de las entregas a cuenta del SFA. Sin embargo, esto tiene su coste, cuando menos un coste de oportunidad, ya que toda ley conlleva una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, es decir, que lleva tiempo. Por eso desde los Ejecutivos regionales, con el Gobierno de Canarias a la cabeza, ya han dicho que prefieren que la actualización de los dineros del SFA se materialice vía decreto ley, cuya tramitación es mucho más rápida, casi exprés. Y esto por no mencionar el riesgo de que la normativa supletoria altere de algún modo las reglas del juego.

¿Un trabajo en balde?

En cualquier caso, lo único cierto es que, de momento, el montante que le corresponde a Canarias con cargo al SFA es el de 2023, los susodichos 6.945,2 millones. Así que hasta que no se promulgue esa ley supletoria adelantada por el Gobierno de Sánchez, el trabajo de los técnicos de la Consejería de Hacienda para que Canarias pudiese gastar con libertad los casi 281 millones que se le anunciaron de más en el último CPFF permanecerá en la nevera. Para poder emplear esos 281 millones extras sin el corsé de la regla de gasto –que obliga a destinar el superávit para compensar déficit o para reducir deuda– es necesario una excepción legislativa en favor de las Islas, que está más que justificada por la salud de sus finanzas pero que aun así exige el beneplácito de Madrid. En la Hacienda regional elaboraron una propuesta para que de esa eventual excepción se beneficien todas las comunidades en la misma situación que el Archipiélago –no hay ninguna de régimen común con tan buenos indicadores de deuda/déficit–, pero con esos 281 millones en el alero, también queda en el aire la iniciativa de los técnicos canarios.

¿Y la ‘agenda canaria’?

Con todo, la cuestión de las entregas a cuenta del SFA parece en vías de solución con esa anunciada ley anticrisis, si bien no está tan claro lo que ocurrirá con la llamada agenda canaria, es decir, con ese paquete de compromisos presupuestarios que Coalición Canaria (CC) le arrancó al PSOE en Madrid a cambio de su voto favorable a la investidura de Sánchez. Hay que tener en cuenta que eso que se ha dado en llamar agenda canaria incluye compromisos de gastos y transferencias en favor del Archipiélago que debieron ejecutarse en 2023 y que aún hoy siguen sin materializarse. Es el caso, por ejemplo, de los dineros del plan de infraestructuras educativas. De modo que la agenda no se ha cumplido del todo aun con presupuestos en vigor, con lo que no extrañan las dudas suscitadas en torno a la voluntad del PSOE, y por elevación del Gobierno central, para respetarla en todos sus términos ahora cuando ni siquiera hay nueva ley presupuestaria. Y no se trata de asuntos menores, ni muchísimo menos. Se incluyen aquí los dineros para políticas y actuaciones en materia de costas, empleo, lucha contra la pobreza, mejora de las infraestructuras turísticas e incluso medidas para la recuperación socioeconómica de La Palma tras la erupción del Tajogaite. Son decenas de millones de euros.

¿Se prorroga la inversión?

Hay que tener en cuenta, y esto también guarda mucha relación con la agenda canaria, que la prórroga de los presupuestos en ningún caso supone la prórroga de todos los presupuestos. Y lo más importante es que las partidas para inversiones no se prorrogan. No caben nuevos proyectos de inversión –salvo que medien atajos normativos para salir del paso, con lo que ello acarrea en términos de tiempo y de coste de oportunidad– cuando las cuentas estatales en vigor no son las correspondientes al ejercicio de que se trate, como ahora en 2024 con la ley de 2023. Sí es posible continuar con los proyectos de inversión plurianuales, esto es, con aquellos cuya ejecución dura más de un ejercicio, más de un año. Es el caso, en principio, de las grandes obras del convenio de carreteras, pero incluso para este tipo de operaciones de capital hay menos margen de maniobra con unos presupuestos prorrogados, ya que no resulta tan sencillo materializar bajas y altas de fondos entre partidas de distintos proyectos.

¿Qué pasa con lo privado?

El capital privado busca un marco jurídico estable y reglas de juego bien definidas. Canarias nunca ha sido atractiva para los inversores extranjeros, y lo será menos todavía en 2024 con un Estado sin presupuestos. Sin la más importante de las leyes para cualquier gobierno que se precie.

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